El gobierno de Guyana no ha tardado en intentar descalificar a Venezuela por las decisiones soberanas que ha tomado recientemente respecto al territorio esequibo. En particular, el vicepresidente de ese país, Bharrat Jagdeo, ha condenado al gobierno del presidente Nicolás Maduro por implementar la voluntad expresada en los resultados del referéndum consultivo de diciembre del año pasado.

Ignorando el Acuerdo de Ginebra, único instrumento aceptado para resolver la disputa limítrofe, Jagdeo ha afirmado que su gobierno "no bajará la guardia" en la custodia ilegítima del Esequibo y amenazó con que sus "socios" están al tanto de estas acciones, probablemente refiriéndose a ExxonMobil, el verdadero interesado en mantener ese territorio bajo la tenencia de Guyana, en vista de que sus gobernantes no ponen ninguna objeción sobre la malversación del dinero proveniente de la explotación petrolera.

Esta oportunidad de figurar ante los votantes guyaneses como un defensor de la soberanía de su país llega en un momento bastante oportuno para acallar el revuelo mediático que existe por las acusaciones de corrupción.

La presión para investigar estos hechos contra Jagdeo se ha intensificado después de que el comisionado interino de la policía guyanesa, Clifton Hicken, recibió una denuncia formal del Instituto de Acción contra la Discriminación (Ifaad). La organización local solicitó una indagación transparente y completa sobre las denuncias presentadas en un reportaje del medio Vice News, que implican a Jagdeo en la aceptación de sobornos para contratos gubernamentales.

La carta también fue enviada al director del Ministerio Público, Shalimar Ali Hack SC, solicitando acciones legales apropiadas si las acusaciones resultan ser confirmadas.

Anteriormente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las deficiencias en la transparencia y la falta de acción para investigar denuncias de corrupción en Guyana, incluidas las incriminaciones contra Jagdeo.

El gobierno de Guyana fue cuestionado sobre la desmantelación de la Agencia de Recuperación de Activos del Estado (SARA) y la falta de medidas efectivas para abordar la corrupción en el país. El candidato estadounidense al Comité de Derechos Humanos, Laurence Helfer, interrogó a la ministra de Asuntos Parlamentarios de Guyana, Gail Teixeira, sobre las acciones tomadas para investigar las acusaciones de corrupción y asegurar el enjuiciamiento de los responsables.

Así como es evidente que el gobierno de Guyana está violando la soberanía territorial y marítima de Venezuela sobre la Guayana Esequiba con el objetivo de entregar los recursos energéticos a empresas extranjeras, también es notorio que los fondos que recibe de los ingresos petroleros son desviados para beneficiar a políticos y aliados en lugar de contribuir al desarrollo nacional. La falta de infraestructura básica, como carreteras, electricidad, educación de calidad, salud pública, servicios sanitarios y seguridad ciudadana es un claro reflejo de esta situación.

Pero la corrupción no se detiene ahí. También se han reportado señalamientos por discriminación racial en la distribución de subvenciones y protección social, que han favorecido de manera desproporcionada a seguidores del gobierno en perjuicio de los indígenas nativos del Esequibo y de los afroguyaneses. Las ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos también afectan especialmente esta comunidad.

Este problema no es exclusivo del actual Partido Progresista del Pueblo, ya que el gobierno de la Coalición APNU + AFC —una Asociación para la Unidad Nacional más Alianza para el Cambio— anterior también tuvo su cuota de prácticas corruptas.

La clase política en Guyana, motivada por la riqueza petrolera, ha caído en una competencia desenfrenada por el enriquecimiento personal, mientras intentan encubrir sus acciones simulando actos de soberanía al enfrentarse a Venezuela por la defensa del Esequibo. La población guyanesa puede apreciar a simple vista cómo esta fachada busca distraer la atención de los crímenes que se cometen en su contra.