Por fin, la medida que iba a surgir como un "cambio de paradigma" en la política exterior estadounidense respecto a Venezuela, de acuerdo a algunos analistas y comentaristas políticas de distinto bando, se dio a conocer hoy, 27 de mayo, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

Estados Unidos emitió la licencia general N°. 8J que da permiso a Chevron y otras cuatro compañías petroleras norteamericanas a proseguir sus operaciones en suelo (y subsuelo) venezolano hasta diciembre de 2022, las mismas que vinieron haciendo desde hace años y que fueron paralizadas por las órdenes ejecutivas de noviembre de 2018 y enero y agosto de 2019, firmadas durante el gobierno del magnate Donald Trump.

Dicha licencia provee medidas "normalmente incidentales y necesarias para el mantenimiento limitado de operaciones esenciales, contratos u otros acuerdos" para "la seguridad o la preservación de activos en Venezuela" que "involucre a PDVSA o a cualquier entidad que PDVSA posea, directa o indirectamente, con una participación del 50% o más".

La autorización de la OFAC, por ello, da pie para que las corporaciones estadounidenses cumplan con "las transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela; la participación de los accionistas y reuniones de la junta directiva; hacer pagos a terceros de facturas por las operaciones y actividades autorizadas (…); el pago de los impuestos locales y la compra de los servicios públicos en Venezuela; y el pago de los sueldos de los empleados y contratistas en Venezuela".

Todo esto en cuanto a lo que pueden hacer las empresas petroleras en territorio venezolano. Con relación a lo que aún está prohibido:

1. La perforación, levantamiento, procesamiento, o compra o venta, o el transporte o el envío de cualquier producto petrolero de petróleo o productos derivados del petróleo de origen venezolano;

2. la prestación o recepción de seguros o de reaseguros con respecto a las transacciones y actividades descritas en el anterior párrafo;

3. el diseño, construcción, instalación, reparación o mejora de cualquiera de los pozos y otras instalaciones o infraestructura en Venezuela, o la compra o prestación de bienes o servicios, salvo que sea necesario para la seguridad;

4. la contratación de personal adicional o servicios, salvo que sea necesario para la seguridad; o

5. el pago de cualquier dividendo, incluyendo en especie, a PDVSA, o cualquier entidad en la que PDVSA es propietaria, directa o indirectamente, un 50% o más de interés.

El permiso del Departamento del Tesoro tampoco autoriza a las empresas estadounidenses "las transacciones o relaciones de negocios relacionados con la exportación o re-exportación de diluyentes, directa o indirectamente, a Venezuela", ni "créditos a la acumulación de la deuda adicional por el uso, o la subvención de PDVSA, o cualquier entidad en la cual PDVSA es propietaria, directa o indirectamente, un 50% o más de interés, incluyendo en especie".

Es decir, que las corporaciones involucradas en negocios petroleros en Venezuela están autorizadas a seguir operando con los recursos y el personal que ya estaban siendo utilizados a sus fines, y no pueden sumarle a todo aquello mayor capital (ni material ni humano).

El objetivo técnico de esta licencia consiste en darle la oportunidad a las corporaciones petroleras estadounidenses en cuestión cauterizar la herida abierta de las deudas que acumulan en la República Bolivariana. Razón principal por la que han estado presionando a la administración de Joe Biden para que autorizasen esta medida.

Endeudados Inc.

Son cinco las empresas que recibieron el beneficio de la Casa Blanca.

• Chevron Corporation, con sede en San Ramón, California.
• Halliburton, con sede en Houston, Texas.
• Schlumberger Limited, con sede en Houston, Texas.
• Baker Hughes Holdings LLC, con sede en Houston, Texas.
• Weatherford International, Public Limited Company, con sede en Houston, Texas.

De todas estas, la mayor es Chevron, hija californiana de la disolución de la Standard Oil en 1911, que pertenecía a la poderosa familia de John D. Rockefeller.

Chevron tiene cuatro proyectos en Venezuela: Petropiar y Petroindependencia en la Faja Petrolífera del Orinoco, la primera con una participación del 30% y la segunda con un 34%; y Petroboscan y Petroindependiente en las orillas del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, la primera con una participación del 39,2% y la segunda con un 25,2%. Los porcentajes restantes pertenecen a PDVSA.

Hasta la emisión de la presente licencia general N°. 8J, la compañía estadounidense contaba con una autorización que le permitía realizar operaciones mínimas de mantenimiento en Venezuela.

Un reporte de Voz de América afirma, citando a Ray Fohr, portavoz de Chevron, que la empresa tiene una deuda de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Con la 8J, tendrá la oportunidad de cumplir con parte de sus obligaciones financieras con la extracción y exportación de crudo.

El artículo de Voz de América refiere sobre un especialista petrolero venezolano, Antonio De La Cruz, quien explica que, antes de la presente licencia, Chevron estaba "produciendo unos 120 mil o 130 mil barriles al día. Puede llevarlos a 400 mil barriles y los otros 400 mil (para sumar 800 mil) es producción que le daría PDVSA para su comercialización".

Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por la OFAC, no sería posible surtir al mercado "los otros 400 mil", pues está prohibido de acuerdo a las tres órdenes ejecutivas citadas anteriormente en esta nota.

Las otras cuatro compañías norteamericanas también estuvieron supeditadas a la venia de las anteriores licencias, que restringían tremendamente sus operaciones en nuestros países.

Halliburton, por su parte, había anunciado el 29 de diciembre del año pasado el cese de sus operaciones debido a las medidas coercitivas de Washington sobre la República Bolivariana. Para 2018, calculaba una deuda de 647 millones de dólares.

Schlumberger Limited, para finales de 2017, había contabilizado una deducción antes de impuestos de 938 millones de dólares en Venezuela.

La restricción de las operaciones de producción y comercialización de las empresas petroleras estadounidenses debido a las órdenes ejecutivas de la administración Trump creó un caos en los libros de contabilidad de las empresas, por lo que decidieron, con el Partido Demócrata a la cabeza de la Casa Blanca, presionar por un “cambio de paradigma” en su relación corporativa en territorio venezolano, a pesar del contexto coercitivo.

Un granito más en su campaña de relaciones públicas

El gobierno de Joe Biden emite esta licencia general con el fin de darle un respiro a las corporaciones estadounidenses. No tiene nada que ver con un alivio de las "sanciones" de Estados Unidos contra Venezuela, ni un "giro" en su política exterior en relación.

Por ejemplo, lo que podría aportar Chevron en términos de producción petrolera (400 mil barriles por día) no podría subir la cuota de mercado que permitiría bajar los precios de manera importante, que tanto urge a la sociedad estadounidense debido al alza de los productos derivados de esa industria.

Además, continúa la prohibición de comercializar en Estados Unidos el petróleo de la parte venezolana de las empresas mixtas en Zulia y la Faja del Orinoco, por lo que esa cuota no repercutiría en el mercado energético de Norteamérica. Ni tampoco sería tomada en cuenta en la dieta del complejo refinador del Golfo de México, adecuado para el crudo extrapesado que se extrae del subsuelo venezolano.

Por ende, la licencia a Chevron & Cía no tendría un impacto significativo en el cuadro de recesión económica actual en Estados Unidos.

Todo apunta a que este "gesto de buena fe" forma parte de una campaña de relaciones públicas para que la administración Biden se venda a sí misma como una entidad benévola ante el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo a esta jugada, que prometía darse en el marco del reinicio de la mesa de diálogo en México, la pelota estaría del lado venezolano, recibida por Washington con la “promesa” de mayores medidas indulgentes si los resultados de las negociaciones con la delegación opositora de la Plataforma Unitaria cumplen con las prerrogativas de la Casa Blanca.

Podría afirmarse que esto figura como un bluff por parte de Washington, tomando en cuenta que ha sido el propio Gobierno Bolivariano el principal promotor de los escenarios de diálogo nacional, conciliación política y negociaciones en pro de la población venezolana. De hecho, las continuas agresiones de Estados Unidos contra nuestro país han entorpecido todo acercamiento entre chavismo y oposiciones a lo largo de los últimos años. Así se ha atestiguado durante los intentos de conversaciones pacíficas en República Dominicana y otras latitudes, con acompañamiento de distintos actores internacionales.

¿Con esta medida el gobierno de Biden cree que pueda construir un contexto de intriga en la relación de Venezuela con Rusia? Es dudoso debido a los lazos cada vez más estrechos entre la potencia emergente y la República Bolivariana, notorios durante el Foro Económico Euroasiático, celebrado en la capital de Kirguistán, Biskek, donde la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez afirmó que el vínculo económico, financiero y comercial entre nuestro país y Eurasia está abierto a muchas posibilidades de cooperación mutua.

En conclusión, la licencia general N° 8J representa un amago de las "buenas intenciones" que tiene Estados Unidos respecto a Venezuela, pues realmente no otorga nada en cuanto a un “alivio” con relación al bloqueo económico, financiero y comercial contra la República entera y espera a cambio todo.