Finalizando el año 2019, tras la contundente victoria electoral de Evo Morales, se consumó el golpe de Estado militar y policial en Bolivia, con recursos de golpe de color claramente centrados en Santa Cruz (bajo operaciones ciudadanas y armadas). Diferentes facciones tanto nacionales como internacionales participaron en estas acciones ilegales y violentas, pero la cara visible que terminó presidiendo el nuevo gobierno de facto fue Jeanine Áñez.

Este pasaje político se rememora al conocerse la noticia sobre la detención de Áñez el pasado 13 de marzo, ya que es investigada por las muerte de más de 20 bolivianos, ocurridas en todas las fases de golpe de 2019.

Ahora bien, no se le quita valor al hecho de detención de Áñez, pero las acciones que se están desencadenando en el marco de sumergir a Bolivia nuevamente a escenarios de desestabilización llaman la atención o dejan ver que hay una operación de golpe en proceso.

En esta entrega enumeramos tres indicios al respecto.

1. Otra vez la OEA

Fue evidente la participación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a lo largo de todo el proceso de golpe de Estado en Bolivia, siendo un informe sesgado sobre las elecciones el detonante para consolidar el cambio de gobierno a la fuerza (militar). Incluso, la BBC de Londres lo calificó así:

Almagro, es un protagonista ineludible —y para muchos polémico— de la crisis que acabó con la presidencia de Evo Morales en Bolivia.

En esta nueva puesta en escena golpista Almagro no se quedó atrás. Ante la detención de Áñez, la OEA emitió un comunicado alegando un supuesto abuso de mecanismos judiciales, aplicando la cotidiana acusación sin pruebas para luego exponer una serie de consideraciones injerencistas sobre el Poder Judicial en Bolivia, entre esas, reformar el sistema de justicia.

A partir de la acusación, montan la premisa sin una pesquisa sobre la falta de garantías para llevar adelante un "juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, por problemas de estructura y, en particular, de su integración".

Asimismo, más allá de las acusaciones, la OEA agrega la propuesta de establecer una comisión internacional encargada de investigar los hechos de corrupción en Bolivia en la gestión de Evo Morales.

Se trata una vez más de una organización internacional entrometida en reformas de competencia únicamente estatal y  que también quiere fungir como un híbrido de tribunal internacional para los casos que le convengan, olvidando por completo de manera alevosa lo establecido en el Derecho Internacional.

Sin embargo, vale comentar que no es Almagro el creador de estos instrumentos de injerencia: él simplemente es el mensajero, pues hay un conglomerado de actores políticos y económicos en Estados Unidos que pujan para que esto se lleve a cabo dentro y desde la OEA.

En respuesta a ese comunicado, la Cancillería de Bolivia anunció que repudiaba las opiniones de Almagro y resaltaron que ese comunicado pretende "reavivar el camino de la violencia y la confrontación entre bolivianos". Este comunicado fue refutado por la OEA, manteniendo su postura y negando su participación en el reciente golpe de Estado.

Desde la OEA, el apéndice multilateral estadounidense de las Américas, ya encendieron los motores para dinamizar las acciones de desestabilización en Bolivia tal como en 2019.

2. Estados Unidos y otros actores

La administración de Joe Biden no se podía quedar atrás en la emisión de conjeturas ante las acciones judiciales sobre Áñez. El 15 de marzo, el Departamento de Estado fijó su postura y aseguró que "siguen con preocupación" los últimos acontecimientos en Bolivia, haciendo alusión a una posible parcialidad del proceso judicial.

En total sintonía con Estados Unidos, la Unión Europea publicó una nota expresando que la detención de Áñez y dos ministros de ese gobierno es preocupante y por ende la siguen de cerca, agregando que esperan que el proceso esté basado en la transparencia de los poderes públicos.

Así, en retrospectiva, Estados Unidos y la Unión Europea, usando los rodeos diplomáticos, mantienen esa postura intrigante debido a que en pleno proceso de golpe de Estado en contra de Evo Morales dudaban de la transparencia del proceso electoral y solicitaban nuevos comicios.

El mismo día de la detención, el 13 de marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró bajo tonalidad diplomática sobre el respeto a las garantías y transparencia del proceso judicial de Bolivia.

Caso contrario fue la postura de México, que bajo la doctrina Estrada hace el llamado de respeto al hilo constitucional y a la no injerencia en los asuntos de Bolivia. En específico, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Efraín Guadarrama, hizo la sugerencia a la OEA sobre comportarse de acuerdo a sus facultades y que debe plegarse a la solución pacífica, incluyendo "evitar aquellos posicionamientos que busquen tener injerencia en los asuntos internos de Bolivia".

Guadarrama suma a su manifestación que Luis Almagro debe abstenerse a confrontarse con el gobierno boliviano, electo democráticamente.

Venezuela hizo lo propio: después de las declaraciones desatinadas y de corte colonialista de Almagro, el canciller Jorge Arreaza a través de su cuenta Twitter expresó su respaldo a Bolivia.

Los primeros dos indicios indican que se están moviendo las piezas internacionales en el tablero del golpe en Bolivia, con los sospechosos habituales abrazados por Estados Unidos desplegando una actitud de defensa del cambio de régimen en 2019 y de una posible reedición en 2021. Una escalada foránea que pudiera corresponderse con la local boliviana.

3. Movilizaciones beligerantes en Bolivia

El pasado 7 de marzo se llevaron a cabo los comicios departamentales, regionales y municipales de Bolivia, con el fin de elegir a los nueve gobernadores departamentales y más de 300 alcaldes.

Los resultados de la primera vuelta decantaron en la victoria a manos del Movimiento Al Socialismo (MAS) en tres gobernaciones, Cochabamba, Oruro y Potosí. En cambio, uno de los golpistas de las organizaciones "civiles", Luis Fernando Camacho, obtuvo la victoria para la gobernación de Santa Cruz.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó que la segunda vuelta para las elecciones de los gobernadores de los departamentos de Pando, La Paz, Tarija y Chuquisaca será el 11 de abril de este año.

Este contexto es importante porque moviliza a los sectores del tablero político boliviano que participaron en el golpe de 2019 y que, al triunfar recientemente Luis Arce en las elecciones presidenciales no tuvieron cómo volver a posicionarse nuevamente en el "escenario del fraude" durante esos comicios. La opción de desestabilizar otros frentes, como ya se ha ensayado en otros momentos, vuelve a asomarse: la movilización "cívica". Las elecciones de gobernadores son un caldo de cultivo para que Camacho llame a las presiones de calle.

Camacho en febrero amenazó al presidente Arce recordándole cómo salió Evo Morales del gobierno, tomando como excusa su rechazo a la Ley de emergencia sanitaria. Pero sabemos que todo se cristalizó con la presión del ejército y la policía boliviana.

El pasado lunes 15 de marzo, Camacho y el Comité Cívico Santa Cruz realizaron una manifestación para "desmontar la versión del gobierno de que hubo un golpe de Estado" en 2019, dando continuidad simbólica a lo ocurrido durante los días del cambio de régimen y estableciendo, una vez más, al departamento de Santa Cruz como el espacio primordial de las protestas en defensa de Jeanine Áñez y contra el MAS.

Pareciera que la detención de Áñez se relaciona con el tiempo político de las nuevas protestas lideradas por Camacho, tomando en cuenta que el proceso a la cara más visible del golpe comenzó a finales de 2020, cuando la gestión gubernamental aún no estaba en manos del presidente Arce. Las dinámicas de la realpolitik conducen a pensar que la toma de decisiones judiciales repentinas en plena faena electoral es parte de capitalizar resultados electorales a corto plazo o crear tensión entre las diferentes facciones políticas.

La conjunción entre protestas, tensiones políticas y retórica golpista se cristaliza en una estrategia de mecha lenta, desarrollada por el académico estadounidense Gene Sharp y seguidores de esta línea destituyente.

Múltiples intereses están sobre la mesa en cuanto a Bolivia, sobre todo por su posición geopolítica y geoeconómica, su contexto político-cultural (más aunado a la base plurinacional boliviana que a los ideales occidentales), así como las grandes reservas de litio que son cruciales en los planes de "transición energética" y objetivo primordial de los mayores poderes anglosajones.

Bajo estos indicios no queda más que llamar a una alerta no solo boliviana, sino nuestramericana. Los fantasmas del golpe vuelven a posarse sobre uno de los países que mira de frente y a los ojos de las élites globales para resistir todo pronunciamiento que refiera a la muerte.