Una de las empresas más afectadas por las medidas de máxima presión de Estados Unidos contra Venezuela ha sido Citgo Petroleum Corporation, la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) radicada en suelo estadounidense.

Al inicio del corriente mes de mayo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, Andrea Gacki, autorizó la Licencia General Nº 42, que permite la liquidación de los activos de Citgo. Esta aprobación es parte de las negociaciones para desmembrar la compañía y repartirla a los acreedores internacionales que han presentado demandas contra ella. Debido a las "sanciones" impuestas por Estados Unidos contra Venezuela no se podía proceder a la venta o negociación sin antes contar con un permiso de la OFAC. Pero a través de la licencia, el Tesoro decidió que no tomaría "medidas coercitivas para bloquear la subasta o un acuerdo sobre las acciones de Citgo, filial de PDVSA en suelo estadounidense". 

• La licencia permite a representantes de la extinta Asamblea Nacional de 2015 a actuar en nombre de Venezuela en el asunto Citgo y llevar a cabo las operaciones necesarias.
• Según informes de la agencia Bloomberg, el Departamento de Estado también les ha otorgado acceso a cuentas bancarias venezolanas que contienen alrededor de 347 millones de dólares.

Ahora se habla sobre la muy probable subasta de Citgo. En líneas generales sabemos que esta compleja situación es consecuencia de la complicidad de sectores políticos del antichavismo con intereses corporativos. Sin embargo, a la luz de este momento decisivo y su evolución es necesario hacer una recapitulación de los eventos que han conducido a este desenlace.

Bloqueo financiero y aparición de Guaidó: ¿qué significó para Citgo? 

El 21 de mayo de 2018 el presidente estadounidense Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13835 con el objetivo de prohibir la venta, transferencia o uso como garantía de cualquier entidad en territorio estadounidense en la que el gobierno venezolano tuviera una participación superior a 50%. Est artificio legal tuvo como principal objeto bloquear las operaciones financieras de Citgo. Debido a esta orden Venezuela no tendría acceso a las ganancias reportadas por la filial de PDVSA ni tampoco a combustible, repuestos y otros insumos demandados por la estatal petrolera, lo que impactó negativamente a la economía y las finanzas de la nación.

En febrero de 2019 la Asamblea Nacional liderada por los partidarios de Juan Guaidó nombró una nueva junta directiva para Citgo y PDVSA Holding (empresa matriz de Citgo, con sede en Delaware), encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá. Esto se debió a que Guaidó había sido reconocido por Estados Unidos y otros países como el "presidente interino" de Venezuela. En consecuencia, el control de la empresa petrolera pasó a manos del "falso interinato".

Luisa Palacios es una evidencia de la estrecha relación con los acreedores de Citgo que tienen algunos operadores políticos opositores, en su caso procedente desde antes de su designación como presidenta de la junta directiva ad hoc de la compañía.

Ese año PDVSA fue incluida en la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (SDN) por el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ambos funcionarios de la administración de Donald Trump. Su inclusión implicó el embargo definitivo de la empresa y sus filiales en Estados Unidos, lo que congeló cualquier propiedad o activo que tuviera PDVSA en territorio estadounidense.

A pesar del embargo, se emitieron licencias generales que permiten algunas operaciones. Una de las más importantes es la licencia 7B, que permite a Citgo seguir operando en el mercado estadounidense. Los dividendos generados se depositan en una cuenta que estaba controlada por el equipo de Juan Guaidó, mientras este contaba con el reconocimiento de Estados Unidos, y ahora es usada por los representantes de la antigua Asamblea Nacional de 2015, que ejercen funciones ilegítimas bajo el amparo de Washington.

La Colaboración en el despojo

En agosto de 2018 los activos de Citgo se convirtieron en el objetivo de la corporación Crystallex después de haber obtenido una posición ventajosa en la Corte de Delaware en relación a un litigio antiguo. En 2016 Crystallex había demandado a Venezuela por la expropiación de una mina de oro y había obtenido una sentencia favorable por 1,4 mil millones de dólares.

A partir de ahí la empresa buscó cobrar su deuda a través de los activos de Citgo. Para conseguirlo fue utilizado el argumento del "alter ego" para afirmar que PDVSA y la República Bolivariana de Venezuela constituían una misma entidad. José Ignacio Hernández fue contratado como perito de otros demandantes, Owes-Illinois, antes de convertirse en "fiscal general" del falso gobierno de Juan Guaidó. Le pagaron 163 mil dólares para presentar el argumento del "alter ego", según fuentes.

Años más tarde, con la puesta en marcha de la Operación Guaidó, esta estrategia se volvería en su contra. Había que demostrar el control directo de PDVSA por parte del falso gobierno para que el argumento del "alter ego" prosperara y, así mismo, el embargo de activos. Finalmente esto se logró cuando el juez Leonard Stark determinó que "el gobierno interino ejerció control extensivo de PDVSA al utilizar fondos de filiales de PDVSA para sus propios fines, ordenar a PDVSA hacer y suspender pagos de deuda y anunciar que la deuda de PDVSA y la República tendrían el mismo trato", según lo explicado por el economista opositor Francisco Rodríguez.

Cómo avanzaron las demandas de las transnacionales 

Las demandas de empresas transnacionales que exigen a Venezuela el pago de deudas han ganado fuerza en la corte estadounidense, en gran parte debido a la percepción del juez Stark como un depositario confiable para tomar decisiones negativas sobre los activos venezolanos en Norteamérica. También ha contribuido la defensa inexistente por parte de quienes tenían el control de facto sobre los activos, es decir, los representantes del falso gobierno de Guaidó y ahora la "comisión delegada" de la AN-2015.

Por ejemplo, en septiembre de 2021 la Corte de Delaware permitió que Guaidó llegara a un acuerdo con ConocoPhillips, otra transnacional que ha estado detrás de los recursos venezolanos desde 2007, para pagar la deuda de 1 mil 287 millones de dólares con dinero del país.

Otro ejemplo es la subasta de acciones de Citgo, ordenada por el juez Stark en octubre de 2022 para compensar a Crystallex con 970 millones de dólares. Se estableció un plazo de seis meses para obtener la aprobación de la OFAC en aras de llevar a cabo esta medida, la cual obtuvo una respuesta positiva para la transnacional.

Más adelante, en marzo de este año, la Corte de Delaware otorgó derechos a otras seis empresas para participar en la subasta de Citgo. Los reclamos de estas empresas ascienden a 2 mil 600 millones de dólares. Sin embargo, los tribunales estadounidenses suspendieron temporalmente esta orden "hasta que un panel escuche los argumentos de los abogados que representan a Venezuela —figuras del antichavismo que Estados Unidos reconoce como interlocutores—, y a las seis compañías, mediante una apelación a discutirse entre mayo y junio", reseñan los medios.

Se trata de un procedimiento judicial ordinario mientras el afectado apela la decisión, pero no garantiza que se cancele la orden de subasta completamente ya que el proceso de Crystallex, y de otros cinco acreedores demandantes, sigue en marcha. Según Rodríguez, el total de las deudas que permiten la incautación de Citgo alcanza los 7,6 mil millones de dólares.

No sólo las empresas que han demandado a la República Bolivariana tienen la mira puesta en Citgo. También hay tenedores del bono PDVSA 2020 con los que la estatal venezolana no ha podido reestructurar o renegociar su deuda debido a los impedimentos del bloqueo financiero estadounidense que prohíbe cualquier trato en esa materia de terceros con PDVSA y autoridades políticas del país.

Venezuela pierde más de 900 millones de dólares al mes

Durante su programa televisivo semanal el presidente Nicolás Maduro hizo un balance de las lesiones que el saqueo de Citgo ha dejado en el país. Se trata de por lo menos 900 millones de dólares mensuales que Venezuela ha dejado de percibir por el despojo de esta empresa.

Sobre el "gobierno interino" recaía la responsabilidad de "proteger los activos de Venezuela", según sus propias campañas, incluida la empresa subsidiaria de PDVSA. Sin embargo, su gestión ha fallado en esta tarea, lo que ha llevado a un desenlace amenazante como la subasta de Citgo.

Al revisar las fallas básicas en la gestión de los asuntos legales, se puede despejar la incógnita sobre la verdadera tarea de Guaidó y su equipo: no buscaron salvaguardar el patrimonio de Venezuela, su misión consistió en entregar los bienes a grandes corporaciones estadounidenses y en detrimento de los intereses nacionales. Todo bajo la vigilancia y el consentimiento de Estados Unidos.