El 25 de agosto de 2017, el gobierno de los Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva 13808. Este instrumento apuntaba directamente contra la estatal PDVSA y marcaba una ruta de asedio contra la operatividad de la principal empresa venezolana.

La orden ejecutiva en cuestión limitaba las capacidades financieras de PDVSA, la venta de bonos y su intención de adquirir nuevas líneas de financiamiento con el objetivo de mejorar el circuito de refinación nacional frente a una brutal caída de los precios internacionales del petróleo.

Para 2018, ya PDVSA tiene problemas para invertir en sus refinerías y mantener el abastecimiento normal de gasolina en el mercado nacional. A esta dificultad se sumaría una nueva Orden Ejecutiva, la 13835, que impide la venta de Citgo, filial de PDVSA en los Estados Unidos, y comienza a complicar las relaciones con PDVSA.

Este primer ataque contra Citgo tendrá dos efectos prácticos inmediatos: se bloquea que la filial envíe gasolina a PDVSA para mantener el abastecimiento y las refinerías principales no obtendrían los repuestos necesarios para funcionar y que se compraban a partir de Citgo.

PDVSA comienza a tener problemas para reemplazar repuestos, invertir en las refinerías y sostener la capacidad de producción de combustible que necesita el mercado venezolano.

Empezando 2019 el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente y, en los días siguientes, el gobierno de los Estados Unidos emitió la Orden Ejecutiva 13850 para congelar los fondos de PDVSA y restringir cualquier relación comercial o financiera con empresas estadounidenses, la propia Citgo y petroleras de terceros países.

El aislamiento forzado de la red de comercial tradicional de PDVSA tuvo como efecto ampliado el obstáculo a las importaciones de aditivos químicos y repuestos para sostener la operatividad de las refinerías. La gasolina, ese estratégico recurso para la movilidad social y de la economía, se erigía como un blanco de ataque para el gobierno estadounidense.

Entre abril y septiembre de 2019, Departamento del Tesoro agregó a su lista OFAC a más de 30 buques y tanqueros de PDVSA (u operados por la estatal) encargados del transporte de petróleo, gasolina y derivados para su refinación.

A la par de este bloqueo de buques utilizados por PDVSA para importar gasolina y aditivos para su producción nacional, el 5 de agosto fue emitida la Orden Ejecutiva 13884, la cual oficializaba el embargo contra PDVSA y viabilizaba las denominadas "sanciones secundarias": la aplicación de "sanciones" a empresas de terceros países, fuera de la jurisdicción estadounidense, por mantener tratos comerciales u operativos con PDVSA.

Este esquema multiforme de maniobras de bloqueo tenía como objetivo, desde el principio, vaciar las refinerías venezolanas, apostar por su deterior y dejar a Venezuela sin gasolina. Como parte de este esquema y persiguiendo estos objetivos, en marzo de 2020 el gobierno de Trump impuso "sanciones" ilegales a las filiales de la petrolera rusa Rosneft, Rosneft Trading (Suiza) y TNK Trading International, compañías con las que PDVSA venía dotando de gasolina al país frente a las violentas acciones de bloqueo contra sus compras de aditivos y de repuestos para sus refinerías.

En mayo de este año y en adelante, Washington desplegó una intensa ofensiva comunicacional, política y pseudojurídica para evitar la llegada de tanqueros iraníes cargados con gasolina. Al no poder evitar su llegada, los Estados Unidos decidieron "sancionar" a los capitanes iraníes de las embarcaciones y además promovió una orden ilegal de incautación para intentar represar los buques.

Las maniobras contra los buques iraníes y la asociación estratégica entre Venezuela y la República Islámica de Irán oficializaron el camino iniciado en 2017, que ya venía posicionando a la gasolina como un flanco de ataque para reforzar el deterioro del país y la presión política externa contra el Gobierno Bolivariano.

Datos públicos que confirman las afectaciones a la gasolina venezolana

El ataque para obstaculizar la importación de gasolina de Venezuela ha sido planificado. Los siguientes datos públicos así lo confirman:

• En septiembre de 2019, el medio financiero estadounidense Bloomberg informaba que la compañía "Shipowners' Club, proveedor de seguros para las compañías navieras internacionales, aconsejó a sus miembros tener precaución si se relacionan con Venezuela. El grupo dice que si un miembro es sancionado, se puede bloquear su propiedad y el club puede rescindir o suspender la cobertura del seguro". Estas presiones directas constituían una amenaza contra las empresas navieras que pudieran ser contratas para enviar gasolina a Venezuela.
• Una nueva publicación de Bloomberg, a finales de 2019, indicaba: "Antes de octubre, los buques en gran parte entregaban gasolina europea directamente a Venezuela sin escalas. Pero luego varios operadores, incluidas la filial de envíos de ExxonMobil Corp SeaRiver y la china Unipec, dijeron que no fletarían embarcaciones que hubieran estado en Venezuela". De esta manera, se reforzaba el cerco para bloquear la importación de gasolina y de aditivos para producirla en las refinerías venezolanas con el objetivo de fabricar una situación de escasez en 2020. El medio confesaba en esa misma publicación: "Si bien el suministro de gasolina no está afectado por las sanciones de EEUU específicamente, el país norteamericano ha dificultado la venta del combustible a Venezuela".
• En abril de este año, la agencia Reuters afirmaba en una publicación: "Desde finales de 2019, los funcionarios estadounidenses han pedido a la mayoría de los proveedores de combustible de Venezuela que eviten enviar gasolina a la nación afectada por la crisis. En la última ronda de llamadas a principios de marzo entre funcionarios estadounidenses y empresas petroleras, repitieron la prohibición, a pesar del empeoramiento de las condiciones humanitarias en el país, dijo una de las fuentes". Los funcionarios estadounidenses presionaron a las petroleras Eni (Italia), Repsol (España) y Reliance Industries (India) para evitar que enviaran combustible a Venezuela. "Subrayaron el mensaje de que no hay gasolina como parte de los intercambios de petróleo", remató Reuters en la publicación señalada.
• En octubre del año 2018, el ex embajador en Venezuela de Estados Unidos, William Brownfield, confesaba lo siguiente en una entrevista: "Si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente (…) en este momento la mejor solución sería acelerar el colapso aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años".

• El 19 de mayo de 2020, el corresponsal de la agencia Reuters, Luc Cohen, afirmaba lo siguiente sobre cómo el bloqueo de Citgo con la autoproclamación de Guaidó cortó el suministro de gasolina a Venezuela, fundamentado en un intercambio histórico entre la filial y su casa matriz (PDVSA): "Pero estos llamados intercambios con su principal socio, Citgo, que es su subsidiaria de refinación en Estados Unidos, fueron interrumpidos cuando el gobierno del presidente Donald Trump sancionó a PDVSA en enero de 2019 como parte de su campaña por expulsar del cargo al presidente Nicolás Maduro".
• Esta situación también queda ilustrada en un reportaje del New York Times en 2018. Según la publicación, Citgo enviaba a PDVSA "alrededor de 29 mil barriles al día de combustibles refinados, como gasolina". Además -continúa-, "Citgo (…) importa 175 mil barriles de crudo venezolano cada día — casi uno de cada cinco barriles que el país exporta al mundo — , lo que brinda al gobierno de izquierda dólares que necesita desesperadamente".

Algunas conclusiones

Visto todos estos datos y elementos básicos para entender el asunto, no es complicado concluir que el desabastecimiento de la gasolina en Venezuela ha sido planificado políticamente por parte de Estados Unidos en su estrategia de "cambio de régimen".

La situación de escasez del año 2020, en realidad, refleja los efectos prácticos de una estrategia de ataque multiforme contra la importación de gasolina que inició en 2017.

El desabastecimiento de la gasolina no se debe a la mala gestión gubernamental o a la "falta de inversión", pues desde el año 2017, PDVSA ya comenzaba a sufrir el castigo de las órdenes ejecutivas y otras restricciones estadounidenses que bloquearon la compra de insumos y repuestos vitales para mantener operativo el circuito refinador venezolano.

Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado una ofensiva de persecución comercial y financiera contra empresas navieras y petroleras internacionales para obstaculizar la importación de gasolina.

Para mayor perjuicio de Venezuela, el robo de Citgo a manos de Washington y la usurpación de su directiva y gerencia general a manos del diputado Juan Guaidó han cortado, desde 2019, los envíos de gasolina a Venezuela, agudizando la escasez y la crisis inducida en la operatividad de las refinerías.

He allí el origen del desastre actual en cuanto al abastecimiento de la gasolina en el país.