El presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro, durante una reunión con el Consejo de Estado anunció el lanzamiento de una Comisión Especial para la renovación de las estructuras del sistema de justicia venezolano.

Diosdado Cabello presidirá la comisión, Cilia Flores será la vicepresidenta y la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Lourdes Suárez Ánderson, estará a cargo de la secretaría ejecutiva. 

“Esta Comisión va tomar las riendas de una revolución completa del sistema de justicia, que va integrar todos los órganos. En las próximas horas estaremos anunciando su conformación completa, una comisión que tiene que rendirle cuentas al Consejo de Estado”, puntualizó el Jefe de Estado.

La decisión viene acompañada de una discusión previa en el Consejo de Estado, donde se analizaron y debatieron informes sobre diversos aspectos denunciados desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), y las propuestas del Ministerio de Relaciones Interior, Justicia y Paz sobre el retardo procesal, hacinamiento en centros de detención, el sistema penitenciario y el funcionamiento de todo el sistema de justicia.

“Ya tenemos varias horas deliberando, compartiendo ideas, y surge de la revisión de la agenda nacional permanente, de la situación de justicia, de profundizar el establecimiento y funcionamiento de un Estado de Justicia, que garantice el Estado de Derecho las 24 horas del día de los 360 días del año”, explicó el presidente.

Los integrantes de la comisión tendrán 60 días para presentar una solución a los problemas detectados en los centros de detención, y regularizar los sistemas de justicia.

En su intervención, Diosdado Cabello dijo que, aunque el Poder Judicial ha avanzado significativamente, es necesario renovar las estructuras vigentes “para que nuestro pueblo más necesitado pueda tener acceso a una justicia rápida, oportuna y justa”.

Cabello adelantó algunos detalles de las acciones que tomará la comisión: en el lapso de 30 días, visitarán los centros penitenciarios, revisarán las causas pendientes y tomarán las decisiones judiciales necesarias, para que “30 días después podamos tener desocupados todos los centros de reclusión preventiva”.