El Informe Internacional de Libertad Religiosa Venezuela 2022, emitido por la Oficina Internacional de Libertad Religiosa del Departamento de Estado el pasado 15 de mayo, ha sido rechazado por la Cancillería venezolana debido a que, según su titular Yván Gil, el gobierno de Estados Unidos "continúa tomándose atribuciones que no le han otorgado mecanismos multilaterales ni otros Estados soberanos. Venezuela es un ejemplo de tolerancia y convivencia armoniosa entre culturas y religiones".
Se trata de un texto que intenta presentar episodios de confrontación entre factores políticos como "intentos del régimen de limitar las acciones y la influencia de la iglesia", mientras estigmatiza la atención por parte del Estado a las organizaciones religiosas y sus miembros dispersos en el territorio nacional.
Victimización selectiva
Todo indica que el susodicho documento busca posicionar a sujetos de la política nacional y de organizaciones no gubernamentales (ONG) para presentarlos como miembros de agrupaciones religiosas que son perseguidos, cuando en realidad su rol principal es impulsar las agendas de cambio de régimen dentro de Venezuela. Hace alusión al impasse legal entre Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, y el sacerdote Alfredo Infante, actual superior de los jesuitas en Venezuela y entonces coordinador de derechos humanos de la ONG jesuita Centro Gumilla.
En la presentación de un trabajo elaborado por Provea, el líder religioso declaró a los medios que la cifra de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por cuerpos de seguridad en la entidad regional ameritaba investigar al propio Lacava, aun cuando en el informe no se nombraba al funcionario.
Esto motivó al gobernador a introducir una demanda en su contra por difamación agravada continuada, ante lo cual Infante aclaró públicamente que la intención del informe y de las declaraciones de los activistas no consistía en acusar directa o indirectamente a Lacava. En caso de haber proseguido la demanda Infante habría contado con el derecho a la defensa y a la libertad de expresión en el marco de la ley. Misma libertad que le es negada a Julian Assange por parte de la justicia británica alentada por Washington, si hemos de comparar con otros casos.
Los sujetos políticos, pertenezcan o no a una determinada confesión religiosa, hacen parte del debate y la diatriba, de allí que su participación en temas nacionales no está exenta del intercambio de acusaciones. Esto es frecuentemente confundido con agravios a las instituciones o movimientos en los que estos actores militan. Dichos colectivos son también un factor de poder, lo que se ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia.
Smolansky y el sionismo
El reporte también acusa al gobierno venezolano de un aumento de la "retórica antisemita" debido a declaraciones personales del diputado Diosdado Cabello contra el exalcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky. Como es sabido, este activista del partido Voluntad Popular fue organizador de eventos violentos insurreccionales en 2017, e incumplió una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le ordenaba garantizar el libre tránsito en la jurisdicción.
Los señalamientos de Cabello sobre Smolansky se enfocan en su pertenencia al sionismo, movimiento político de un sector judío europeo cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, el cual demandaba la formación y consolidación del "etnoEstado" de Israel, y que se hizo hegemónico luego de su proclamación en 1948 con aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La entidad sionista ha desarrollado una política de apartheid contra el pueblo árabe palestino y el cristiano, hostigamiento que es rechazado hasta por miembros de otros sectores de la misma religión judía.
Smolansky integra el grupo de dirigentes opositores que hacen vida en el extranjero. Recientemente protagonizó el violento desalojo a un adulto mayor que rechazaba las declaraciones del exdiputado venezolano Juan Guaidó durante un evento en Washington, D.C. Pero, además, fue nombrado Comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, por lo que es conocido como un defensor de la llamada "diáspora" venezolana, fenómeno que moviliza fondos financieros e influencias a costa del sufrimiento migratorio venezolano producto de las "sanciones" contra Venezuela.
Más allá de los posicionamientos de las asociaciones vinculadas con la comunidad judía en Venezuela ante declaraciones meramente individuales, ninguna de ellas ha manifestado que su actividad religiosa sea perseguida por el Estado venezolano. Más bien ellas son acompañadas por las instituciones oficiales, que han colaborado para que sus rituales se desarrollen de manera normal mediante la gestión del ingreso al país de determinados insumos necesarios para ello.
libertad de expresión: ¿dónde?
Otro de los temas "reportados" por el Departamento de Estado tiene que ver con la situación legal de cuatro radiodifusoras en el municipio Cabimas. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) aplicó medidas administrativas a varias emisoras de radio que se habían registrado como comunitarias, pero que terminaron funcionando como órganos de difusión de iglesias cristianas evangélicas, luego de que la entidad estatal diera un lapso de varios años para su regularización. El aumento en la cantidad de medios privados con estos fines es evidente en Venezuela, para lo cual se han emitido las respectivas licencias, siempre que cumplan con los requisitos de ley.
En enero pasado el presidente Nicolás Maduro pidió a Conatel "darle todo el acceso a la iglesia evangélica a la radio y TV venezolana", aun cuando es conocida la relación de algunas de ellas con grupos económicos dentro y fuera del país. A diferencia de esto, Estados Unidos ha forzado el cierre de medios como RT America, el canal turco TRT World, los canales chinos CGTN1 y CGTN2, el canal surcoreano Arirang, Africa Today, France 24, TeleSUR de Venezuela, DW de Alemania, entre otros, al calificarlos con el estatus de "agentes extranjeros".
diálogo interreligioso e identidad nacional
El texto estadounidense presenta la presunta profanación de un tepuy al sur de Venezuela en febrero de 2022. Se trata de una celebración realizada por personas de clase pudiente que llegaron allí en helicóptero, sin ningún tipo de permiso para ello. La formación geológica es un lugar sagrado para las comunidades indígenas que viven en el territorio aledaño y los participantes fueron investigados por el Ministerio Público al indagar sobre los posibles daños ecológicos causados en el lugar. El dato curioso es que no haya reseñado la cantidad de iglesias que ingresan a estos territorios mediante procesos irregulares —por lo cual han sido expulsadas—, algunas procedentes de Estados Unidos, donde ya son un tipo de emprendimiento.
Otra de las pretendidas acusaciones del reporte son casos de agresiones, robos y hurtos a miembros de algunas iglesias cristianas, protestantes y católicas. El resumen no logra mostrar estadísticas que corroboren algún patrón criminal, como sí lo hacen reconocidos medios internacionales que registraron hasta 100 ataques contra sitios católicos en Estados Unidos desde mayo de 2020 hasta octubre de 2021, según cifras del Comité para la Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
Asimismo, comunidades judías en Estados Unidos se declararon en alerta tras una agresión a los devotos de una sinagoga en la Congregación Beth Israel de Colleyville, Texas, donde un hombre interrumpió en enero pasado un servicio de Shabat y mantuvo a cuatro personas como rehenes durante horas. CNN realizó un recuento de los distintos hechos similares a este perpetrados en los últimos años en territorio estadounidense.
El gobierno venezolano, entendiendo la importancia de la libertad de religión y de culto estipulada en el artículo 59 de la Constitución, ha implementado políticas especiales como el Plan de Atención al Buen Pastor. El Departamento de Estado, a nombre de las élites, católica y evangélica, lo presenta como "intento del régimen de aumentar el 'control e inspección' de los grupos religiosos". Sin embargo, es conocida la situación social de muchos párrocos y pastores a quienes también han afectado los efectos socioeconómicos de las "sanciones".
Llama la atención que el reporte denomine "organizaciones pro Maduro" a grupos como el Movimiento Evangélico Cristiano por Venezuela (Mocev) mientras califica de "independiente y liderado por la sociedad civil" a otros como el Foro Interreligioso Venezolano, del cual refiere que se conformó en 2020 para supuestamente coordinar "el diálogo y la creación de consenso en torno a los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho". Con ello se intenta blanquear las organizaciones patrocinadas por Washington y la satanización de las que no suscriben sus agendas.
Muchas parroquias y otros centros religiosos reciben apoyo de parte del Estado, que va desde la remodelación de templos —unos mil 700 hasta la fecha— hasta la donación de electrodomésticos y herramientas varias, sumado a un bono de ayuda y beneficio. Además, se busca profundizar en la cooperación entre estos movimientos y el gobierno en cuanto a políticas sociales, a través de misiones como Chamba Juvenil y programas culturales como Corazón Cristiano, para acercarse al diálogo interreligioso, que forma parte de la construcción de la identidad nacional.
Se trata de otro paso en el apilamiento de "informes" que intentan sembrar la narrativa de un "régimen persecutor" y proteger a actores y activos que, encubiertos bajo una figura religiosa, operan a favor de planes contra el Estado. En esta ocasión, lo "novedoso" radica en que se busca "criticar" la inclusión religiosa y de cultos en Venezuela de manera selectiva respecto a los intereses de la agenda estadounidense, con las ONG de protagonistas y su abanico de aristas para detonar conflictos artificiales.