Durante el primer semestre de 2023 la Asamblea Nacional (AN) ha destacado por su presencia cada vez mayor en la vida política de la república. El parlamento ha realizado acuerdos y pronunciamientos que han afianzado su naturaleza legítima: ser el foro de debate político y social del país.
Es allí donde se intercambian las ideas que van conformando el tejido colectivo necesario para destrabar el conflicto impulsado por algunos sectores opositores.
Desde que su elección dio vuelta de hoja a la enorme crisis institucional que se desarrolló desde 2015, cuando el entonces G4 asumió las riendas en el hemiciclo, el ejercicio de la política ha sido una propuesta constante por parte de la actual administración parlamentaria. El trabajo legislativo realizado durante estos seis meses ha tenido una repercusión directa sobre el interés común, tanto por los debates propios de la AN como por las acciones emanadas por consenso y votación.
A continuación recalcamos los principales hitos ocurridos durante este lapso, surgidos de la agenda legislativa nacional, tópicos que ya hemos reseñado y analizado con anterioridad pero que vale la pena ponerlos en perspectiva a modo de balance.
Regulación a las ONG
La AN ha abordado algunos temas referidos a la soberanía nacional. Entre estos figura uno de los distintos frentes implementados por Estados Unidos para provocar el cambio de régimen: el fortalecimiento a las organizaciones no gubernamentales (ONG) con vistas a intervenir en la política nacional, para lo cual ha trasladado fondos a los partidos y ha apoyado agendas de algunos sectores opositores.
Su financiamiento es uno de los nudos críticos debido a que existen múltiples mecanismos mediante los que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea (UE) transfieren fondos al antichavismo, un hecho violatorio de las leyes venezolanas y que a su vez es considerado delito en dichos países.
De allí que la AN aprobara en primera discusión, por mayoría calificada, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Mediante un sistema uniforme para su creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo, así como para garantizar la transparencia en su manejo económico, incluidas las fuentes de subvención, la norma busca promover y regular el régimen de las ONG y afines en Venezuela como una actividad privada de relevancia pública, regida por los principios del derecho venezolano.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputado Diosdado Cabello, presentó el informe del proyecto en la plenaria y enfatizó que se les debe aplicar la ley como lo establece el artículo 52 de la Constitución, el cual contempla que toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos.
Estableció una comparación con países como Estados Unidos, o cualquiera de la UE, donde las ONG cumplen su función de acuerdo con las leyes de cada nación; en caso contrario, pueden ser sancionadas. Agregó que, desde el fracaso de sus planes, Estados Unidos utiliza este tipo de instancias como herramientas de desestabilización. Este es el marco narrativo que da cuerpo a las acciones regulatorias sobre tales entidades.
Todo lo anterior se ha verificado en informes de tanques de pensamiento como el Wilson Center, que ha planteado como táctica opositora pasar de la confrontación a "elecciones libres y justas que muy bien podrían conducir al fin del gobierno de Maduro", escenario en el que algunas ONG tienen un papel mediante su "activismo" prepagado desde el exterior.
El presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, apoyó la propuesta argumentando que "las ONG son partidos políticos y deben dirigirse al Poder Electoral para ser reconocidas como organizaciones con fines políticos, y no como instituciones de ayuda social", con lo que las calificó como instrumentos utilizados para atacar a la población y que tienen la intención de controlar los recursos naturales de un territorio sin cumplir su función legal; de ahí, en parte, se consideró la necesidad de regularlas.
Luego de aprobado en primera discusión, el proyecto de ley fue remitido a la Comisión de Política Interior para iniciar la consulta nacional, tal como lo establece el Reglamento Interior y de Debates de la AN. Dicho proceso continúa hasta el cierre de este balance.
Contra la corrupción y el saqueo injerencista
La AN también aprobó en el mes de mayo la Ley de Protección de Activos en el Exterior. A partir del trabajo de un grupo mixto conformado por las comisiones permanentes de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional; de Política Exterior, Soberanía e Integración; y de Contraloría, se elaboró un marco legal para "combatir el crimen organizado y los delitos económicos novedosos, que no tienen precedentes en el país y que trascienden la historia republicana", afirmó Rodríguez durante la primera discusión.
El instrumento surgió para intentar llevar a cabo la protección de activos como Citgo, Monómeros Colombo-Venezolanos, las reservas de oro secuestradas en el Banco de Inglaterra, las cuentas en entidades financieras en el extranjero y los Derechos Especiales de Giro en el Fondo Monetario Internacional. Declara inexistente cualquier negociación o venta de activos nacionales por parte de usurpadores o representantes ilegales del Estado, además de calificar de delincuencia organizada este tipo de acuerdos.
Dicha legislación, combinada con la Ley de Extinción de Dominio, forma parte de un marco jurídico para la defensa de los activos y bienes de Venezuela en territorio extranjero e impulsa mecanismos punitivos sobre sujetos nacionales en el caso de flagrancia y/o complicidad, como los políticos opositores vinculados al "proyecto Guaidó", quienes representan intereses extranjeros de facto y de iure.
Por otra parte, para "reparar los daños causados al Estado y a nuestro pueblo", como dijo Cabello, se aprobó ese mismo mes la Ley de Extinción de Dominio que "declara la titularidad a favor del Estado de los bienes y efectos patrimoniales de personas naturales o jurídicas relacionados con actividades ilícitas, mediante sentencia firme, sin contraprestación, ni compensación de ninguna naturaleza, salvaguardando los derechos de terceros de buena fe".
Con este marco legal, los bienes incautados a personas incursas en crímenes contra el patrimonio nacional se destinarían a financiar el funcionamiento del sistema de protección social y de derechos humanos de la población venezolana. También a los servicios públicos e infraestructura.
Una vez promulgada por el presidente Nicolás Maduro, se aplicó inmediatamente al ejecutarse la incautación de infraestructuras y vehículos como parte de la operación "Caiga quien caiga".
Luego de que en junio pasado el expresidente estadounidense Donald Trump confirmara que sus agresiones contra Venezuela tenían como objetivo la apropiación del petróleo del país por cualquier medio, la AN asumió posición al respecto rechazando sus declaraciones.
Además, ha desarrollado una serie de acciones para lograr justicia en contra de quienes se sumaron a la agenda de "máxima presión" estadounidense, en especial una buena parte de la AN electa en 2015 que se dedicó a gestionar el bloqueo.
A este respecto se creó la La Comisión Especial que Identificará el Alcance y las Responsabilidades de las Confesiones de Donald Trump contra Venezuela, que ya ha evaluado proponer acciones legales contra el expresidente estadounidense ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
Renovación institucional
La AN abordó otros objetivos como la continuación de la búsqueda de la estabilidad institucional y social del país. Tanto la renovación de la rectoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) como la aprobación de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) y la de Contraloría Social tienen un factor común: profundizar los mecanismos democráticos y constitucionales mediante la participación social.
Luego de que cuatro rectores principales del CNE y seis rectores suplentes emitieran la renuncia de sus cargos, estas fueron aceptadas por la AN. El parlamento inició el proceso de elección de las nuevas autoridades mediante la conformación del Comité de Postulaciones Electorales al que 184 venezolanos se ofrecieron conformar por parte de la ciudadanía.
Una vez integrado por 11 diputados y 10 representantes de la ciudadanía, y ser juramentado, el comité se instaló el pasado 29 de junio. En la actualidad se mantiene en su misión de convocar, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la AN la candidatura calificada para integrar la directiva del Poder Electoral.
La AN también aprobó la Ley Orgánica de Contraloría Social para fortalecer las relaciones del Poder Popular con la lucha contra la corrupción desde la gestión comunal. A partir de esta ley se crea el Sistema Nacional de Contraloría Social, el Consejo de Contraloría Comunal y la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, instrumento que se combina con la nueva LOCC para establecer nuevos modos de gestionar el poder desde los territorios.
Luego de 10 mil consultas públicas y de aprobar 22 artículos del proyecto de reforma, el Poder Legislativo sancionó la Ley Orgánica de los Consejos Comunales con el objetivo de "afianzar aún más la cogestión del Poder Popular y permitirá una más efectiva planificación, ejecución y control de los proyectos sociales en beneficio de las comunidades", dice la página web de la AN.
El 26 de junio, durante su programa de televisión "Con Maduro+", el Presidente promulgó la ley y destacó que conferirá más poder a las comunidades territorializadas en la ejecución de sus proyectos. Destacó que en la adaptación del instrumento está el anclaje del desarrollo integral comunitario a la Ley Constitucional del Plan de la Patria y la autonomía que tendrán en adelante los consejos comunales que se constituyen en Gobierno Comunal.
La permanente conformación del tejido social
La AN asimismo ha intentado servir como un espacio para la inclusión social con la aprobación de las leyes de Atención Integral para Personas Sordas, la Especial para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad y la de Atención Integral para las Personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA).
También se ha avanzado en instrumentos legales como el Proyecto de Ley para el Trato Digno de los Animales de Compañía que busca promover el respeto y el reconocimiento de los derechos de este tipo de animales para así disuadir y neutralizar la violencia especista y los actos de maltrato.
Otras enfocadas en la protección social como la Ley de Prevención, Reducción y Erradicación del Embarazo a la Temprana Edad y en la Adolescencia junto a la Ley para la Prevención, Atención y Tratamiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual han sido aprobadas en primera discusión en defensa de la vida y el futuro de la juventud venezolana, dos legislaciones que han estado en boca del debate nacional fuera de lo estrictamente político y coyuntural.
Respecto a la recuperación económica del país, importante para la estabilidad social, se avanza en las leyes de Pesca, de Agave Cocui del Cocuy, de la Cerveza Artesanal y del Cacao, que aspiran a la diversificación de la economía y amplían el registro de actividades productivas en el país.
La gestión parlamentaria en 2023 ha pretendido consolidar la estabilidad social, el fortalecimiento institucional de la asamblea y la proyección de los principales debates públicos de Venezuela. La insistencia en el ejercicio de la política ha sido una clave en el avance de Venezuela en medio de tantas dificultades impuestas por la guerra híbrida estadounidense.
Se espera que en el segundo semestre del año se profundice la agenda legislativa y responda a retos como la regularización económica, el combate contra la corrupción y la defensa del país de los mismos intereses alineados al saqueo y bloqueo transnacional. Un reforzamiento de lo que hizo la Asamblea Nacional en los primeros seis meses de 2023.