Este martes 15 de marzo, a través de una misiva firmada por el presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano solicitó formalmente un préstamo de 5 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de robustecer los sistemas de detección y respuesta frente a la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 que tuvo su primer caso confirmado el 13 de marzo.
La modalidad de financiamiento que solicita el Gobierno, presentada por el canciller Jorge Arreaza, es el Instrumento de Financiamiento Rápido, muy parecido al Servicio de Crédito Rápido que ofrece el organismo financiero internacional.
Los parámetros de esta modalidad establecen la entrega del préstamo bajo ciertos parámetros de flexibilidad que abarcan varios años para el reintegro de la deuda.
Estas condiciones son establecidas bajo la premisa de que el país solicitante sufre las consecuencias de una catástrofe natural, de un shock de precios en las materias primas o problemas en la balanza de pagos, por lo que se prioriza la entrega rápida de los recursos frente a una situación apremiante.
Venezuela, como estado miembro de este organismo y dada su situación económica general, se encuadra con exactitud en las condiciones requeridas para solicitar este tipo específico de préstamo: sufre las consecuencias macroeconómicas de la abrupta caída de los precios del petróleo (la mayor en los últimos 30 años), lo que ha desequilibrado su balanza de pagos y ha dejado al país en un cuadro de fragilidad para pelear contra el nuevo coronavirus, calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace una semana.
A este panorama, se suman como agravante las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos desde 2015, dirigidas a paralizar y colapsar los servicios públicos del país, pero especialmente el sistema de salud a través de cortes de suministro, bloqueo a la compra de equipos y medicamentos y retención de recursos internacionales para sostener su infraestructura física.
Diferencias con otros préstamos y otras épocas
En un primer reflejo, y valorando las opciones disponibles en un tablero internacional minado por las medidas coercitivas de Washington, el Gobierno venezolano ha solicitado este préstamo al FMI para fortalecer las medidas excepcionales que se han tomado para prevenir al máximo la propagación del Covid-19 en el territorio nacional.
El propósito consiste en amplificar los esfuerzos sociales y sanitarios de contención del virus, dotando de nuevos recursos al sistema público de salud y sus redes de atención que abarcan hospitales, centros de salud primarios y los núcleos de la Misión Barrio Adentro.
Por tal motivo, la solicitud del Gobierno venezolano al FMI se da en una coyuntura específica producto de la pandemia del Covid-19. No se trata de un préstamo vinculado a un plan de ajuste estructural que deriva en privatizaciones masivas y el austericidio.
En consecuencia difiere, en forma y fondo, del denominado “Gran Viraje” (también conocido como “Plan Económico Global”) impulsado por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) en 1989 para reorientar la economía venezolana hacia el paradigma neoliberal reinante en los dos países centrales del mundo occidental: Estados Unidos con Ronald Reagan en la Casa Blanca por un lado, y Gran Bretaña con la “dama de hierro”, Margaret Thatcher, por otro.
El plan de Pérez consistía en una terapia de shock económico dirigida a la privatización de empresas públicas, liberación de precios de productos básicos, también de la gasolina, y una reducción leonina del “gasto público” que se encuadraba dentro de los parámetros establecidos por el FMI para hacer efectivo un desembolso de miles de millones.
En esta oportunidad, la solicitud de préstamo por parte de la administración de Pérez tuvo desde el principio el cálculo de un reordenamiento económico total en beneficio del capital local y transnacional, que veía en este viraje al neoliberalismo de las élites venezolanas una oportunidad de oro para comprar empresas públicas a bajo costo y expandir sus inversiones en un contexto de mayor permisividad.
Finalmente, la irrupción de las protestas sociales del Caracazo en 1989 cortó la trayectoria del plan, y en consecuencia, el desembolso del préstamo, razón por la cual las élites tuvieron que esperar hasta 1996 para aplicar algunos de los principios rectores del “Gran Viraje”, revistiéndolo como “Agenda Venezuela”, en un contexto marcado por la crisis financiera de 1994.
Atendiendo a este panorama, el periodo gris del paquetazo interrumpido de CAP y la reciente solicitud de préstamo del Gobierno venezolano en el marco de una pandemia, difieren tanto en la modalidad del préstamo, como también en la coyuntura y en sus fines últimos.
Son dos situaciones imposibles de comparar en vista de que los factores son diferentes así como los motivos. Una kilométrica distancia separa a un CAP que puso al país en venta para enriquecer a las élites y un gobierno que, bloqueado por Estados Unidos y asediado por una guerra de cambio de régimen, toca las puertas del organismo internacional con el objetivo de fortalecer la pelea de la sociedad venezolana contra una peligrosa pandemia.
Movimientos desde Irán
Hace algunos días, el gobierno de la República Islámica de Irán solicitó un préstamo de 5 mil millones de dólares al FMI a través del Instrumento de Financiación Rápida.
Al igual que Venezuela, Teherán busca recursos frescos para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus que ya ha afectado a 16 mil iraníes, provocado la muerte de casi mil y enfermado a representantes del alto gobierno.
Mohammad Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, declaró: “Nuestro banco central pidió acceso inmediato”, refiriéndose al mecanismo del FMI, pese a que la principal institución financiera del país persa figura en la lista de sancionados de la OFAC del Departamento del Tesoro.
Mientras tanto, el gobernador del banco central iraní, Abdolnasser Hemmati, explicó: “Habida cuenta de la prevalencia generalizada del coronavirus en nuestro país y de la necesidad de seguir adoptando medidas enérgicas para prevenir y curar (esta enfermedad) y para hacer frente a sus impactos económicos”, Irán pide una ayuda de “aproximadamente 5 mil millones de dólares”.
El 12 de marzo, Zarif interpeló en Twitter a la directora del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, recordándole que la responsable del organismo “ha declarado que los países afectados por el Covid-19 contarán con el apoyo del Rapid Financial Instrument. Nuestro Banco Central solicitó acceso a este servicio de inmediato. La Junta del FMI / FMI debe cumplir con el mandato del Fondo, ponerse del lado correcto de la historia y actuar de manera responsable”.
Al día siguiente, el diplomático envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, exigiéndole unir esfuerzos para levantar las sanciones estadounidenses que pesan sobre la economía iraní y que están debilitando los esfuerzos para revertir una curva de contagio peligrosa en el país persa: en las últimas 48 horas ha habido más de 100 muertos.
Este impacto brutal que ha tenido el Covid-19 guarda estrecha relación con las medidas coercitivas económicas y financieras que Washington ha impuesto contra Teherán para asfixiar a su economía y a su población.
Las analistas y activistas estadounidenses Medea Benjamin y Ariel Gold resumen cómo la campaña de cambio de régimen ha elevado la letalidad del nuevo coronavirus:
“Para cuando el coronavirus golpeó a Irán el 19 de febrero, la economía del país, incluido su sistema de salud, ya había sido devastada por las sanciones de Estados Unidos (…) La reimposición de sanciones después de la retirada de la administración Trump del acuerdo nuclear en 2018 ha tenido un impacto devastador en la economía y en la vida de los iraníes comunes. La moneda iraní, el rial, perdió el 80% de su valor. Los precios de los alimentos se duplicaron, las rentas se dispararon y el desempleo también. La destrucción de la economía de Irán, que redujo la venta de petróleo de un máximo de 2.5 millones de barriles por día a principios de 2018 a alrededor de 250 mil barriles hoy, ha dejado al gobierno con escasos recursos para cubrir los enormes costos de lidiar con el tratamiento médico directo para pacientes que sufren del coronavirus”.
El bloqueo de Trump como crimen de lesa humanidad
Sin lugar a dudas, las medidas coercitivas unilaterales de Washington contra Irán han actuado como un efecto multiplicador de las muertes por el Covid-19, inhibiendo la capacidad de respuesta del Estado y socavando el sistema sanitario en general a medida que las presiones económicas vacían de recursos frescos las arcas del país en medio de una emergencia.
Contra Venezuela opera el mismo procedimiento destructivo, la misma muerte planificada bajo el nombre campaña de “máxima presión”, a tal punto que a mediados del año pasado, el Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), ya concluía que el bloqueo económico de la Administración Trump había causado la muerte de 40 mil venezolanos, como consecuencia directa de la paralización forzada de las exportaciones petroleras, la intervención de transacciones financieras con las que se importan bienes básicos y el cierre de cuentas internacionales por órdenes de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro.
Las recientes medidas coercitivas contra dos filiales de la rusa Rosneft (Rosneft Trading TNK), y en general el embargo y bloqueo absoluto (amparado en la Orden Ejecutiva 13884 del 5 de agosto de 2019) contra las cuentas, buques, aviones y aseguradoras que utiliza el Estado venezolano para importar bienes básicos de consumo vital como alimentos y medicinas, han reforzado el expediente del bloqueo económico de Trump como un crimen de lesa humanidad contra el país.
Estas sanciones paralizantes y destructivas contra la economía venezolana, sumadas al saqueo de activos como Citgo y Monómeros, y a su vez a una brutal caída en los precios del petróleo, han provocado que la emergencia del coronavirus adquiera un rasgo letal.
En su discurso de Estado de la Unión de este año, Trump aseguró que “aplastaría” a Venezuela, una retórica que tiene efectos reales sobre la vida social y económica del país. Un análisis del medio The 21st Century lo resume de la siguiente forma:
“Desde 2015, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a 49 petroleros, 18 compañías venezolanas, 60 compañías extranjeras y 56 aviones (41 pertenecientes a la aerolínea estatal Conviasa y 15 pertenecientes a la petrolera estatal PDVSA) (…) Los efectos de las sanciones son más notorios en el sector de la salud de Venezuela, que ha sido diezmado en los últimos cinco años. Estas medidas han impedido que los bancos realicen transacciones financieras para la compra de suministros médicos”.
Este cuadro de complejidad ha creado un marco de acción donde Irán y Venezuela se identifican mutuamente en cuanto a urgencias, necesidades y formas de abordar la situación, en un intento por debilitar las medidas coercitivas de Washington presionando a su principal brazo financiero: el FMI.
El FMI y su falsa retórica humanitaria
Con la emergencia del diputado Juan Guaidó como falso “presidente encargado” por órdenes de la Casa Blanca, se inició una especie de guerra de conquista en el sistema internacional con el objetivo de sustituir al Estado venezolano por emisarios o delegados de Guaidó.
Tanto a nivel de las embajadas como en el organigrama de los organismos multilaterales, Washington tomó como prioridad el reemplazo de los funcionarios venezolanos.
El año pasado en el mes de abril se desarrolló en Washington la reunión anual del FMI y el Banco Mundial. La Casa Blanca intentó que el organismo reconociera a Guaidó como “presidente encargado”.
La presidenta del organismo de aquel entonces, Christine Lagarde, informó que no existía consenso sobre la decisión. Washington perdió ese round.
Como medida compensatoria, días antes de la reunión el medio financiero Bloomberg informó que el FMI había bloqueado el acceso del Estado venezolano a 400 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), medida que ha acrecentado las dificultades financieras de un país que enfrenta una pandemia.
Según una nota de EFE citando a un supuesto portavoz del organismo, el FMI ha negado la solicitud del Gobierno venezolano aludiendo a la misma razón del año pasado. Sin embargo, en los mecanismos oficiales de información del mismo Fondo no existe una confirmación de esa decisión.
El portavoz citado indica que el FMI no tiene claridad sobre si reconocer como presidente a Maduro o a Guaidó. Otras agencias han replicado lo mismo. ¿Control de daños?
Hace un par de días la nueva directora del organismo, Kristalina Georgieva, anunció un plan de estímulos de 1 billón de dólares para responder ante la emergencia del coronavirus.
Con tono humanitario afirmó que “como primera línea de defensa, el Fondo puede desplegar sus herramientas de desembolso flexible y rápido para ayudar a los países con urgentes necesidades de balanza de pagos”.
Todavía está por verse si esta línea de acción no se aplicará en Venezuela por razones políticas.
Lo que viene ahora
El 13 de febrero de este año el Gobierno venezolano introdujo una demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos contra Venezuela. Ha blindado un caso que da fe de cómo las medidas coercitivas de Washington han debilitado la economía del país y violentado los derechos más básicos de los venezolanos.
Esta acción, que marcará de manera decisiva la política exterior venezolana en 2020, es un hito de la contraofensiva del país contra el golpe y ahora contra la pandemia.
Con ese elemento jurídico de peso, y en medio de la pandemia del Covid-19, el panorama abrió nuevas opciones que incluía esta solicitud al FMI, aun a sabiendas de que era posible que la solicitud fuera rechazada.
La idea consistía en presionar por una ruptura de las líneas operativas del bloqueo, debilitar las medidas coercitivas, independientemente de la resolución del ente financiero, como lo ha hecho Irán.
A partir de estas acciones, la presión contra Venezuela se vuelca sobre el Fondo, obligándolo a dar un préstamo que socavaría la imagen de Guaidó y las sanciones ilegales de Washington, o, por el contrario, a negarlo con una excusa mediocre que los convertiría en corresponsables de un desborde del sistema de salud por la pandemia, al haber retenido los recursos necesarios para atenderla eficazmente.
La negativa del préstamo, además, socava la retórica humanitaria que ha venido manejando estos días la directora del FMI, quien ha intentado proyectar al organismo como una fuente de recursos de emergencia. ¿No aplica para Venezuela porque un diputado se declaró “presidente” así sin más?
Igualmente, la negativa de dar los fondos solicitados agrega un nuevo factor de peso a la demanda introducida ante la CPI, con lo cual el reclamo sobre la afectación de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos se fortalece y blinda a nivel de la opinión pública.
En caso contrario, la entrega de los recursos podría implicar una primera fractura del bloqueo de Trump contra Venezuela, deslegitimaría a los golpistas locales que han hecho de las sanciones una consigna política y le otorgaría al Gobierno una carta financiera de peso para luchar contra la pandemia, erosionando al gobierno paralelo de Guaidó.
Con esta acción, el Gobierno parece estar volteando el esquema narrativo y el discurso público dominante sobre las medidas coercitivas.
A la luz de las afectaciones que traerá consigo el nuevo coronavirus, el rechazo del préstamo fortalecerá la idea de que las sanciones ilegales de Estados Unidos matan civiles en Venezuela y entorpecen las acciones del Estado para proteger a la población en el marco de la pandemia. Con esta maniobra, el chavismo ha agudizado las contradicciones de Estados Unidos.
Se trata de un efecto rebote que debilita el apoyo público de las medidas de asfixia económica de Washington, convirtiéndolas así en responsables directas de un muy probable aumento de la curva de contagios en Venezuela y de la incapacidad del sistema público de salud para contener la situación de extrema gravedad que puede producirse.
Con un mayor énfasis que en el pasado, el paisaje de un país en emergencia por la pandemia, con una economía debilitada por sanciones destructivas y sin acceso a dinero fresco para protegerse, blinda el reclamo venezolano ante la CPI, agudiza las contradicciones en Washington y posiciona a Guaidó como corresponsable del desastre que tanto han aupado y cabildeado.