La multinacional petrolera Repsol, con sede en Madrid, no ha dado la cara por el daño causado en las costas de Perú tras un derrame de aproximadamente 6 mil barriles de crudo, lo que significa un impacto importante para el ecosistema de la zona.

El derrame se produjo el 15 de enero y, de acuerdo a la compañía, fue causado por la violencia del oleaje como consecuencia de la erupción volcánica submarina en Tonga. Al día siguiente de la catástrofe, la empresa dijo que el incidente fue rápidamente superado. Sin embargo, el daño era demasiado evidente y a los pocos días se hicieron virales fotos y videos que mostraban el desastre ecológico.

La fuga de petróleo contaminó 21 playas en Lima y Callao, así como dos áreas protegidas. Medios afirman que el desastre ambiental paralizó la actividad de más de 3 mil pescadores y el turismo.

El capitán de un buque italiano, que descargaba petróleo en una refinería operada por Repsol, lanzó una protesta contra la empresa española por incurrir en nueve fallos tras el derrame de mediados de enero.

Por su parte, el gobierno peruano evalúa la imposición de una multa de 18 millones de soles, equivalente a 4,6 millones de dólares, por incumplimiento de una serie de tareas impuestas para limpiar el derrame de crudo. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró este miércoles 26 de enero que una de esas primeras tareas consistía en la identificación de las zonas afectadas, la contención y recuperación del hidrocarburo derramado.

Luego ocurrió un segundo derrame, lo que agrava la situación.

No es la primera vez que una trasnacional petrolera incurre en delitos ambientales. Empresas que explotan recursos naturales en otros países y engrosan sus capitales sin asumir responsabilidades como la de este caso. Repsol tiene un historial de irresponsabilidad social, estafa, evasión fiscal y apropiación indebida de subvenciones.