Hoy, martes 5 de septiembre, la agencia Reuters publicó una exclusiva sobre un aparente acuerdo entre Shell y la Compañía Nacional de Gas (NGC, por sus siglas en inglés) de Trinidad y Tobago a los fines de otorgar un crédito a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) por una inversión de mil millones de dólares en un campo de gas.

Se recuerda que en enero se emitió una licencia del Departamento del Tesoro a Trinidad y Tobago para desarrollar Campo Dragón, ubicado en aguas territoriales venezolanas en la costa del estado Sucre, cuya frontera marítima bordea la nación isleña.

De acuerdo con la tónica de la burocracia tóxica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro, tuvieron que pasar más de seis meses desde la emisión de esa licencia para poder conseguir ciertos adelantos, incluso las reuniones de autoridades trinitenses en Washington han sido frecuentes para poder avanzar en las condiciones de esa exención. Un claro ejemplo de ello se dio en mayo, cuando el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Stuart Young, sostuvo un encuentro con el asesor especial de la Casa Blanca, Juan González.

Prueba de esas gestiones oficinescas de la administración estadounidense, el primer ministro trinitense Keith Rowley aseguró en ese momento que, después de la emisión de la licencia, el progreso ha sido lento en la obtención de las asignaciones necesarias, pues si bien se superó el primer obstáculo con la autorización, faltan otras definiciones, entre ellas las que Estados Unidos debe permitir para que se moneticen los recursos.

Resulta evidente que tal apertura trae consigo alguna cláusula que restringe a Trinidad y Tobago de pagar lo correspondiente a PDVSA, y esto no es nuevo ni alarmante porque, precisamente, la dinámica sancionatoria de Estados Unidos se fundamenta en la política exterior del garrote y la zanahoria: se trata de administrar licencias de acuerdo con sus intereses inmediatos.

El asunto sobre el desarrollo del Campo Dragón es de larga data, ya que las sanciones se encargaron de paralizar todas las iniciativas para desarrollar ese gran proyecto. Así lo confirmó Rowley recientemente:

"Habíamos invertido un tiempo considerable, esfuerzo y energía en la negociación de una hoja de términos comerciales en 2018. El desarrollo fue pausado debido a las sanciones en 2019".

Hace una semana, el ministro Young viajó a Venezuela para reunirse con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, entre cuyos temas de conversación —seguramente— estarían las condiciones del desarrollo del campo gasífero en cuestión.

Trinidad y Tobago ha reflejado caídas en la producción de gas natural desde 2022; la industria de dicho hidrocarburo ha sido el motor del crecimiento de su economía y ha proporcionado seguridad energética a las naciones insulares del Caribe. Para 2005, se estimaba que Campo Dragón pudiera producir 150 millones de pies cúbicos por día en el primer año, con planes de aumentar a 300 millones más adelante.

Esta realidad justifica la insistencia del gobierno trinitense para que la administración de Joe Biden termine de ceder respecto a lo que se requiere para desarrollar los campos gasíferos venezolanos.

Ante la necesidad por los recursos energéticos, las empresas se han visto obligadas a negociar para acceder al comercio con Venezuela —bajo sanciones— porque el país es una fuente segura y sostenible de hidrocarburos.

No obstante, este ambiente de migajas burocráticas con el formato de licencias bajo el tenor de "alivio" puede cambiar de un momento a otro pues, al fin y al cabo, para Estados Unidos sus prerrogativas y condiciones están por encima de cualquier negociación o acuerdo rubricado.