La Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial ha dado un paso importante al aprobar un protocolo de funcionamiento basado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, cuyo objetivo es orientar la administración compartida del desarrollo de la zona marítima de la Fachada Atlántica del Esequibo respetando los acuerdos internacionales previamente establecidos.

El presidente de tal comisión, el diputado Hermann Escarrá, fue el encargado de informar sobre la decisión tomada el lunes 19 de febrero. Según sus declaraciones, la propuesta será presentada ante la Directiva de la Asamblea Nacional para su consideración.

El protocolo se fundamenta en el artículo 5, numeral 2, del Acuerdo de Ginebra, el cual especifica que cualquier actividad de exploración en la zona debe contar con un convenio escrito entre los gobiernos de Venezuela y Guyana. 

Las grandes empresas transnacionales suelen aplicar la estrategia de "divide y vencerás" en sus operaciones, usando la confrontación entre países vecinos, como recientemente viene ocurriendo entre Venezuela y Guyana. Desde un punto de vista económico, les resulta más favorable pagar regalías o impuestos a una sola entidad nacional. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, la cooperación entre países se presenta como la mejor alternativa para el desarrollo de sus recursos naturales porque actúa como un catalizador para la estabilidad y el repunte económico de toda una región.

Según estudios de la ONU, más de 40% de los conflictos armados en las últimas seis décadas ha estado relacionado con recursos naturales. El Secretario General de la ONU ha subrayado que la gestión compartida de recursos naturales puede prevenir conflictos y promover la integración regional.

Existen precedentes que respaldan esta afirmación, entre los que se encuentra el Acuerdo Interinstitucional para el Impulso de Proyectos Conjuntos en el Sector de Hidrocarburos Gaseosos entre Venezuela y Trinidad y Tobago, aprobado en septiembre del año pasado. En este esfuerzo prevalece la cooperación entre Estados en la gestión de recursos naturales, que en palabras de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez "representa una oportunidad histórica para desarrollar la industria del gas, pero también representa el impacto en las buenas relaciones de vecindad y de hermandad que se han tejido entre nuestros países, en el marco de la legalidad y el Derecho Internacional", en oposición a la intervención de empresas transnacionales que saquean los recursos y violan soberanías territoriales al aprovecharse de negociar con Estados más débiles que quedan en posición desfavorable.

Resaltamos las vías pacíficas del trato entre Venezuela y Trinidad y Tobago en el acuerdo porque históricamente los conflictos geopolíticos derivan de la gestión de los recursos transfronterizos.

Además, recordando investigaciones anteriores de esta tribuna, podemos mencionar el caso de Arabia Saudita y Kuwait:

En la región de Asia Occidental, Arabia Saudita y Kuwait comparten el campo Khafji que, en diciembre de 2019, acordaron iniciar la producción en los campos petroleros después de estar desconectados desde 2015 debido a una disputa operativa. No obstante, desde el inicio de la exploración de recursos ambas naciones han combinado esfuerzos a los fines de mantener la cooperación conjunta sobre ese yacimiento. 

De hecho, el año pasado el ministro de Energía saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, y el ministro de Petróleo kuwaití, Badr Hamed Al Mulla, suscribieron un acuerdo para desarrollar el campo de gas conjunto de Durra.

La propuesta de una gestión articulada de las aguas territoriales en la Fachada Atlántica del Esequibo, promovida por Venezuela, rescata el espíritu del Acuerdo de Ginebra, muestra la disposición del Estado venezolano y visibiliza soluciones mutuamente provechosas a través de la definición de reglas precisas y la implementación de mecanismos coordinados.