Las relaciones entre el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el movimiento indígena llegaron a su peor momento luego de que este sector convocara a un paro nacional el pasado 13 de junio para exigir al gobierno reformas sociales y económicas, en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Leonidas Iza, se ha sumado a los dirigentes de la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), la Federación Nacional de Campesinos (Fenoc) y la Federación de Indígenas del Ecuador (FEI) y se niegan, de momento, a entablar un diálogo ofrecido en reiteradas ocasiones por Lasso al considerar que las diferentes conversaciones mantenidas a lo largo de su primer año de mandato no han dado sus frutos.
No hay uno sino 10 motivos para que la oleada de protestas llegara a un punto de no retorno. Se trata de las exigencias en materia económica y derechos que son compartidas por "bananeros, arroceros, maiceros de la Costa, floricultores, campesinos de la Amazonía, pescadores, comunidades afectadas por la minería a gran escala, pobladores de barrios, asociaciones de médicos, jubilados, sindicatos públicos, estudiantes, transportistas, mujeres, diversidades y juventudes" sumados al conflicto.
Las diferencias entre los movimientos sociales y Lasso parecieran irreconciliables debido a que, como era de esperarse, el exbanquero de derecha ha aplicado medidas neoliberales que dejan la parte ancha para las élites económicas mientras que a las clases trabajadoras les ha tocado la parte estrecha:
- Reducción del gasto en servicios públicos y de las políticas sociales como la salud pública que, en plena pandemia, fue reducida un 7,99% en comparación con 2019.
- Aumento de la pobreza por ingresos de un 25% en diciembre de 2019 a un 32% en diciembre de 2020, lo cual comienza a recuperarse tímidamente en 2022.
- En 2019, la emigración aumentó un 4,62%, y en 2021, las remesas exteriores aumentaron un 31%.
- La emigración (+4,62%) y las remesas desde el exterior (+31%) aumentaron a cifras de 1998, desde entonces no se vivía una ola migratoria tan importante.
- Aumento de la tasa de homicidios a 13,13 por cada 100 mil habitantes, el peor índice de los últimos 10 años, y en abril pasado se doblaron las cifras respecto al año anterior.
Un par de puntos álgidos atizaron la indignación del sector indígena: la detención de Iza el pasado 14 de junio con su consecuente liberación a menos de 24 horas por orden de una jueza y el atentado que sufrió el sábado 18 cuando se encontraba estacionando su vehículo, afortunadamente salió ileso.
Los cuerpos de seguridad tomaron la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito para evitar que se repitieran las escenas de octubre de 2019, cuando otra ola de protestas liderada por la Conaie acabó con violentos enfrentamientos, altercados en el centro de la capital, un saldo de una decena de muertos y unos 1 mil 500 heridos en todo el país. En aquellos 15 días de paro nacional la movilización social de los sectores indígenas, único movimiento a nivel nacional capaz de paralizar el país, no consiguió destituir al expresidente Lenín Moreno pero sí una victoria parcial paralizando la eliminación de los subsidios a la gasolina.
Un año de Lasso: Del apoyo al caos social
El movimiento indígena está totalmente dividido entre la Conaie, su dirección ideológica, y su expresión partidista, Pachakutik, que apoyó a Lasso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Andrés Arauz. Por su parte, Leonidas Iza, situado en el ala izquierdista y ahora presidente de la Conaie, ha llegado a declarar recientemente que "vamos a limpiar a Pachakutik" y, en abril pasado, seis asambleístas fueron expulsados del grupo parlamentario de Pachakutik por sus discrepancias en el apoyo sistemático de este partido a las políticas neoliberales de Lasso.
El levantamiento actual ocurre luego de agotar las instancias de diálogo con la administración Lasso del 11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre del año 2021. Además el movimiento indígena pidió que los diálogos fueran televisados "en ejercicio de la democracia y derecho a la participación política, por responsabilidad y transparencia con el país", pero dicha petición fue negada por el Ejecutivo.
En octubre de ese año una coalición de organizaciones indígenas y ONG presentaron ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda de inconstitucionalidad a un decreto presidencial que promovía duplicar la producción petrolífera en el país. El presidente de la Confeniae, Marlon Vargas, exigió al Gobierno como condiciones para el diálogo "la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas hace 50 años", luego de que Lasso emitiera el Decreto Ejecutivo 95 del 7 de julio, que ordenaba varias acciones para incrementar la producción de petróleo de menos de 500 mil barriles diarios a un millón.
El pasado 24 de mayo, al cumplir un año de su juramentación, Lasso ofreció su primer informe de gestión a la nación ante la Asamblea Nacional mencionando lo que hizo, lo que planea hacer para el segundo año de gobierno e incluso hasta terminar su mandato en 2025, pero no presentó ninguna cifra sobre temas de seguridad, uno de los puntos débiles de su gestión.
El estado de excepción decretado en abril en las provincias de Guayas, Guanabí y Esmeraldas con la movilización de 4 mil policías y 5 mil militares no detuvo una ola de episodios criminales nunca antes vistos. Ecuador presenció en su territorio explosiones de coches bombas atribuidas a bandas del narcotráfico y denuncias de extorsión y amenazas a comerciantes en zonas empobrecidas bajo el control del crimen.
Mientras algunos presos, miembros de narcobandas rivales, se disputaban el poder mediante una masacre en la Penitenciaría del Litoral, las redes sociales vieron circular fotos de la recepción de gala ofrecida por Lasso junto a funcionarios de alto rango. A esa masacre le siguieron cuatro más en otros centros penitenciarios, con un saldo de 282 muertes.
Más promesas incumplidas:
- No mejoró el sistema de entrega de cupos para la educación superior.
- El día de la mujer (8 de marzo) vetó el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación para establecer plazos tan reducidos que dificultan el acceso a un aborto a las víctimas.
- No ha podido detener el deterioro en la atención de los hospitales públicos.
- A los 16 cambios del gabinete presidencial en 11 meses se suma la incapacidad de su gobierno para establecer acuerdos políticos en la Asamblea Nacional y la pérdida de apoyo en proyectos de ley que consideraba clave para incentivar inversiones y reformar la legislación laboral.
Protestas y represión desatadas
Luego de la detención de Iza, considerada arbitraria, se desataron acciones violentas por parte de cuerpos del Estado que, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, resultaron en 79 detenciones entre el 13 y el 19 de junio. Además reportan 61 personas heridas, cinco de ellas con daños oculares y 18 con heridas graves.
Se reportó un manifestante fallecido que cayó a una quebrada en su intento por llegar a Quito, donde el movimiento indígena ha querido concentrar la movilización y desafiar el Estado de Excepción decretado por Lasso.
También, el dirigente indígena Byron Guatatoca fue asesinado por impacto de bomba lacrimógena en la cabeza en la ciudad de Puyo.
La dirigencia indígena, que ha ratificado que no se retirará de las calles ni depondrá el paro nacional indefinido, también ha insistido en que el gobierna busca desprestigiar la protesta con infiltrados y desinformación.
Los abusos estatales han sido mucho más frecuentes, por supuesto más violentos, pero justificados por los grandes medios de comunicación, demostrando su plena identificación con el poder y el uso de la fuerza contra el pueblo. Se rechaza el llamado al diálogo repetitivo y vacío de Lasso, quien ni siquiera logra definir lugar ni temas, pero ello le funciona para enmascarar el uso de la fuerza represiva.
- Conaie pide garantías para sentarse a negociar: derogar el Estado de Excepción y desmilitarizar el parque de El Arbolito y la Casa de la Cultura. El ministro de gobierno rechazó las "condiciones" de Conaie.
El pasado viernes 17 anunció el Estado de Excepción por 30 días en las provincias andinas de Pichincha, cuya capital es Quito, Imbabura (norte) y Cotopaxi (sur), las más afectadas por las movilizaciones y protestas, luego fue extendido a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza. Además movilizó a las Fuerzas Armadas ante una "grave conmoción interna" y ordenó un toque de queda entre las 22H00 y 05H00 locales. Prohibió además cualquier concentración de protestas en las mencionadas provincias.
Afirmó que las protestas buscan derrocarlo y que él no va a escapar.
"Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz; ellos buscan el caos. Quieren botar [destituir] al presidente. Yo estoy aquí, no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias (…) Democracia o paro esa es la gran batalla, batalla por la Democracia", dijo Lasso en un video difundido en su cuenta de la red social Twitter.
Algunas medidas más:
- El decreto disponía que el gobierno podría requerir "a los prestadores que operan redes públicas de telecomunicaciones la suspensión, degradación de calidad, o la limitación temporal de los servicios de telecomunicaciones". Esto fue rechazado y retirado en una segunda versión, que es la vigente.
- Impedimento total de las protestas, anuncio de "fuerza letal" contra manifestantes de ser "necesario" y violaciones a la privacidad del hogar con allanamientos sin orden judicial (Artículos 6, 12 y 16).
- Toque de queda y suspensión del libre ejercicio de la libertad de reunión y asociación en las tres provincias, aunque respaldó públicamente una marcha convocada por la derecha que se realizaría el sábado 18.
Entretanto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmó que las manifestaciones tuvieron actos de violencia con las fuerzas de seguridad que dejaron 61 agentes heridos hasta ahora, así como 14 policías temporalmente retenidos por manifestantes, dos vehículos destruidos y otros 21 con distintos daños.
Entre las medidas que ha tomado el gobierno están la aprobación de la subvención hasta un 50% de la urea, que se utiliza como fertilizante, la condonación de las deudas vencidas de familias campesinas de hasta 3 mil dólares, reducción de la tasa de interés del 10% al 5% para los créditos vigentes, aumento del bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares y duplicación del presupuesto para la educación intercultural.
Además anunció, sin especificaciones, definiciones ni planificaciones que no subirá el precio de los combustibles o que no privatizará servicios públicos o sectores estratégicos.
Mientras tanto la oposición ha solicitado un proceso revocatorio contra Lasso y su vicepresidente debido a que han incumplido el plan de gobierno que presentaron al inicio de su mandato. La implementación de las medidas neoliberales que logró disfrazar durante la campaña electoral es inminente, se lo exigen quienes financiaron e impulsaron su candidatura y el exbanquero está ante la decisión de su vida.