Guyana, país que funge como filial de ExxonMobil, durante este año ha retrasado en múltiples ocasiones la ilegal ronda de licitaciones para desarrollar bloques de exploración de petróleo y gas costa afuera en un territorio que no le pertenece.
Se sabe que dicho Estado no tiene una empresa nacional petrolera, realidad que sirve para que ExxonMobil administre la "política" del rubro de ese país, e incluso de las otras empresas extranjeras que se involucren en el negocio guyanés.
Schlumberger, contratista de ExxonMobil, también avanza en sus operaciones en Guyana, Inc.
Desde 2021, Schlumberger buscó trasladar su sede regional a Guyana. La razón se basó en la relación costo-beneficio ya que puede ampliar su margen de ganancia y acelerar su capacidad productiva, sobre todo situarse en la arena comercial para ofrecer servicios de apoyo a ExxonMobil, los dueños del Estado guyanés.
Solo en el trimestre de marzo a junio, Schlumberger obtuvo 8 mil 100 millones de dólares en ganancias basadas en Guyana.
Sin embargo, esa mudanza trajo algunas consecuencias. En diciembre de 2022, activistas ambientales presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Demerara contra la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, según sus siglas en inglés), la Junta de Evaluación Medioambiental y Schlumberger, por el inicio de la construcción de una instalación de almacenamiento radiactivo cerca del río Demerara en Guyana.
En abril de este año la EPA, como institución reguladora, anunció que Schlumberger estaba exento de tener que realizar un estudio de impacto detallado sobre el transporte de esos materiales radioactivos, debido a que la defensa de la empresa estadounidense se basó en que su principal enfoque es la producción petrolera y que las fuentes radiactivas se utilizan en la industria del petróleo y el gas para la perforación de pozos.
El poder e influencia de estas empresas en el aparato estatal de Guyana es indudable: Schlumberger a la fecha ha ignorado el fallo del tribunal y, en la actualidad, continúa movilizando los materiales radiactivos a Guyana.
De hecho, a mediados de septiembre el presidente guyanés Irfaan Ali visitó Washington, D.C., donde entre su agenda de tres días sostuvo una reunión con el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, a los fines de recibir instrucciones en política exterior.
Sullivan comentó que es interés de Estados Unidos asociarse con Guyana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar diversos temas, incluidos especialmente "los impactos regionales compartidos de la crisis migratoria y de seguridad de Venezuela".
Es evidente que recibió las pautas para el periodo como miembro no permanente en esa instancia multilateral para que, por supuesto, cada movimiento se orientara a garantizar los intereses de ExxonMobil.
En cuanto a la ronda de licitaciones, recientemente el gobierno guyanés recibió propuestas por ocho de los 14 bloques de petróleo que están bajo ese proceso, y entre los proponentes se encuentra obviamente ExxonMobil. Hace poco Ali dijo:
"¿Quieres formar parte de la subasta? Vengan, por favor. Cualquier gobierno de cualquier parte del mundo, cualquier empresa de cualquier parte del mundo, es libre de formar parte de la subasta".
En adelante, el presidente guyanés informó que evaluará las ofertas en las próximas semanas previamente a negociar los términos y adjudicar los contratos antes del 1º de noviembre. Lo que sí es seguro es que el consorcio estadounidense saldrá victorioso y, además, no se verá afectado ya que el gobierno guyanés ha saltado a afirmar que el recién estructurado Acuerdo de Producción Compartida (PSA, por sus siglas en inglés) que tienen con esa empresa no afectará la regalía de 2% en el bloque Stabroek.
ExxonMobil, empresa insigne de Estados Unidos, da cada paso en Guyana como parte de los planes de gestión de recursos en terceros países que despliega dicho país constantemente. En este sentido Guyana, de República Cooperativa ha pasado a ser una República Corporativa: porque además de la intromisión vasalla en la franja atlántica de Venezuela, la gestión soberana de sus recursos está siendo controlada por una corporación de capitales extranjeros.