La Corte Internacional de Justicia (CIJ) hizo pública su posición con respecto a la denuncia realizada por Sudáfrica en la que acusa a Israel de cometer genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. Entre los detalles de la demanda se encontraba la solicitud sudafricana de medidas provisionales para salvaguardar los derechos del pueblo palestino contra los daños irreparables, graves y mayores de los que estarían siendo objeto.

En su pronunciamiento la CIJ establece, en concordancia con lo solicitado por el país africano, que el Estado de Israel debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que se cometan actos genocidas contra la población palestina en Gaza. En este sentido, la corte determinó que Israel debe:

• Detener la incitación de odio contra los palestinos como grupo.

• Garantizar la ayuda humanitaria.

• Preservar evidencia de sus acciones.

• Presentar un informe —en un mes— a la Corte sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a esta Orden.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación, Sudáfrica ha celebrado la decisión destacando que Israel debe “poner fin a todos sus actos que sean plausiblemente genocidas” y esperando que “no actúe para frustrar la aplicación de esta Orden, como ha amenazado públicamente en hacerlo, sino que actúe para cumplirla plenamente, como está obligado a hacerlo”.

Por su parte Israel, a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó que “tiene un derecho inherente e inalienable a defenderse contra el ataque terrorista que aun enfrenta (...) el vil intento de Sudáfrica de negar a Israel este derecho fundamental fue justamente rechazado”, y señaló además que “acoge con satisfacción la clara exigencia de la Corte de la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza”.

Si bien la CIJ no se pronunció sobre la cuestión de fondo —valorar si el accionar de Israel se enmarca en el calificativo de genocidio—, el pronunciamiento tiene un valor simbólico y político incuestionable ya que, entre otras cosas, compromete indirectamente a los países que vienen acompañando a Israel en sus acciones militares a hacerlo cumplir con las exigencias del tribunal, a expensas de quedar como promotores de un Estado que no cumple con el Derecho Internacional.

No obstante, también deja un sabor agridulce ya que el anuncio de las medidas cautelares podrían ser insuficientes si no viene acompañado de una exigencia de alto al fuego que no determinó el tribunal internacional y que podría seguir prolongando la muerte de la población civil gazatí.

En todo caso, hay que esperar para ver si Tel Aviv cumplirá las obligaciones impuestas por el Tribunal Internacional o si, por el contrario, seguirá atropellando los derechos de la nación palestina bajo la sombra y protección de Occidente. A fin de cuentas, el primer ministro Netanyahu tras conocer el fallo declaró que “continuará hasta que Hamás sea eliminado, hasta la victoria”.