Este lunes 17 de octubre tuvo lugar un hecho trascendental con relación a la prohibición de vuelos desde Estados Unidos hacia Venezuela. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), a raíz de la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), emitió una excepción de emergencia. Esta determinación posibilitará que las aerolíneas estadounidenses efectúen vuelos específicos con el fin de repatriar a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación irregular en dicho país.
Esta excepción se sustenta en el reciente Acuerdo Migratorio entre Venezuela y EE.UU., el cual busca simplificar una "repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde EE.UU.", según el comunicado emitido por la cancillería del país caribeño el pasado 5 de octubre.
Las aerolíneas venezolanas, como Conviasa, no fueron autorizadas a participar en el operativo. Los vuelos serán operados únicamente por instituciones estadounidenses y serán financiados por el Gobierno de Estados Unidos.
Washington interpreta este proceso como una deportación de aquellos ciudadanos venezolanos que ingresaron ilegalmente al país y han sido rechazados para su permanencia. Abarca a quienes no son beneficiarios de las medidas de permanencia temporal dictadas recientemente.
Por su parte, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro considera esta decisión como una repatriación, dado que implica la recepción de connacionales que están siendo expulsados de Estados Unidos. Esto se enmarca en el Plan Vuelta a la Patria, iniciativa del gobierno venezolano que establece un puente aéreo y terrestre para el retorno voluntario de los migrantes que carecen de medios propios para el regreso.
Desde su creación, en agosto de 2018, ha permitido la recepcion de más de 30 mil venezolanos procedentes de 25 países, en alrededor de 180 vuelos y 1 traslado marítimo.
Existen precedentes de operativos desplegados bajo el Plan Vuelta a la Patria para brindar asistencia a ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular en otros países. A mediados de abril, se llevó a cabo una jornada especial con el objetivo de facilitar el regreso de casi cien personas que se encontraban varadas en la frontera entre Perú y Chile en una situación humanitaria crítica, tras la militarización de dicha zona.
Continúan las sanciones contra el sector aeronáutico
Es fundamental destacar que la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos no implica el levantamiento de las sanciones impuestas a los servicios aéreos con Venezuela.
A partir del 15 de mayo de 2019, el DOT suspendieron de manera indefinida todos los vuelos de pasajeros y carga entre ambos países, decisión tomada con base en un informe emitido por la Administración Federal de Aviación, que recomendaba a las aeronaves estadounidenses volar a altitudes de 26 000 pies o más al cruzar el espacio aéreo venezolano debido a supuestas amenazas desde tierra.
El secretario de Seguridad Nacional en funciones respaldó esta medida, argumentando que la seguridad y el interés público exigían la suspensión inmediata de los vuelos entre ambos países. Como consecuencia, todas las licencias de transporte aéreo entre Estados Unidos y Venezuela fueron revocadas.
La restricción no solo tuvo un impacto en los enlaces directos entre Estados Unidos y Venezuela operados por las aerolíneas de dichas naciones, sino que también se aplicó a los itinerarios de conexión a través de escalas, así como a los servicios ofrecidos por aerolíneas de otros países, lo cual implica que ningún transportista puede brindar o vender cualquier tipo de servicio entre ambos países, incluso si es de forma indirecta.
El DOT también advirtió a las aerolíneas y sus agentes que no deben tomar decisiones para facilitar el transporte interlínea que evite la prohibición.
Como ocurre con otras medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, esta ha llevado a un sobrecumplimiento de las sanciones. La legislación estadounidense no prohíbe a los individuos viajar entre ambos países, sin embargo, los transportistas y sus agentes se enfrentan a un riesgo importante al seguir satisfaciendo estas necesidades de viaje. El DOT ha señalado de manera informal su disposición a tomar acciones coercitivas contra los transportistas que, incluso, vendan u ofrezcan servicios de conexión entre EE.UU. y Venezuela, o conecten a sabiendas a pasajeros que viajen entre los dos países.
Crisis migratoria que amenaza los planes de reelección de Biden
Muchos factores se combinan al momento de encontrar las razones de la crisis de migrantes que Estados Unidos enfrenta, y en casi todos ellos está involucrado el gobierno. La política exterior estadounidense ha producido inestabilidad política y económica en la región de Latinoamérica, lo que ha llevado a un aumento en el número de personas que buscan refugio en Estados Unidos.
La administración de Joe Biden no ha hecho más que agudizar este flagelo. Según el New York Post, una cifra récord de migrantes no detenidos y controlados por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se ocultó en los documentos que detallan el programa de Gestión de Liberaciones e Informes (RRM, por sus siglas en inglés).
La cifra se estima en 5,7 millones, 2,4 millones más que antes de que Biden llegara a la presidencia.
Una encuesta hecha recientemente por Fox News muestra que la mayoría de los estadounidenses no está contenta con la política migratoria. Piensan que debería ser más estricta en la seguridad de la frontera con México.
"Siete de cada 10 votantes piensan que el nivel actual de seguridad en la frontera no es lo suficientemente estricto, incluida una pluralidad de demócratas (48%) y la mayoría de los republicanos (91%) e independientes (82%)".
48% de los encuestados comparte la opinión de considerar la situación en la frontera sur como una emergencia, en comparación con el 27% que lo hizo en febrero de 2019. La preocupación ha aumentado significativamente entre los votantes negros (+27), los independientes (+26), los demócratas (+24) y los hispanos (+23).
La caótica realidad es motivo de disputa con los republicanos, quienes han sabido utilizarla a su favor para hacer campaña política contra los demócratas.
Por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el 10 de octubre que más de 50 mil migrantes fueron trasladados en autobús a las principales ciudades de Estados Unidos, incluidas Washington, D.C., Nueva York y Chicago, una práctica que se ha vuelto común entre los estados fronterizos.
A medida en que se acercan las elecciones presidenciales, a pesar de todas las críticas arroajadas a la política migratoria de Trump, la administración Biden ahora está tomando cada vez más prestadas sus decisiones e, incluso, las ha endurecido. Se ha ordenado la construcción del muro en la frontera con México para frenar el flujo de migrantes ilegales, por citar un ejemplo. Además, las autoridades federales han decidido negar el acceso a los solicitantes de asilo que no lo hayan solicitado en otros países en su camino hacia Estados Unidos; también se ampliará el programa de deportación y sus fuentes de financiamiento.
En este contexto, la decisión de deportar a los venezolanos que han ingresado ilegalmente al país puede interpretarse como otro intento de la administración Biden de mejorar su imagen ante los votantes estadounidenses, en la que resalta la palabra "deportación" para generar más impacto comunicacional.
En lugar de lograr su objetivo, la acción del gobierno de Washington ha tenido un efecto contrario. Al expulsar a los venezolanos y colaborar con el gobierno del presidente Maduro, Estados Unidos ha dañado aun más su imagen ante la opinión pública porque revela, cuando no pone en tela de juicio, toda la propaganda que promovió sobre una supuesta crisis migratoria en Venezuela, cuyo objetivo siempre fue, y ahora se deja ver sin ambages, desacreditar el país latinoamericano con vistas a justificar las sanciones impuestas.
Una vez más, se evidencia cómo el gobierno estadounidense utiliza a los migrantes para sus intereses políticos.