Nuevamente, el destino de Citgo Petroleum, filial de PDVSA en Estados Unidos, ha quedado en estado de incertidumbre por unos meses más, luego de que el 6 de octubre el gobierno de Donald Trump anunciara la prórroga de la prohibición de tocar los activos de la empresa hasta el 19 de enero de 2021, un día antes de la investidura del mandatario que resulte electo en las presidenciales a celebrarse en ese país el próximo mes de noviembre.

Esta es la quinta vez que la Administración Trump, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), extiende la medida de restricción a la Licencia General No. 5, un documento emitido en octubre de 2019 que autoriza a los tenedores del Bono PDVSA 2020 a realizar transacciones con activos venezolanos más allá de las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses, incluyendo la ejecución de la garantía sobre el 50,1% de las acciones de Citgo, si esta incumple con los pagos del bono.

Hay que recordar que el otro 49,9% de las acciones fue puesto en garantía a un préstamo otorgado por Rosneft a Venezuela, antes de que la OFAC bloqueara los activos venezolanos. Con la prórroga que emitió, EEUU también está postergando la amenaza de que una empresa estatal rusa pueda ejecutar la acreencia de las propiedades de Citgo en suelo estadounidense.

La insolvencia de la empresa le ha dado argumentos a los tenedores, en particular al fondo londinenses Ashmore Group Plc, que es el mayor tenedor de los bonos PDVSA 2020, para despedazar los activos de Citgo y repartirlos entre los fondos buitre que merodean alrededor.

Citgo es el principal activo político y económico venezolano que Washington logró represar tras el aparataje montado con el falso gobierno de Juan Guaidó. Por lo tanto, su intervención para "salvarlo" de los bonistas obedece fundamentalmente a la incapacidad de sus operadores venezolanos en mantener la situación de la empresa bajo control.

En lo inmediato, la decisión de la Administración Trump también guarda relación con las elecciones de noviembre, convirtiéndose en otra acción de campaña presidencial para garantizar los votos de la comunidad venezolana en el estado de Florida, cuestión que los republicanos deben asegurar con mayor recelo, a medida que las encuestas hacen crecer las expectativas sobre el candidato demócrata Joe Biden.

Pero no es la única amenaza que se cierne sobre la filial de PDVSA en el extranjero. En los tribunales de Delaware existen varios casos abiertos por corporaciones transnacionales que se disputan el botín de Citgo. Los casos más famosos, el de la minera canadiense Crystallex y la petrolera estadounidense Conoco Phillips, destacan por tener proyecciones favorables en su intento por desmembrar Citgo para pagar supuestas deudas del Estado venezolano.

Las apelaciones de la oposición venezolana en los tribunales estadounidenses para intentar anular las múltiples demandas contra Citgo no han tenido resultados positivos.

Al contrario, si se revisa la participación del abogado venezolano José Ignacio Hernández, quien supuestamente fue designado por Guaidó para "proteger" los intereses del país, se logra identificar cómo bajo cuerdas ha reforzado jurídicamente los reclamos de las compañías extranjeras y ha pactado con ellas para entregar los recursos venezolanos.

Hérnandez renunció a su falso cargo a mediados de año. Otras figuras designadas ilegítimamente bajo el amparo del gobierno estadounidense también han cesado sus funciones en el falso gobierno. Por ejemplo, Luis Pacheco renunció a la junta ad hoc de PDVSA en septiembre, declarando su imposibilidad para defender Citgo.

Más reciente fue el anuncio de Luisa Palacios, que dejará el cargo de la presidencia ad hoc de Citgo el 30 de octubre de este año, aunque no se irá del directorio. Palacios planea concentrar sus actividades en la Fundación Simón Bolívar, una organización de responsabilidad social de Citgo que en los últimos meses ha sido instrumentalizada por el antichavismo para transferir cuantiosas sumas de dinero a ONG vinculadas a sus intereses políticos, encubriéndolas con el manoseado recurso de "ayudar a superar la crisis humanitaria" en Venezuela, pero que en ningún caso son destinadas a resolver los problemas económicos causados por el asedio estadounidense sobre la cuenca del Caribe.

El equipo de Guaidó engrosa su expediente de corruptela

Los miembros del equipo de Guaidó van desertando en medio de escandalosos casos de corrupción que son develados por facciones del propio antichavismo, quien ha profundizado su crisis política a raíz de la disputa interna por la repartición de las ganancias obtenidas del saqueo a los recursos del Estado venezolano.

En el último caso, los nombres de José Ignacio Hernández y Luis Pacheco salieron a relucir junto al de Fernando Blasi-Blanchard, Magín Blasi-Blanchard y Javier Troconis. Fernando Blasi opera como encargado de negocios de Carlos Vecchio en Washington y a Troconis lo designó Guaidó como comisionado para la "Gestión y Recuperación de Activos".

Este grupo estaba negociando el cobro de una comisión por 750 mil dólares para autorizar al consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) en su pretensión de apropiarse ilegalmente de activos venezolanos y de cuentas por cobrar en países que forman parte de Petrocaribe.

La Fiscalía venezolana, que abrió una investigación contra estos personajes y contra Jorge Reyes y Pedro Antar, actores detrás de CRA, detalló que los representantes del gobierno fake de Guaidó habían acordado apropiarse del 18% de todos los activos que fuesen capturados.

Las maniobras desde Venezuela

El Gobierno Bolivariano se encuentra atado de manos en esta gran trama corrupta que existe alrededor de Citgo, pues sus acciones quedan inutilizadas, producto del bloqueo que la Casa Blanca ha impuesto en contra de su representatividad legítima.

Sin embargo, no ha cesado en las denuncias internacionales para visibilizar los crímenes cometidos por Guaidó y sus operadores, del mismo modo que hace presiones diplomáticas para exigir el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses.

Como ejemplo tenemos que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ministra encargada de Economía y Finanzas, notificó a los tenedores del bono PDVSA 2020 sobre un plan de renegociación de la deuda externa venezolana, que incluye dicho bono. La principal condición para esta reestructuración de la deuda es que los acreedores deben reconocer a las autoridades del Estado venezolano, quien está dando la cara ante el desastre gestionado por el equipo de Guaidó.

Ahora más que nunca ha quedado en evidencia que en el antichavismo no existe ninguna disposición a defender los intereses nacionales, pues ni siquiera son capaces de mantener la pose en este simulacro de gobierno que tienen montado desde 2019.