El pasado 5 de diciembre, el think tank estadounidense Atlantic Council realizó un evento con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, a los fines de conocer las perspectivas de la política exterior de la Casa Blanca con Venezuela.
Nichols inició su disertación marcando la postura actual de la administración Biden respecto a las conversaciones con el gobierno venezolano:
“Estados Unidos apoya plenamente la hoja de ruta acordada en Barbados… es un paso clave, al fin y al cabo, y da lugar a la posibilidad de una normalización de nuestra relación con Venezuela, basada en el respeto mutuo”.
Si bien el acuerdo de Barbados es el documento suscrito entre las partes políticas venezolanas, al escuchar a Nichols se deja ver que los directores de orquesta que dan la pauta a las facciones de la oposición son, precisamente, el primer anillo político de Biden.
En adelante, Nichols señaló que se reuniría con algunos “colegas” del congreso estadounidense para tomar en cuenta las consideraciones e inquietudes de esa instancia.
Esto lo comenta en un contexto donde, recientemente, el senador Marco Rubio presentó la “Ley de Reautorización de la Sociedad Civil y Defensa de los DD.HH. de Venezuela del 2023” con el fin de que las sanciones permanezcan vigentes, lo que evitaría que las negociaciones entre poderes ejecutivos puedan tener algún efecto.
Respecto al asunto de los recursos energéticos venezolanos, Nichols comentó:
“Estados Unidos ha sido el socio principal de Venezuela en el sector energético, el comercio está pasando al sector formal, esto evita que el producto vaya a China o Irán. Antes, el petróleo se enviaba a través del mercado negro. Se recibía con otros precios. Es mejor para los consumidores estadounidenses porque se reciben productos que necesitamos. La producción se ha reorientado hacia Estados Unidos, es interesante cómo se ha desarrollado esto”.
El Subsecretario deja ver los malabares de la política sancionatoria contra la industria petrolera venezolana, debido a que con las recientes licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según siglas en inglés) en un escenario global de crisis energética, se autorizó los envíos del crudo venezolano y otros productos hacia los mercados europeos, siendo la Licencia General 41 para Chevron la que daba la exclusividad de venta solo a Estados Unidos.
LIVE: Tune in for a discussion with Assistant Secretary of State Brian A. Nichols @WHAAsstSecty previewing US policy on Venezuela in 2024. #ACVenezuela https://t.co/MKWjnynu4S
— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) December 5, 2023
Además, cuando hace referencia a los consumidores estadounidenses, es evidente que es parte de la urgencia de saciar la sed del parque refinador estadounidense por el crudo de Venezuela que tanto necesitan.
Sobre los procesos eleccionarios
Nichols mantuvo el disco rayado de las condiciones que ellos plantean para el proceso de elecciones en Venezuela:
- Actualización del registro electoral.
- Misiones internacionales de observación electoral.
- Acceso a los medios de comunicación de todos los candidatos.
Llama la atención el apartado de las misiones de observación ya que en las elecciones de Estados Unidos el mecanismo de observación internacional no existe, ni siquiera el Centro Carter participa como acompañante en esos sufragios. Por otra parte, resaltó la importancia en el proceso de reintegrar a los candidatos inhabilitados.
Luego Nichols se refirió a las elecciones primarias con cierta cautela al señalar que las acusaciones del gobierno venezolano hacia los organizadores de esos comicios podrían generar una respuesta de Estados Unidos.
Tras eso, respondió una pregunta a Geoff Ramsey sobre este asunto, en la que indicó que “María Corina Machado cuenta con el apoyo de la plataforma unitaria”.
Sobre el Esequibo venezolano
“Instamos a Venezuela y a Guyana a seguir buscando, por medio de la Corte Internacional de Justicia, una resolución pacífica para cambiar la situación, apoyamos el proceso electoral de Venezuela”, apenas comentó.
Se recuerda que este 4 de diciembre el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en rueda de prensa leyó la postura de Estados Unidos sobre el Referéndum Consultivo de Venezuela, y dejó en manifiesto el respaldo al írrito Laudo Arbitral de París de 1899: “el laudo de 1899 determinó que la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana debe respetarse, a menos hasta que las partes lleguen a un nuevo acuerdo o un órgano jurídico competente decida lo contrario”.
Sobre los detenidos estadounidenses
Nichols reconoció el avance en la liberación de los políticos venezolanos que estuvieron involucrados en el intento de magnicidio al presidente Nicolás Maduro, además reconoció otras prácticas antidemocráticas y de desestabilización en Venezuela.
Aunado a esto, destacó que esperan la próxima liberación de los estadounidenses Eyvin Hernández, Jarrel Kenemore y Joseph Cristella quienes, a grandes rasgos, ingresaron ilegalmente a Venezuela.
Sobre los activos venezolanos congelados
Sobre el Fondo Humanitario de la Organización de Naciones Unidas que lleva tiempo sin resultados concretos, solo indicó su apreciación relacionando el asunto con la migración: “cualquier paso que pueda mejorar la vida del venezolano podría ayudar a atender los flujos migratorios que impactan y desestabilizan la región”.
El evento resultó breve y concreto con las posturas expresadas pero, a grandes rasgos, generó ciertas luces de los avances en los resultados del diálogo promovido por el gobierno venezolano.
Y se pudiera considerar que lo que podría truncar este proceso de conversación entre Washington y Caracas sería el brazo extremista de la rama legislativa estadounidense, que a la fecha ha introducido más de tres proyectos de ley para atacar Venezuela, cuyo denominador común tiene como foco aumentar aun más la presión del bloqueo.