Un giro de 180 grados respecto a las próximas políticas gubernamentales de Colombia supondría la apertura de la frontera como la reanudación de relaciones con Venezuela y el apoyo a la paz por parte de la futura administración de Gustavo Petro.
En lo referente a la normalización de relaciones con Venezuela, que tiene con Colombia una frontera de 2 mil 219 kilómetros, ya ha habido pasos determinantes: la semana pasada el canciller venezolano, Carlos Faría, y el canciller designado, Álvaro Leyva, anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en todos los niveles, con un "inmediato" nombramiento de embajadores, una vez se instale el nuevo gobierno el próximo 7 de agosto.
Fronteras calientes
Iván Duque heredó y agudizó la crisis entre Colombia y Venezuela al punto de la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares. En este período, la Casa de Nariño dejó a la deriva factores humanitarios, económicos y de seguridad de la frontera entre ambos países al refugiarse en un discurso de confrontación, acusaciones y acciones abiertamente golpistas.
Un informe conjunto de varias organizaciones de derechos humanos señala que Duque deja una nación envuelta en "la crisis humanitaria más grande desde que se firmó el Acuerdo de Paz" firmado con las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016.
La simbiosis del gobernante saliente con grupos paramilitares se hizo evidente en el marco del Plan Guaidó, no solo mediante fotos que circularon por las redes sociales y medios de comunicación sino durante la Operación Gedeón, un intento de invasión mercenaria a Venezuela.
La ruptura de relaciones con la República Bolivariana facilitó la creación de pasos fronterizos (trochas) en donde grupos criminales han maltratado a la población que por allí circula. Al estímulo de una "crisis humanitaria" le siguió la creación de negocios ilícitos como la trata de personas y la falta de comunicación entre los dos gobiernos permitió que grupos armados ilegales tuvieran mayor control en esa zona, lo cual los fortaleció.
Los problemas fronterizos que hallará el gobierno encabezado por Petro no solo tienen que ver con dificultades en la frontera con Venezuela: desde 2018 la frontera entre Colombia y Ecuador se convirtió en otro eje de la historia de narcotráfico, violencia y secuestros protagonizado por grupos armados. En ese año, por poner un ejemplo, luego de una secuencia de atentados, grupos irregulares secuestraron y mataron a dos periodistas y el chófer del diario El Comercio de Ecuador; luego hicieron lo mismo con una pareja de comerciantes.
En el departamento de Nariño se realizaron ataques con explosivos que llegaron a dejar a oscuras a Tumaco, un poblado fronterizo de unos 200 mil habitantes, que concentra el mayor número de narcocultivos en el mundo, zona de dominio de las exFARC y que ahora se disputan varios grupos armados.
En la frontera con Venezuela, según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar, durante el período 2015-2022 (junio), en Norte de Santander ocurrieron 4 mil 927 acciones violentas, cometidas por grupos armados colombianos, 74% de ellas en el corredor estratégico de Villa del Rosario, Cúcuta y Tibú.
Además, Progresar ha identificado 12 estructuras armadas ilegales colombianas, que operan a lo largo de los 422 kilómetros de frontera entre Norte de Santander y Venezuela, a saber: guerrillas, paramilitares, bandas criminales y grupos delincuenciales transnacionales como los cárteles mexicanos.
Distinto a lo que pudiera considerarse, su director Wilfredo Cañizares afirma que, a lo largo de la frontera con Venezuela, Colombia posee una fuerte presencia institucional y que no hay "ausencia de Estado". Se trata de territorios que, en su gran mayoría, se ubican cerca de los grandes centros urbanos del departamento y de fácil acceso, en donde la fuerza pública ejerce permanente presencia. Tal afirmación pudiera denotar que la falta de voluntad política del gobierno uribista y su simbiosis con el paramilitarismo han sido impulsoras de la violencia.
Una nota del medio alemán DW reseña un informe del saliente gobierno de Duque que afirmaba que en febrero del presente año ya se contaban unas 86 personas asesinadas en la frontera de Colombia con Venezuela, muchas de ellas debido a los presuntos enfrentamientos entre las "disidencias" de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero en la publicación se omiten las acciones de los otros diez grupos que incluyen al Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y Los Rastrojos.
La ONU exhorta a Petro
Manifestando su respaldo a la propuesta "paz total" de Petro que plantea, entre otras cosas, la reinstalación de la mesa de diálogos con el ELN, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, publicado el pasado 26 de julio, calificó de "insuficiente" la labor de Duque para frenar o al menos reducir la violencia en Colombia durante su mandato.
El mandatario saliente prometió no "hacer trizas" el acuerdo de paz de 2016 firmado entre el Estado colombiano y las FARC, pero a lo largo de su mandato mantuvo fricciones con el Sistema Integral para la Paz, que incluye tanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como a la Comisión de la Verdad. Duque intentó modificar al tribunal de paz, pero recibió el rechazo del Congreso y de la Corte Constitucional apenas visitó la JEP en noviembre pasado para la conmemoración de los cinco años de la firma de los acuerdos, y fue displicente con muchas iniciativas relacionadas con los mismos.
Petro se encuentra ante el reto de enfrentar tanto a los grupos armados como a las organizaciones criminales sin dejar de proteger a las poblaciones afectadas. La estrategia del Estado debe superar lo netamente militar, que se mide en capturas y bajas, para buscar el bienestar de las comunidades y la protección de sus derechos.
En el informe se señala cómo la vía militar no tuvo efecto en el combate a las organizaciones armadas que mutaron y cambiaron de liderazgo con facilidad, sosteniendo la violencia principalmente en el Pacífico, la Costa Caribe y en la frontera con Venezuela. Estas son justamente las regiones donde más ausente está el Estado y hay más presencia de pobreza multidimensional. Otros datos:
- La tasa de homicidios llegó a 26,85 por cada 100 mil habitantes en 2021, más de tres puntos con respecto a 2020.
- Desde 2016 han asesinado a 562 líderes sociales y las amenazas a ellos se cuentan en miles, producto de una estigmatización que es rechazada por la Oficina de la ONU.
- Desde la firma de la paz, 327 excombatientes de las FARC han sido acribillados.
- Solo en 2021, casi 74 mil personas fueron desplazadas.
- Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 98 casos de reclutamiento forzado de menores de edad se registraron el año pasado.
- El año 2021 dejó casi 500 víctimas de explosivos.
Para alcanzar la paz duradera prometida por el acuerdo, reclamada por las comunidades en los territorios, el informe plantea recomendaciones al gobierno entrante en tres ejes:
- Reducir hasta eliminar la presencia de grupos armados en los territorios mediante una política estatal de desmantelamiento, estrategias de sometimiento colectivo, entre otras acciones.
- Priorizar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), ejes importantes en la implementación del Acuerdo de Paz.
- Consolidar el Estado de derecho, reforzando la capacidad de los gobiernos locales y recuperando la confianza en la institucionalidad.
Además, la Oficina destaca las audiencias de reconocimiento de responsabilidades llevadas a cabo por la JEP, pero reclamó mayor "apertura" por parte de las instituciones del Estado para reconocer la responsabilidad estatal en la violencia, lo que ayudaría a "consolidar el Estado de derecho y fortalecer la confianza en la institucionalidad", según el informe.
Cañizares ha afirmado que la expectativa con la eventual administración Petro es que cuente con quienes habitan dichos territorios: "Los que sufrimos todo el tiempo el control real por parte de grupos armados y en consecuencia la inacción gubernamental".
¿Relaciones para la paz?
Según un balance del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), hay seis conflictos armados internos entre diversos actores en Colombia, además el reporte advierte que en el primer semestre de 2022 se ha visto un aumento significativo de la violencia, con el consecuente incremento del sufrimiento para la población civil.
La ausencia del Estado colombiano, tanto en el abordaje integral de la lucha contra la pobreza como en la cooperación con vecinos como Venezuela, produjo un amplio espectro de grupos con estructuras más fracturadas que ocupó el vacío que dejaron las FARC luego del desarme. De allí el incesante asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes, también la reciente oleada de atentados contra la fuerza pública, atribuidos al Clan del Golfo, grupo que Duque había asegurado haber exterminado luego de apresar y extraditar a Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel".
El informe de la ONU también denuncia que la Comisión de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz como espacio de concertación con la sociedad civil para adoptar, entre otras cosas, un plan de acción para combatir y desmantelar las organizaciones armadas ilegales, solo se ha reunido 22 veces en seis años, cuando debería haberlo hecho al menos en 72 oportunidades.
El pasado viernes 29, Petro estuvo reunido con embajadores de América Latina y del Caribe en la residencia del embajador de Chile en Colombia, Ricardo Hernández, y afirmó:
"Indudablemente el tema de la paz de Colombia es un tema neurálgico para todo el continente y apunta hacia problemas complejos como el narcotráfico que también se ha vuelto un problema multinacional con una gran descarga de violencia en el continente".
Sobre la reapertura de la frontera con Venezuela y el restablecimiento de relaciones, afirmó que espera "una reactivación económica en la zona" y que "ojalá las cooperativas, las personas dedicadas a la producción, independientemente de su poder económico, se alisten para reactivar unos intercambios que nunca debieron ser suspendidos".
La actividad económica entre los estados Táchira y Norte de Santander ha sido afectada por delitos de guerrillas, paramilitares, bandas criminales y grupos delincuenciales transnacionales como los cárteles mexicanos. El Estado venezolano ha puesto en guardia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para combatir dichos actores y sus flagelos.
En la reunión en la que fueron abordados temas como la lucha contra las drogas, la crisis climática, la descarbonización de la economía y la importancia de la implementación de paz, Petro aseguró que su principal interés de restablecer las relaciones diplomáticas es por las poblaciones de ambos países, que en muchos casos tienen familias, y por la reactivación económica y del comercio en la frontera colombo-venezolana.
También prometió darle un nuevo impulso a la implementación del acuerdo de paz de 2016 y retomar los diálogos con el ELN, debilitados por la administración Duque, así como avanzar en una política de sometimiento a la justicia para otros grupos criminales, en particular el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante, heredera de los paramilitares.
Respecto a las relaciones con Venezuela, el reto de Gustavo Petro y de la amplia coalición de partidos que le acompañaría en el próximo cuatrienio tiene a la seguridad y a la economía como prioridad. La pobreza multidimensional es un factor estructurador de violencia, también lo es la ausencia (por omisión) integral del Estado. Un enfoque centrado en los derechos socioeconómicos y en la participación de la ciudadanía permitiría rehacer un tejido social que apunte a la vida, antes que al miedo y la violencia.