En el contexto de la coyuntura postelectoral del 28 de julio, la posición del sector privado ha sido notable por la distancia que ha tomado de la diatriba política.

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), considerado el principal gremio patronal del país, así como el Consejo Nacional del Comercio y Servicios (Consecomercio), otra gran asociación de empresas privadas venezolanas, publicaron comunicados en los que instaron a la preservación de "la paz, la estabilidad y el dialogo" entre los actores políticos, en el marco de los eventos de desestabilización y violencia armada tras los sufragios presidenciales.

Fedecámaras declaró su búsqueda por "contribuir a la construcción de un clima de estabilidad y cooperación en el país, en un momento crucial para su desarrollo político y social". Mientras que Consecomercio instó a los "ciudadanos y consumidores" a "preservar la paz y el respeto a la propiedad privada y pública".

Desde entonces, los gremios no han efectuado nuevos pronunciamientos, no han declarado a favor de las nuevas acciones de la oposición, ni se les ha visto ejerciendo públicamente un rol activo para inducir una crisis política interna focalizada contra el gobierno y las instituciones.

La política de "quiebre económico"

Hace semanas el Financial Times reseñó declaraciones de Horacio Velutini, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, quien aunque hizo críticas al gobierno venezolano admitió que "la oposición no ofrece estabilidad ni la eliminación de las sanciones en estos momentos de crisis política".

El distanciamiento entre los grupos empresariales y la oposición representada en María Corina Machado y Edmundo González podría explicarse por los antecedentes de años recientes, concretamente la etapa de presiones ilegales contra la economía venezolana.

El nudo crítico económico que generaron, en teoría apuntando solo al gobierno venezolano, tuvo efectos directos sobre la sociedad venezolana y sobre las actividades del sector privado. Estos elementos pueden explicarse con datos elementales:

• Las sanciones y su sobrecumplimiento implicaron el cierre de mercados internacionales para los empresarios venezolanos ya que diversas proveedoras de bienes y servicios temían ser objeto de ellas por asociarse con empresas venezolanas que podrían estar vinculadas al gobierno. Las dificultades para el relacionamiento exterior de las empresas privadas nacionales significaron nuevos costos al tener que acudir a los bienes y servicios ofrecidos por empresas en el extranjero en condiciones más adversas.
• El peso de los hidrocarburos en el total de exportaciones de Venezuela ha sido sustancialmente alto, en algunos años ha superado 90%. Al producirse el bloqueo, la caída del ingreso nacional de divisas fue brutal, hasta alcanzar el piso de sólo 2,1% de las divisas que ingresó en el año 2021. Esto, por supuesto, trajo consecuencias para el sector privado.
• Según el BCV y de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Planificación de Venezuela, la debacle en el ingreso de petrodólares a la economía repercutió sobre otros indicadores. En el caso de la Demanda Agregada Interna del sector privado (gasto de consumo nacional), cayó hasta -34,8% en el último trimestre de 2019. Esto quiere decir que el gasto en bienes y servicios bajó dramáticamente en ese lapso.
• La Formación Bruta de Capital Fijo en Venezuela cayó a niveles mínimos en el periodo 2017-2020. Este indicador alude a las inversiones no financieras (infraestructura, maquinaria y otros bienes tangibles). Solo en 2019 el perjuicio fue de -43,7%. La pérdida de inversiones fue muy grave.
• El Producto Interno Bruto (PIB) del país tocó fondo en 2020, al alcanzar -30%. Esto se tradujo en un ambiente económico de profunda recesión y pérdidas para las actividades generales del sector privado.
• En 2019 los descensos del PIB por sectores tocaron fondo. Las cifras anualizadas del BCV señalan que la construcción registró hasta -86,3%, las manufacturas -56%, y el sector comercio y servicios cayó hasta -39%. Estos tres grandes sectores aglutinan la mayoría de las actividades del sector privado nacional, y sufrieron dramáticamente en todo el periodo de crisis inducida por sanciones, entre 2017 y 2021.

Los datos dicen que la estrategia golpista desarrollada durante esos años, en la que María Corina Machado tuvo un protagonismo estelar, se materializó en pérdidas económicas que impactaron de manera profunda la sociedad venezolana.

Esto hace evidente que la política de agresión contra la nación, implementada por Washington y secundada por el sector extremista representado por Machado, se tradujo en un "quiebre económico". En consecuencia, para algunos empresarios y gremios privados el conjunto de acciones de desestabilización ha resultado destructivo para la economía de manera integral.

Si bien las sanciones se acentuaron de manera muy grave sobre el sector público, el gran capital privado también padeció efectos dramáticos, tanto por lucro no devengado durante esos años como por menoscabo económico real expresado en las cifras. Además, muchas empresas privadas cerraron sus puertas.

Contraste

Luego de los eventos postelectorales del 28 de julio, los empresarios han aparecido en eventos públicos junto al presidente Maduro en actividades del Consejo de Economía Productiva, una mesa de trabajo permanente entre el Ejecutivo y el sector privado.

Comparándose con el pasado, el contraste en la relación que actualmente tienen los empresarios venezolanos con el gobierno bolivariano es grande. Seguramente esa inflexión se explica por las acciones políticas de la oposición y su solicitud de sanciones ilegales contra el país.

Además, las mismas condiciones generadas por el bloqueo posiblemente allanaron condiciones para un difícil proceso de construcción conjunta de políticas, diálogo y articulación constante entre el gobierno y los grupos empresariales.

Para diversos empresarios y gremios que los representan, lo importante desde su pragmatismo es preservar el ciclo de estabilidad política e institucional que ha prevalecido en Venezuela en virtud de que ha sido la base para la difícil recuperación económica que ha experimentado el país en el último lustro.

Justo ahora María Corina Machado, Edmundo González y otros actores políticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Julio Borges han lanzado campañas internacionales para recrudecer las sanciones contra Venezuela y han solicitado derogar las licencias petroleras vigentes. Esta sería, tal como lo expresó Horacio Velutini, una política que consideran perjudicial para la economía en general.

Los grandes capitales privados fueron, durante muchos años, financistas de las aventuras suicidas de los opositores y sus partidos. Pero el desplazamiento de las figuras del antichavismo al exterior y la apropiación de las fuentes de dinero que significó el "proyecto Guaidó" cambiaron esa relación. Se perdió la interlocución política entre ambos grupos y ello se ha traducido en la pérdida de cohesión.

Precisamente ahora los grupos opositores radicales también piden el reconocimiento internacional de Edmundo González y se da forma a un nuevo tipo de "interinato". Los empresarios venezolanos saben interpretar esos escenarios políticos y, por defecto, han decidido no participar para crear un nudo crítico en la política interna.

La desvinculación de los gremios y cámaras empresariales en la agenda opositora actual sugiere que el sector privado prefiere retirarse del espacio del conflicto político, y priorizan sus intereses inmediatos y la base de recuperación alcanzada, a sabiendas de que en un vuelco por la vía de la desestabilización serán los primeros actores a sacrificar.