Para muchos ha sido una total sorpresa que el presidente Nicolás Maduro no haya viajado a Buenos Aires para participar en la VII Cumbre de la CELAC. Es un evento importante y dicha entidad fue impulsada principalmente por Venezuela desde sus comienzos hasta el presente, por lo que la representación gubernamental es fundamental en un contexto de retos hacia la integración regional.

Debe entenderse el contexto en que se cancela el viaje, bajo información de que se cuajaba un plan de agresión contra la delegación venezolana.

Desde hace un par de semanas vino en ascenso una campaña negativa contra el mandatario venezolano en Argentina con operadores políticos y judiciales de protagonistas, todos de la oposición ligada a la mutación del "interinato" ahora denominada "comisión delegada" (apoyada por Estados Unidos) y del macrismo, principalmente. El antichavismo de allá y de acá tomaron las riendas de la maniobra y alegaron que cómo era posible que un "dictador" tocara el suelo sagrado de la democracia liberal del extremo sur continental. La opinología política se mostró de nuevo en toda su miseria alrededor de ese tópico manido durante años.

A esto se le sumó la intención de judicializar la figura de Maduro en suelo argentino, si llegase a aterrizar en Ezeiza. Dos demandas fueron interpuestas ante la justicia porteña y Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana (PRO), dijo hace pocos días que "si Nicolás Maduro viene a la Argentina debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad".

Que un personaje como la Bullrich, quien ya no ejerce cargos gubernamentales y, por lo tanto, no tiene poder alguno como para hacer realidad sus sueños judiciales, refrenda una presión política y sea capaz de violentar el contexto de presencia del presidente venezolano en la VII Cumbre de la CELAC, por encima de la anuencia de Fernández para que participase, siendo éste el anfitrión de una cumbre de trascendencia continental, habla claramente de su poca consistencia como jefe de gobierno y de Estado y se muestre débil ante el resto de sus pares.

En una nota publicada recientemente en esta tribuna se sugirió que la posición del gobierno de Alberto Fernández ante el hostigamiento contra el presidente venezolano era ambigua y, además, para los fueros internos, carecía de un cuadro de seguridad digno para un Jefe de Estado que tiene una orden de captura por parte del FBI desde los años de la administración de Donald Trump. La poca firmeza frente a las amenazas que rodean al gobernante chavista provocó que Venezuela sustituyera la delegación presidencial por la presencia del canciller Yván Gil en Buenos Aires.

Vistos los acontecimientos de las últimas semanas, era de esperarse alguna eventualidad que pudiera minar la participación del presidente, teniendo en cuenta la pesada historia de la administración Fernández para garantizar la seguridad necesaria.

Tomemos como ejemplo el avión de Emtrasur y su tripulación, un caso paradigmático de reciente data; el primero fue secuestrado bajo la venia del FBI, en pleno sobrecumplimiento de las sanciones ilegales y a tono con el cuadro de asfixia que gobiernos derechistas estarían orgullosos de cumplir; con el aditivo de que los tripulantes fueron judicializados sin pruebas de ningún tipo, salvo que se califique a los rumores de "terrorismo" por parte del sionismo israelí y estadounidense como indicios de ilegalidad alguna.

Además, el gobierno de Fernández pudo haber vetado los sucesos del caso Emtrasur bajo el marco de la propia jurisdicción constitucional argentina, por lo tanto hubo un componente de negligencia en el asunto, sin embargo, pudo más la voluntad estadounidense y la ofensiva de las cloacas judiciales de Buenos Aires que la soberanía nacional. No ha habido reparación alguna por lo sucedido, y aun así el gobierno venezolano mantiene relaciones estables con Argentina.

A esto se le puede añadir el hecho de que no pudieron brindarle la seguridad necesaria a Cristina Fernández, vicepresidenta y máxima lideresa del kirchnerismo, cuando intentaron asesinarla en septiembre de 2022. Los sucesivos fallos en su círculo de protección se presentaron antes del atentado, y asimismo posteriormente, mientras ella seguía saludando a sus seguidores cerca de su residencia.

Un Estado que no puede garantizarle a un gobernante de su propio país un cuadro de seguridad mínima para su protección, ante el cuadro de amenazas constante que experimenta Cristina Fernández desde hace tiempo, mucho menos puede brindar respaldo a un presidente criminalizado como Nicolás Maduro.

La soberanía argentina está lesionada y su Estado no provee las garantías en seguridad siquiera a políticos de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, siendo los derechos humanos uno de los temas más caros a la retórica oficial de Alberto Fernández; que el mandatario venezolano no haya podido asistir a la VII Cumbre de la CELAC es un indicio diáfano de ello.