La semana pasada, la justicia británica autorizó el secuestro formal (e ilegal) de las reservas de oro del estado venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra. Se trata de mil millones de dólares en lingotes de oro (31 toneladas para ser exactos) que Venezuela buscaba utilizar para la compra de material sanitario y otros insumos urgentes con el objetivo de reforzar su lucha contra la pandemia de Covid-19.

El fallo del juez Nigel Teare, contrario a los intereses de Venezuela, se basó en la premisa de que el diputado Juan Guaidó es el “auténtico presidente de Venezuela”, reconocido así por el gobierno de Reino Unido y una decena de países proxy de Estados Unidos que impulsan una agenda de guerra diplomática y económica para derrocar el gobierno constitucional de Nicolás Maduro.

“El Gobierno de Su Majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela y, en consecuencia, no reconoce a Maduro como presidente constitucional interino (sic) de Venezuela”, afirmó Teare al momento del fallo.

El Banco Central de Venezuela había llevado el caso a los tribunales británicos ante la negativa del Banco de Inglaterra de liberar el oro, luego de agotarse un conjunto de gestiones que venían realizándose desde 2018 por parte de la institución venezolana para tomar control de los lingotes.

En tal sentido, la formalización del saqueo de los recursos de Venezuela a manos del Banco de Inglaterra implica una escalada del bloqueo económico contra el país suramericano y confirma el papel subsidiario del gobierno de Reino Unido en la campaña internacional de acoso y derribo de las instituciones venezolanas.

A su vez, el fallo de la justicia británica sienta un grave precedente en el derecho internacional e incrimina directamente a Juan Guaidó en el despojo del patrimonio público de la nación venezolana, pues desde el año pasado viene solicitando que el Banco de Inglaterra no permita el acceso del Banco Central de Venezuela a los lingotes.

Visto así, el diputado de Voluntad Popular es responsable directo no sólo del saqueo de los bienes de la República, sino también del aumento de las dificultades del país para atender la pandemia y también reactivar una economía asediada por el bloqueo estadounidense.

Pero por varias razones, el fallo del Tribunal Superior británico no corresponde a criterios legales. Incluso puede decirse que la decisión de secuestrar ilegalmente el oro venezolano ya estaba tomada desde hace años.

Esto queda demostrado desde 2018, cuando el actual primer ministro, Boris Johnson, era Ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido durante la administración de la conservadora Theresa May. A principios de ese año, Johnson afirmó: “Quizás tengamos que apretar el tornillo económico sobre Venezuela”. Toda una declaración de intenciones de lo que vendría después.

Esa declaración se dio en el marco de las gestiones del Banco Central de Venezuela para acceder al oro en el Banco de Inglaterra. En Londres, los funcionarios de la institución británica negaron varias veces la solicitud, según confirma el Financial Times.

Es decir, mucho antes de que Guaidó se autoproclamara “presidente” de Venezuela, ya el Banco de Inglaterra estaba determinado a retener ilegalmente el oro, lo que socava el argumento jurídico del Tribunal Superior británico de bloquear su liberación debido al falso interinato de Juan Guaidó.

En enero de 2019, cuando Juan Guidó saltó al vacío y se autoproclamó “presidente” con la venia de la Administración Trump, el medio financiero Bloomberg advirtió que el secretario de Estado Mike Pompeo y el para entonces asesor de Seguridad Nacional John Bolton presionaron al gobierno de Reino Unido para cortar el acceso de Maduro al oro depositado en el Banco de Inglaterra.

Estas presiones han sido confirmadas en el libro recientemente publicado por John Bolton, donde desvela que el Ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido (en su momento era Jeremy Hunt) ofreció su cooperación en la campaña de cambio de régimen congelando el oro venezolano poco después de la autoproclamación de Guaidó.

Días después, Hunt pidió públicamente al Banco de Inglaterra que impidiera el acceso a los fondos por parte de las autoridades venezolanas. Esta exigencia pública se debe a que el banco británico, desde 1997, es una institución autónoma en su funcionamiento y el ejecutivo no puede interferir directamente en sus decisiones.

Pero las presiones del gobierno cumplieron su papel y el Banco de Inglaterra retuvo el oro alinéandose con el reconocimiento de Juan Guaidó por parte de la Foreing Office, decisión que se oficializó a principios de febrero.

A lo largo de 2019, el Banco de Inglaterra justificó su negativa de liberar los fondos debido a las sanciones estadounidenses contra el Banco Central de Venezuela. Con este argumento, el Reino Unido admitió que un país extranjero, en este caso EEUU, ejerce su jurisdicción en territorio británico por encima de sus propias leyes nacionales. Otra declaración de intenciones.

Este recorrido de declaraciones, presiones subterráneas y acuerdos políticos con la Administración Trump dejan ver que la decisión de la justicia británica no corresponde a ningún criterio legal. Ya la decisión estaba tomada. Desde 2018 se venía trabajando con insistencia para secuestrar el oro de Venezuela como una herramienta complementaria del bloqueo económico contra el país suramericano, apoyada hoy en el reconocimiento del gobierno imaginario de Guaidó.

La decisión de la justicia británica fue un simulacro para formalizar el saqueo que ya venía ocurriendo de facto desde hace dos años.

Y no se podía esperar otra cosa de Reino Unido. En el siglo XIX apuntaló el despojo del territorio Esequibo y estuvo a punto de intervenir militarmente en medio de la guerra federal a favor de la oligarquía venezolana, tras la ofrenda realizada por los ancestros de Leopoldo López y María Corina Machado, Juan José Mendoza y Nicómedes Zuloaga, que consistía en entregar toda Guayana a la corona británica a cambio de entrar en el conflicto y destruir al ejército de Ezequiel Zamora.

Empezando el siglo XX, la marina del Imperio británico llevó a cabo un bloqueo naval a Venezuela y bombardeó sus principales puertos para exigir la devolución de una deuda contraída con compañías inglesas.

Las decisiones actuales parecen cortadas por este comportamiento imperial que sigue determinando la política exterior de Reino Unido. Un retorno a la diplomacia de las cañoneras.