Luego de años de regulaciones, los europeos han decidido hacer enmienda a su propia política y relajar las medidas "ESG" (Environmental, Social, and Governance) mediante nuevas providencias que, de aprobarse, entrarán en vigencia desde el próximo año. 

Desde la Comisión Europea se ha propuesto un paquete omnibús para simplificar las normativas y hacer frente al declive industrial europeo con vistas a dar una mayor competividad a las empresas del continente, en un cuadro de expansión del presupuesto bélico, altos costes de la energía, distorsión de las cadenas de suministro —desde las sanciones ilegales a Rusia— y la migración de capitales con rumbo a Estados Unidos y China.

¿Que normativas regulan las actividades industriales europeas?

Durante décadas la Unión Europea (UE) ha sido pionera en la implementación de decisiones políticas y regulaciones, que han denominado "ESG", enmarcadas en acuerdos en materia ambiental vigentes desde la década de 1990 y que han estado alineadas con objetivos globales como los del Acuerdo de París y de la Agenda 2030.

Se trata de un amplio y minucioso conjunto de normativas, estrategias y marcos regulatorios impulsado para integrar la política de gobierno en dirección a las actividades económicas y empresariales, pretendiendo promover la sostenibilidad, mitigar el cambio climático y fomentar una economía más responsable y resiliente.

La UE ha sido pionera en este campo al implementar regulaciones como el "Pacto Verde Europeo" (European Green Deal), que busca hacer de este continente uno climáticamente neutro para 2050 y transformar su economía en una más sostenible y eficiente en el uso de recursos.

Dichos planes no solo afectan a las empresas dentro de la UE sino que también tienen un alcance global ya que los europeos exigen a compañías extranjeras que operan en su mercado cumplir con ciertos estándares de sostenibilidad.

Lo anterior explica las aparentes razones por las cuales dicha organización ha impuesto un alto al dilatado acuerdo de libre comercio con Mercosur. Por ejemplo, vetan el ingreso a la UE en condiciones libres de productos agrícolas de Brasil por considerar que su producción fue realizada bajo prácticas de gran impacto ambiental.

En el ámbito de las empresas europeas, el significado y la contundencia de las regulaciones son muy extensos.

La UE ha establecido normativas obligatorias como la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), que desde 2023 exige a grandes empresas —y progresivamente a más pequeñas— reportar detalladamente su impacto ambiental y sus iniciativas ESG. Esto incluye métricas sobre emisiones de carbono, uso de recursos y biodiversidad.

Ello implica gastos adicionales para contratar personal y servicios especializados en medir estos ítems, además de crear un mar burocrático.

Por otra parte, el Reglamento sobre divulgación de finanzas sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés) obliga a las instituciones financieras a transparentar cómo integran los riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión. Es decir, en diversos casos las entidades financieras están obligadas a no otorgar créditos a actividades económicas con impactos ambientales potenciales.

El Pacto Verde Europeo, eje central de tales políticas, tiene metas como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 55% para 2030 —respecto a 1990— y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, propósito que implica iniciativas como el Mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), que grava las importaciones de bienes intensivos en cuanto a ese elemento para evitar la deslocalización de emisiones.

Esto significa que las empresas europeas que realizan importaciones deben pagar impuestos adicionales por adquirir bienes e insumos "altos en carbono", aunque hayan sido generados en otro país, lo cual aumenta los costos en la cadena de suministro de las empresas europeas.

Las políticas incorporan mecanismos como la Evaluación de impacto ambiental (EIA) y la Evaluación estratégica ambiental (EEM, por sus siglas en inglés), que requieren consulta pública antes de aprobar proyectos o planes con impacto ambiental significativo. Esto está alineado con el Convenio de Aarhus, que garantiza el acceso a la información y a la participación ciudadana.

Pero en muchos casos estas últimas políticas se traducen en trabas burocráticas y dilaciones de iniciativas e inversión en capital fijo, lo cual ralentiza las empresas, restándoles competitividad y oportunidades.

La UE ha creado una Taxonomía de actividades sostenibles, un sistema de clasificación de "etiqueta verde" que define cuáles procesos económicos se consideran ambientalmente sostenibles. Pero no solo exigen a sus empresas cumplir con los protocolos para que sus productos sean "verdes", también están aplicando el criterio para la importación de bienes, servicios e insumos.

Para muchas empresas europeas, adquirir productos generados en condiciones "verdes" en el extranjero es costoso y cuesta arriba; crea nuevas dificultades y reduce la competitividad de los productos de ese continente.

Europa decide dar marcha atrás

El cambio en la política europea pasa desde la estricta regulación en nombre de "salvar el planeta" hacia políticas que, si bien refieren mantener acciones por la sostenibilidad, serán sumamente laxas si se comparan con las normas vigentes hasta ahora.

La propuesta, a modo de paquete de Úrsula von der Leyen, será discutida en el Parlamento Europeo y probablemente el debate dure meses en aprobarse, con la resistencia de partidos verdes y de izquierda. Pero, según la funcionaria, esto tiene como objetivo "impulsar la competitividad, mejorar la seguridad y reforzar la resiliencia económica".

Bruselas "perdonará"a 80% de las empresas la obligación de presentar los informes de sostenibilidad. Esta medida va a reducir considerablemente sus costos, especialmente a las pymes, mientras se reducirá considerablemente la burocracia que condiciona la labor empresarial.

Así, las compañías de entre 250 mil y mil trabajadores, que a partir del próximo año estaban obligadas a aplicar políticas de sostenibilidad corporativa, quedarán liberadas de esta exigencia ya que la presentación de los informes pasará a ser voluntaria para ellas.

Para poner un ejemplo de cómo se aplica esto en la realidad, pongamos el caso de España. En este país solo 2% de sus empresas superan los mil empleados. Esto quiere decir que 98% estará libre de las regulaciones.

En el caso de la taxonomía verde, si la propuesta omnibús termina aprobada, será opcional para la mayoría de las compañías pues aplicará solo a aquellas con más de mil empleados.

La "desregulación" abarca una simplificación de gran repercusión precisamente en los reportes de información que están regulados por la Directiva de información sobre sostenibilidad corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés), la Diligencia debida (CSDDD, por sus siglas en inglés), el Reglamento sobre taxonomía y el Mecanismo de ajuste en Frontera por carbono (CBAM, por sus siglas en inglés).

Este cambio de rumbo se puede atribuir a la presión ejercida por algunos Estados miembros, principalmente Alemania y Francia, que han instado a la Comisión a replantear la regulación debido a su posible impacto sobre el crecimiento económico, así como a las preocupaciones manifestadas por algunos sectores industriales y empresariales.

Los gobiernos de estos países argumentan que la aplicación de las normativas vigentes ha generado una carga administrativa excesiva y afecta la competitividad de las empresas europeas en un contexto de "desaceleración económica" y de "importantes desafíos globales".

Es también una respuesta al contexto geopolítico

Los europeos están respondiendo a la destrucción de su base industrial a expensas de la distorsión de las cadenas de suministro de energía y materias primas, a causa de las sanciones contra Rusia desde 2022, lo cual ha repercutido en los costes de su actividad industrial.

También están reaccionando a las políticas de altas tasas de interés aplicadas en la era de Joe Biden, que han favorecido al dólar y la migración de capitales desde Europa hacia Estados Unidos. Esto ocurrió al unísono de la Ley IRA (Inflation Reduction Act), que generó incentivos enormes a industriales nacionales norteamericanos y foráneos. Estas situaciones implicaron desinversión en Europa, y los flujos inversionistas fueron a parar a Norteamérica.

El bloque también ha comprendido que el proteccionismo, pechando a los productos chinos con gravámenes comerciales, es una política insostenible en el tiempo. En consecuencia, tratan de reanimar sus industrias para volverlas a hacer relevantes frente al gigante asiático, país que hoy lidera las tendencias industriales y comerciales a escala global.

El cambio en la política europea también viene de la mano con la nueva estrategia presupuestaria que se está apuntalando hacia el aumento del gasto militar, aumento de la deuda y el "rearme" del continente. La Comisión Europea ha anunciado un presupuesto de 800 mil millones de euros para adquirir nuevas capacidades militares, estimando un aumento de las tensiones geopolíticas. En este contexto necesitan dinamizar las actividades industriales para poder generar nueva riqueza y dar sostenibilidad a los nuevos presupuestos.

Desde la perspectiva de los europeos, el planeta tierra y el calentamiento global, que eran problemas que consideraban "urgentes", han pasado ahora a un segundo plano, mientras que la competitividad empresarial y el ajuste del presupuesto para el desarrollo de armas se han tornado su nueva máxima prioridad.