El Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 entre Venezuela, el Reino Unido y la entonces colonia de la Guayana Británica es el único instrumento vigente que constituye la base jurídica para solucionar la controversia sobre el territorio Esequibo.

Es por ello que Venezuela no acepta que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, se desempeñe como el árbitro que busque "resolver" el conflicto. Y es que Venezuela tiene sobradas razones para rechazar dicha imposición, una de ellas tiene que ver con los dictámenes que pudiera emitir un organismo que no es imparcial.

Su actual presidenta, la abogada estadounidense Joan Donoghue, fungió como funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos entre 2007 y 2010. El gobierno guyanés acude a la CIJ porque cuenta con el respaldo y la influencia de dicha nación, que usa sus métodos de presión para anticipar una decisión favorable a sus intereses.

Las transnacionales petroleras estadounidenses interesadas por los recursos energéticos en aguas por delimitar, el gobierno de Guyana y la CIJ constituyen un triángulo que se conjuga para consolidar el robo del territorio Esequibo a Venezuela.