Lo venimos repitiendo desde el año pasado: el gobierno de los Estados Unidos robó bienes y dinero del estado venezolano para usarlo a conveniencia y no con el fin de ayudar a la población venezolana, como mienta. Un nuevo reporte de Univisión lo confirma, aunque trate de blanquear la información a favor del establishment norteamericano.

El medio estadounidense en español dice que el “gobierno interino” de Juan Guaidó ha requerido el acceso al dinero que Washington ha confiscado ilegalmente “pero las autoridades estadounidenses tienen otros planes”.

Tanto el Departamento de Justicia como el del Tesoro están bloqueando la transferencia de los recursos venezolanos robados por estas y otras instituciones en el mundo a quienes ellos mismos reconocen como el “gobierno legítimo de Venezuela”, el interinato fake protagonizado por Voluntad Popular, lo que significa un conflicto de intereses en el mismo corazón del antichavismo golpista.

Aunque Univisión refiera que Guaidó está intentando “recuperar ese dinero con el fin de ayudar a su empobrecida población a combatir la pandemia de coronavirus”, la verdad es que sus jefes de la Casa Blanca no van a dejar que el diputado de VP toque siquiera una mínima cantidad sin su autorización, aplicando la teoría del chorreo a sus propios delfines.

El atesoramiento de ese dinero por parte del gobierno estadounidense tiene otras funciones a corto y mediano plazo. Citan a Michael Camilleri, de Diálogo Interamericano, quien calcula que debe haber nada más en Estados Unidos más de 1 mil millones de dólares retenidos, además de unos 24 mil millones de dólares en cuentas congeladas y fondos confiscados ilegalmente en Europa y otros rincones del mundo.

Estas cantidades representan muchos más de lo que la administración de Donald Trump ha aportado en los últimos años para “asistencia humanitaria de emergencia” respecto a Venezuela, poco más de 610 millones de dólares. Misión Verdad junto a otros medios, periodistas y personalidades, chavistas y opositores, han denunciado el uso de ese monto con fines desestabilizadores, intentos de magnicidio y golpes de estado, así como la malversación de esos fondos por parte de la camarilla que apoya y rodea a Juan Guaidó.

¿Acaso Washington quiere recuperar ese dinero invertido y claramente malversado robando directamente a los venezolanos y, además, embaucando a quienes señala precisamente como fichas afines a su agenda de política exterior, engañando a los que forman parte del proyecto Guaidó? ¿O tiene otros fines?

¿Dónde está el dinero?

El dinero recaudado por los Departamentos de Justicia y del Tesoro “se mantiene en fondos especiales de confiscación que se utilizan principalmente para financiar investigaciones policiales”, dice Univisión.

Y sigue el medio:

“Una pequeña porción del dinero se comparte con gobiernos extranjeros en casos en los que pueden demostrar que brindaron asistencia y merecen una parte de los ingresos. Pero, hasta ahora, Venezuela no ha recibido nada”.

En específico, del fondo que maneja el Departamento de Justicia, 73 millones de dólares “se compartieron con países extranjeros, casi 53 millones de dólares que se destinaron a Malasia, así como pequeñas cantidades que se enviaron a otras naciones, entre ellas Panamá, República Dominicana, Bahamas, Ghana e Islandia”.

Por su lado, el Departamento del Tesoro utiliza los fondos confiscados ilegalmente “para pagar investigaciones y gastos como dinero para recompensas, contratistas externos y almacenamiento de bienes incautados, como drogas, así como el pago de salarios de horas extras, viajes, combustible, capacitación y equipo”.

Y agrega Univisión:

“Los ingresos también se comparten con otras agencias federales, agencias estatales y locales y países extranjeros, según su nivel de participación en la investigación”.

Las autoridades estadounidenses usan a discreción el dinero de Venezuela y dicen que lo hacen para “ayudar a limpiar las cosas”, canalizando diversas cantidades a “los costos del litigio y de mantenerlos todos en la cárcel”, dijo el abogado radicado en Florida, Russell Dallen.

Se refiere, sobre todo, a Alejandro Andrade, quien fuera un alto funcionario del gobierno de Hugo Chávez y quien fue enjuiciado y encarcelado en Estados Unidos por corrupción.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó a Washington la extradición de Andrade en 2018, la que fue denegada. Además, el Ministerio Público venezolano ha venido trabajando en casos de malversación de fondos y contratos ilícitos de PDVSA en un intento de sanar las lesiones de la industria petrolera venezolana.

Si de ello se trata, Venezuela no necesita que Estados Unidos la “ayude” cuando lo que hace es ocasionar un daño mayor a su población y sus instituciones.

Venezuela paga el muro de Trump

Pero la verdadera noticia del reporte se encuentra al final: “El año pasado, se destinaron unos $601 millones de dólares del Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro a la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump”.

Es decir, que las promesas de campaña del magnate presidente de los Estados Unidos se están financiando con dinero de los venezolanos de manera descarada y, además, Trump y sus funcionarios se sienten con el derecho de usar el dinero que con tanta insistencia ha pedido Venezuela para su devolución para afrontar la crisis generada por el Covid-19 en la cuenca del Caribe.

Un ex fiscal federal en Miami, David Weinstein, así argumenta las prerrogativas mafiosas del gobierno norteamericano: “¿Por qué Estados Unidos querría compartir algo con Maduro si él no coopera y el dinero lo robaron sus funcionarios gubernamentales en primer lugar?”.

Y añade luego: “En cuanto al nuevo gobierno (sic), sería bueno ayudarlos, pero ¿por qué recompensarlos si no han participado en ninguna de estas investigaciones o no han hecho nada para ayudarnos?”.

El mensaje del Norte es claro: ustedes venezolanas y venezolanos, no importa el tinte u objetivo político, han sido robados por nosotros y no hay nada que puedan hacer. Y aún hay personas capaces de negar el carácter criminal del gobierno estadounidense.

A ojo de varios expertos, y en virtud del derecho internacional, incluyendo la Convención de la ONU contra la corrupción de 2003, el gobierno de los Estados Unidos no tiene derecho a los fondos de dinero venezolano.

Los abogados del proyecto Guaidó alegan que ese dinero es producto de la corrupción en PDVSA y, por lo tanto, la empresa estatal es “víctima” de la “codicia de los funcionarios del gobierno” venezolano. Pero los fiscales federales de Miami aducen que PDVSA “no califica como víctima” debido a su “complicidad en las tramas de soborno y lavado de dinero” y porque una entidad soberana no se puede considerar víctima de delito, por lo que no aplica la ley de indemnizaciones porque no hay personas directamente perjudicadas.

Es así como ninguno con nacionalidad venezolana verá ese dinero. Más bien está siendo relocalizado en los “proyectos de barrera fronteriza en el sector del Valle del Río Grande” y otros condados estadounidenses en la frontera con México.

No en balde Venezuela ha insistido tanto en pedir la devolución del dinero robado, puesto que, conociendo las entrañas financieras de Estados Unidos, los activos estatales pueden terminar siendo comidilla de la política estadounidense y los bolsillos de sus magnates.

Y en esto último, la responsabilidad es compartida tanto por la Casa Blanca como por la oposición venezolana promotora de las medidas coercitivas unilaterales y el cambio de régimen en detrimento de la población a la que dicen querer salvar.