Recientemente el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), el empresario Gustavo Valecillos, admitió lo que a su juicio son algunas repercusiones negativas del bloqueo contra su sector.

Coincidió con el presidente de la máxima patronal venezolana Fedecámaras, Adán Celis, quien indicó hace poco que las medidas coercitivas contra Venezuela, lejos de afectar únicamente la dirigencia del chavismo, en realidad han "empobrecido el país".

Valecillos manifestó en una entrevista que, "indudablemente, las sanciones interfieren en nuestras operaciones comerciales".

La alusión del presidente de Consecomercio apunta al fenómeno denominado "sobrecumplimiento", un proceso derivado de las excesivas medidas coercitivas contra un Estado, al punto de que las empresas y gobiernos deciden no realizar tratos con entidades públicas y privadas del país sancionado, o los realizan de manera limitada, aunque dichos convenios ocurran fuera del canon estricto de las medidas coercitivas dictadas.

"Hemos sido víctimas de ellas", ha dicho Valecillos, quien agregó que "proveedores que teníamos dejaron de serlo por miedo".

Valecillos indicó que su gremio recibe "reportes de exportadores que dicen que hacer un pago a un proveedor en el exterior es complicado y a veces no quieren recibir algunos pagos en sus cuentas personales por temor".

Sobrecumplimiento

En abril de este año un total de 33 países, 70% de los integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, votó positivamente una resolución en Ginebra con la que se insta a los Estados a que dejen de adoptar, mantener, aplicar o cumplir medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, en particular medidas con efectos extraterritoriales que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados y afectan los derechos humanos en todo el mundo.

El documento destaca en su considerando la preocupación expresada recurrentemente por la gran mayoría de los Estados acerca de los graves impactos que la aplicación de la llamada política de sanciones tiene sobre la población de varios países, así como su carácter ilegal y contrario al derecho internacional público y al derecho al desarrollo; entre otros, refiere el Observatorio Venezolano Antibloqueo.

También insiste en los efectos del "sobrecumplimiento", cuyo impacto en el sector comercial y financiero es devastador para las economías de los países bajo medidas económicas coercitivas.

Consecomercio pide una revisión de las sanciones

En defensa de sus intereses

Gustavo Valecillos indicó, en referencia a las medidas coercitivas, que "no nos corresponde a nosotros decidir, pero sí creemos que podrían ser revisadas".

Es importante señalar que Consecomercio ha sido históricamente un gremio empresarial que ha mantenido posturas claramente antagónicas al chavismo.

Pero desde 2017, cuando las medidas repuntaron por gestiones de la administración de Donald Trump, María Carolina Uzcátegui, entonces presidenta del gremio, manifestó sus "preocupaciones" acerca del impacto que las medidas tendrían sobre la disponibilidad de divisas, y agregó que estas decisiones "afectaban a todos los venezolanos".

Tanto las declaraciones de Uzcátegui como las dichas ahora por Valecillos son curiosamente frases poco relevantes para medios venezolanos y extranjeros, caso muy distinto a cuando Consecomercio realiza alguna apreciación catastrófica sobre la economía venezolana.

En todo caso, es evidente que algunos voceros de gremios empresariales venezolanos cuentan con una posición pragmática con respecto al bloqueo, lo cual les hace deslindarse en cierta medida de otras vocerías antichavistas que lo legitiman.

Además de las restricciones comerciales con que lidian las empresas venezolanas, la caída de ingresos del Estado venezolano también se ha colateralizado en la disminución de las contrataciones del gobierno venezolano en obras, bienes y servicios que han sido ofrecidos por empresas privadas.

El Estado aplica políticas que priorizan la compra a empresas venezolanas mediante el Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas, que es un incentivo que durante años se tradujo en beneficios para estas entidades.

Aunque el sector privado venezolano ha tomado lugar con la crisis generada por el bloqueo, y ha seguido creciendo, sus ganancias podrían ser mucho menores que en otros tiempos de bonanza o, más bien, en épocas de una economía venezolana sin bloqueo.

Consecomercio pide la revisión de las sanciones, pero es evidente que como actor político las circunstancias le demanda defender sus intereses mediante acciones más consistentes y participar mucho más en el terreno de la opinión pública, tal como lo hacen para otros temas.