Estas últimas semanas, el uribismo se ha mantenido como protagonista en los titulares noticiosos colombianos. La razón principal se debe al desarrollo de los eventos relacionados al enjuiciamiento del mentor político de Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez, el político con más acusaciones criminales en la historia contemporánea del país vecino.

Para hacerse una idea de las consecuencias que ha traído el ascenso del uribismo en la vida política de Colombia: entre 1998 y 2014, la Fiscalía de ese país registró 2 mil 248 ejecuciones extrajudiciales; 97% del total fueron durante los gobiernos de Uribe (2002–2010).

Revisemos los últimos acontecimientos en el marco de este álgido momento para los colombianos, que paralelamente están reclamándole a Iván Duque por la crisis política, social y económica que padece el país, acentuada por la pandemia de Covid-19.

¿Cómo el ex presidente colombiano terminó siendo puesto bajo arresto domiciliario?

Recordemos que el proceso judicial contra el líder del Centro Democrático por sobornos a testigos en otro caso produjo que, en agosto de este año, la Corte Suprema de Justicia ordenara su arresto domiciliario.

Desde hace más de una década, el senador Iván Cepeda conduce la elaboración de un expediente para demostrar las responsabilidades de Uribe en crímenes vinculados al paramilitarismo, narcotráfico y masacres en Colombia.

En 2012 Uribe arremetió judicialmente contra Cepeda, y en 2018 el caso dio un giro de 180 grados, cuando la Corte Suprema decidió abrir una investigación, no contra Cepeda sino contra Uribe, por presunta manipulación de testimonios de ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para construir cargos falsos contra el senador progresista.

El 18 de agosto, Uribe renunció a sus funciones en el Senado colombiano en un intento por evadir el juicio en la Corte Suprema; su abogado, Jaime Granados, solicitó a la máxima instancia judicial que delegara el caso a la Fiscalía colombiana, pues con la renuncia de Uribe al cargo de senador, ésta perdía la competencia para investigarlo.

Este martes la Corte informó en un comunicado que accedió a la solicitud de la defensa de Uribe. En el documento expresa que el traslado del caso a la Fiscalía procede "por tratarse de delitos comunes y, además, por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional de legislador, o que fueran su necesaria consecuencia”.

Uribe logró convencer a la Corte Suprema con el objetivo de que en la Fiscalía se le investigue exclusivamente por los delitos menores de fraude procesal y soborno de testigos, omitiendo profundizar en alegatos mucho más serios, por ejemplo, la evidente influencia que ejerció en la conformación de los paramilitares de las AUC.

El factor Salvatore Mancuso

Uno de los referentes del paramilitarismo colombiano de la década de los 90 y principios del siglo XXI, Salvatore Mancuso, vuelve a la escena mediática en medio de las investigaciones contra Uribe.

Mancuso, de familia de ganaderos acaudalados, ingresó al mundo del paramilitarismo en 1985, cuando armó un pequeño ejército privado para “defender” sus propiedades, según un testimonio de él difundido en 2011 por la revista colombiana Semana.

Más adelante conocería a Fidel Castaño Gil, narcotraficante considerado fundador de las AUC, y así se convertiría en uno de los máximos líderes de ese grupo irregular.

Unos 1 mil 500 crímenes (entre ellos, la masacre de El Aro, delito del que Uribe es señalado como autor intelectual) les fueron atribuidos a Mancuso cuando lo juzgaron en tribunales de paz, luego de que en 2002 él aceptara la desmovilización de los grupos que comandaba.

Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008 para ser investigado en ese país por su relación con el narcotráfico. Este hecho, que se repitió con otros actores del paramilitarismo colombiano, impidió que él revelara en sus testimonios pruebas que comprometieran la imagen de Uribe.

Recientemente, el gobierno de EEUU dio a conocer la decisión de extraditar a Colombia a Salvatore Mancuso, quien estaba esperando ser enviado a Italia después de haber cumplido una condena por narcotráfico en el Norte. Los abogados del ex miembro de las AUC interpusieron un recurso para tratar de frenar esa acción migratoria.

Mancuso declaró estar “aterrado” de regresar a Colombia, donde probablemente sea llamado a testificar para esclarecer crímenes del paramilitarismo. La cooperación de Mancuso con las investigaciones se convertiría en una amenaza para su seguridad, dice la defensa, pues “hay ‘actores poderosos’ en Colombia que utilizarían de una forma ‘impropia’ la maquinaria del gobierno y del sistema judicial en un esfuerzo desesperado para silenciarlo”.

En un testimonio de Iván Cépeda ante la Corte Suprema en el proceso contra Uribe, realizado en 2019 y revelado hace unos días, se dio a conocer que Cepeda visitó las cárceles estadounidenses en 2009 y se entrevistó con Mancuso. Las conversaciones duraron cinco horas, aproximadamente, y no se permitió hacer grabaciones.

Según el senador, Mancuso dijo que:

• Se reunió en dos oportunidades con Uribe en El Ubérrimo (hacienda propiedad del ex presidente colombiano). En otra ocasión, Salvatore lo confirmó en una entrevista televisada, sin precisar el lugar.
• La extradición de miembros de las AUC a EEUU fue provocada intencionalmente por el gobierno de Uribe para evitar sus declaraciones en los tribunales, que “iban a implicar a figuras de renombre en la vida política nacional, a empresarios y altos mandos militares”.
• Las AUC operaron “para asesinar a los integrantes de la Unión Patriótica con complicidad de la Fuerza Pública”.

Con la llegada de Mancuso a Colombia, estos testimonios hechos hace una década serían determinantes si él decide declarar contra Uribe, considerando además que la Corte Suprema solicitó al ex senador del Centro Democrático que testifique en una investigación sobre las masacres de La Granja, El Aro y San Roque, por las múltiples evidencias que lo incriminan.

El Pentágono lo supo todo desde el principio

Gracias a una serie de documentos desclasificados por el Departamento de Defensa de EEUU, a los que el Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) tuvo acceso, se supo que desde el año 2004 altos funcionarios del gobierno estadounidense estaban informados sobre las relaciones entre Uribe y los grupos paramilitares de las autodefensas colombianas.

En sus trabajos de inteligencia, Washington recopiló varias anécdotas criminales de Uribe siendo gobernador en los 90, pero del cable destaca las comunicaciones entre el fallecido Peter Rodman, funcionario del Pentágono, y Donald Rumsfeld, para entonces secretario de Defensa del primer gobierno de George W. Bush.

Rodman escribió a Rumsfeld: “Es casi seguro que Uribe tuvo nexos con los paramilitares mientras era gobernador de Antioquia”. El “casi seguro” es de un cinismo sólo comparable a las declaraciones del mismo Uribe sobre su inocencia.

Sin embargo, esta notificación no fue obstáculo para reforzar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“El liderazgo agresivo y los recientes éxitos militares de Uribe brindaron una ventana de oportunidad para asestar un golpe devastador a los narcoterroristas”, dice un memorando del Pentágono de 2003, citado por el NSA.

Uribe y Bush hijo se convirtieron en los principales rostros del Plan Colombia, una estrategia impulsada asimismo por el hoy candidato demócrata Joe Biden que, al contrario de aquellas proyecciones del Pentágono, fortaleció al narcotráfico y los grupos irregulares.

Dos décadas más tardes el negocio de la droga forma parte vital del comercio entre Washington y Bogotá.

Por otro lado, valdría la pena preguntarse si las vinculaciones de Uribe con el paramilitarismo, vía agencias estadounidenses, querrá significar que el líder del Centro Democrático está siendo una pieza que ya no parece necesaria para el Norte.

La caída absoluta de Uribe, más cerca que lejos, confirmaría dicha hipótesis, tomando en cuenta que el uribismo, con el presidente Iván Duque a la cabeza, también pasa por un momento crítico de gobernabilidad y popularidad, cuando la sociedad colombiana clama por la concreción de los acuerdos de paz, absolutamente pisoteados por la actual administración.