Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el triunfo de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio, se activó un ciclo de presión y hostilidad diplomática contra el país, sincronizado con la agenda de desconocimiento institucional, en conjunción con violencia política y criminal.

Esta agenda fue promovida por Edmundo González y María Corina Machado, quienes han radicalizado la declaración de "fraude" y del "triunfo" del candidato de la PUD, sobre la base de la publicación de supuestas actas colgadas en una página web.

Desde el 29 de julio, decenas de países han presionado explícitamente a Venezuela para que el CNE publique los resultados detallados de la jornada, con lo cual desconocen que aun están vigentes los lapsos establecidos en la ley y que, desde ayer, ya se emitió el segundo boletín que confirma la reelección del presidente Nicolás Maduro.

Pero una comparación con situaciones reales de fraude electoral en el hemisferio permite observar el carácter selectivo y hostil del tratamiento internacional hacia Venezuela, en una coyuntura de tipo comicial. 

COMPARACIONES Y COMPORTAMIENTO INTERNACIONAL

En los casos de Al Gore (2000), Andrés Manuel López Obrador (2006) y Juan Orlando Hernández (2017), tres situaciones en las que las evidencias y los cantos de fraude estuvieron en el centro de la escena tras la publicación de los resultados, no se presentó un contexto de cuestionamiento abierto en el plano internacional y diplomático.

En la elección presidencial del año 2000, George W. Bush y Al Gore estaban conscientes de que el triunfo dependía del estado de la Florida y de sus 29 votos electorales.

Ambos candidatos obtuvieron alrededor de 49% de las 6 millones de emisiones, con una ligera ventaja de mil 784 boletas para Bush, que luego se redujeron a 537.

Al Gore cantó fraude y, frente a un resultado tan ajustado, se procedió a contar los votos manualmente en los condados donde la diferencia se ubicaba por debajo de 0,5%.

Tras los reconteos, la ventaja se inclinó hacia Al Gore, quien pidió ampliar la revisión a otros condados. Por decisión de la Corte Suprema, se ordenó la suspensión del proceso y, por tanto, Bush se convirtió en presidente de Estados Unidos.

No hubo cuestionamientos internacionales ni presiones diplomáticas, a pesar de que el contencioso alcanzó los 36 días.

Las elecciones presidenciales de 2006 fueron extremadamente reñidas. Se enfrentaban Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Felipe Calderón.

Calderón fue declarado ganador por una estrecha diferencia de aproximadamente 0,56% de los votos, lo que generó una gran desconfianza entre los seguidores de AMLO.

López Obrador alegó diversas irregularidades durante el proceso, incluido el manejo de las actas de votación y la conducta de los funcionarios electorales. Las quejas se centraron en la supuesta manipulación de los resultados y en la falta de transparencia en el conteo de votos.

Los resultados se impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el argumento de que se habían cometido graves violaciones a la ley electoral.

El TEPJF, que tenía la responsabilidad de revisar las impugnaciones, determinó que no había pruebas suficientes para invalidar los resultados de los comicios. La resolución del tribunal fue en favor de Felipe Calderón, confirmando su victoria.

En este caso, tampoco hubo una fuerte contestación internacional para desconocer los resultados.

También la elección presidencial de Honduras entre Juan Orlando Hernández y su principal rival, Salvador Nasralla, del partido de oposición Libertad y Refundación (Libre), estuvo reñida. 

Nasralla llevaba la delantera en los resultados preliminares, pero la transmisión de resultados se detuvo repentinamente durante varias horas, generando sospechas y preocupación puesto que poco después tomaría la ventaja Hernández.

Posteriormente, ante la situación de inestabilidad en la que se encontraba el país, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras confirmó la victoria de Juan Orlando Hernández por un margen estrecho.

Aunque la OEA pidió una revisión exhaustiva y un recuento de votos, su solicitud fue ignorada. Por su parte, la Unión Europea hizo un llamado a una investigación sobre las acusaciones de fraude, pero los resultados continuaron tomándose como legales e irreversibles.

El gobierno de Estados Unidos terminó reconociendo a Juan Orlando Hernández como el presidente electo, sin la existencia de un entorno de tensión diplomática.

GUAIDO 2.0

La escalada diplomática contra Venezuela se ha agudizado en los últimos días con la aparición de un grupo de países que ha presionado a las instituciones del Estado venezolano para que publiquen los resultados específicos de la elección, mientras que una fracción más radical ya ha respaldado abiertamente al candidato Edmundo González como "presidente electo", un escenario que trae a la actualidad el reconocimiento ilegal del interinato ficticio de Juan Guaidó en 2019.

A modo de resumen, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay desconocieron los resultados —algunos de ellos ya han reconocido a Edmundo González como "presidente"— emitidos por el CNE, mientras que Brasil, Chequia, Colombia, Alemania, España, México, Italia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Paraguay, Suecia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Francia, Finlandia, Estonia, Lituania, Unión Europea y Japón exigieron la publicación de las actas, un elemento técnico que no aplica porque el CNE solo emite los escrutinios de los comicios. 

Ahora bien, si comparamos las posiciones fijadas por los gobiernos sobre los resultados de las elecciones del 28 de julio con el apoyo internacional que recibió el proyecto Guaidó en 2019, se pueden observar grandes similitudes que pudiera sugerir una preparación de condiciones para repetir este escenario.

En total, son más de 20 países los que coinciden en este cruce. Es decir, alrededor de dos docenas de Estados que en su momento reconocieron a Guaidó de forma ilegal y sin la exigencia de ningún soporte de tipo electoral —pues no lo tenían—, hoy presionan diplomáticamente a Venezuela para desconocer los resultados favorables a Nicolás Maduro. 

Después de que Estados Unidos reconoció este jueves por la noche al candidato de la PUD, Edmundo González, como ganador de los comicios presidenciales, este escenario se hace más plausible. Recordemos que el apoyo de 50 países al dispositivo de "gobierno paralelo" estuvo impulsado por el respaldo de la administración Trump. 

Puede que otro ciclo de presión diplomática como la experimentada en 2019 cuando se reconoció una figura de poder paralela y sin incidencia real en la política interna. Resulta evidente que hay más condicionantes para Venenzuela al momento de establecer relaciones diplomáticas que con otros países de la región y del mundo. Una muestra de ello es que el proceso electoral del domingo pasó de ser un evento nacional a uno en el que otros Estados intervienen atribuyéndose un presunto derecho que será por gracia imperial, pero no por la legislación internacional.