Ha resonado poco en medios corporativos la condena de Steven Donziger, el abogado de derechos humanos que pasó casi tres décadas luchando contra Chevron en nombre de 30 mil personas en la selva ecuatoriana, quien fue sentenciado por un tribunal de Manhattan (Nueva York) a seis meses de cárcel por "desacato criminal" (criminal contempt).

La condena se dio el pasado viernes 1° de octubre, luego de más de dos años de arresto domiciliario relacionado con la famosa demanda que presentó hace décadas contra el gigante petrolero Chevron.

La sentencia contra el abogado ambientalista se produjo un día después de que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias afirmara que estaba "consternado" por el trato que dio el sistema legal estadounidense a Dozinger y exigió al gobierno estadounidense "remediar la situación del Sr. Steven Donziger sin demora y traerla de conformidad con las normas internacionales pertinentes", liberándolo de inmediato.

Sus abogados impugnarán la condena penal por desacato y también pedirán a un tribunal superior que posponga su sentencia de prisión en espera de esa apelación. Pero la jueza Loretta Preska lo mantendrá bajo arresto domiciliario, llamándolo una vez más un "riesgo de fuga" debido a sus "contactos" en Ecuador.

Durante el juicio, Donziger dijo al tribunal:

"He sido atacado y demonizado durante años por Chevron en represalia por ayudar a los pueblos indígenas en Ecuador a intentar hacer algo para salvar sus culturas, sus vidas y nuestro planeta frente a la contaminación masiva de petróleo. Ese es el contexto de por qué estamos aquí hoy".

En efecto, Chevron provocó un envenenamiento industrial masivo en la Amazonía que hizo trizas la vida de los pueblos indígenas en la región. Seis tribunales y 28 jueces de apelación declararon culpable a la empresa en gran parte debido a la labor de Donziger.

Desastre y vendetta de Texaco/Chevron

Donziger representó a un grupo de agricultores y pueblos indígenas en la región de Lago Agrio de Ecuador en la década de 1990 en una demanda contra Texaco, adquirida luego por Chevron. La empresa fue acusada de contaminar el suelo y el agua con su "vertido deliberado de miles de millones de galones de desechos cancerígenos en el Amazonas".

Se dice que el tamaño de la zona contaminada es de más de 2 millones de hectáreas, más grande que Rhode Island (Estados Unidos).

Donziger se unió a la lucha contra Texaco, asumida por Chevron en 2001, comenzó a fines de la década de 1980 en el este de Ecuador, donde la compañía petrolera perforó y operó pozos de 1972 a 1992. Texaco había eliminado sus desechos de perforación por métodos que en algunos casos han sido ilegales en los Estados Unidos: vertiendo petróleo crudo, lodos de perforación y una mezcla acuosa y aceitosa conocida como agua de formación en pozos de desechos sin revestimiento, un procedimiento que ha sido prohibido en Texas desde 1969.

Los locales comenzaron a organizarse contra la contaminación en ríos y arroyos y en extensiones de sus tierras empapadas de petróleo. El caso comenzó en los tribunales federales de Nueva York, pero luego un juez ordenó que se enviara de regreso a Ecuador, una medida que los abogados de Chevron acogieron con agrado en ese momento.

Entonces, en 2003, se reabrió la batalla legal en la ciudad fronteriza petrolera oriental de Lago Agrio.

Un tribunal ecuatoriano otorgó a los demandantes una sentencia de 9.5 mil millones de dólares en 2011 para limpiar el área contaminada, una decisión confirmada por múltiples tribunales en Ecuador, además de pagar la atención médica de los 30 mil demandantes cuyas comunidades han visto un número creciente de casos de cáncer en los últimos años.

Sin embargo, un juez estadounidense rechazó aquel fallo, acusando a Donziger de "soborno" y "manipulación de pruebas".

Chevron también contrademandó a Donziger en 2011.

En 2019, el juez federal de distrito Lewis A. Kaplan del distrito sur de Nueva York, un ex abogado corporativo con inversiones en Chevron según la periodista Julia Conley de Common Dreams, detuvo a Donziger en desacato al tribunal después de que se negó a revelar información privilegiada sobre sus clientes a la industria de los combustibles fósiles.

Kaplan puso a Donziger bajo arresto domiciliario, donde ha permanecido bajo estricto control judicial durante más de 780 días.

Además de las propias conexiones de Kaplan con Chevron, el juez nombró abogados privados para procesar el caso, incluido uno que había trabajado para una firma que representaba al gigante petrolero.

Common Dreams revela que la jueza Preska, quien sentenció a Donziger culpable de los cargos por desacato, es un líder de la Sociedad Federalista de derecha, que cuenta con Chevron entre sus patrocinadores financieros.

El mencionado comunicado de la ONU no duda en denunciar que ambos jueces, Kaplan y Preska, habían mostrado "una asombrosa falta de objetividad e imparcialidad". En la corte, Preska reconoció brevemente los hallazgos de la ONU solo para desestimarlos.

Las huellas del poder corporativo

La campaña de represalias por parte de Chevron ha sido muy grande, si tomamos en cuenta el despliegue de recursos y la manera en cómo la mainstream media ha ignorado olímpicamente el caso contra el abogado ambientalista.

Lo de Donziger encapsula perfectamente cómo el poder corporativo ha torcido el sistema judicial de Estados Unidos para proteger los intereses corporativos y castigar a sus enemigos.

Además, la condena es un arma disuasorio ante cualquiera que intente liderar una cruzada contra los intereses corporativos no solo en “la tierra de la libertad” sino en otras jurisdicciones.

Ello lo podemos comprobar con los mencionados lazos entre los jueces y Chevron, también con cómo se dio la represalia corporativa. Así lo explica el periodista James North, quien ha estado cubriendo el caso por largo tiempo para The Nation:

"Solo una corporación como Chevron por valor de miles de millones podría haber financiado tal enjuiciamiento. El gigante petrolero pagó para que un ex juez en desgracia llamado Alberto Guerra y su familia se mudaran a Estados Unidos. Los abogados de Chevron ensayaron el testimonio de Guerra con él 53 veces antes de que subiera al estrado de los testigos, donde Guerra afirmó que Donziger y un abogado ecuatoriano le habían ofrecido un soborno de 500 mil dólares y que la pareja había escrito la sentencia final contra Chevron. Donziger y su equipo de defensa estiman que Chevron ha gastado 2 mil millones de dólares en honorarios legales y otros costos. (El portavoz designado de Chevron, James Craig, se negó a dar la propia cifra de la corporación sobre cuánto ha gastado en el caso. Craig también se negó a decir si Chevron todavía le paga a Guerra o si aún vive en los Estados Unidos)".

Con fajos de billetes y la voluntad por parte de una corporación milmillonaria son suficientes para lograr una persecución legal sin precedentes contra un abogado ambientalista. Sigue North:

"Es vital reconocer el papel de Chevron en esta persecución legal. Sus abogados se presentan en todos los casos legales de Donziger, incluso en los que no involucran directamente a la empresa. Al mismo tiempo que Donziger se defendía contra el cargo de desacato criminal, también luchaba contra el esfuerzo por quitarle su licencia para ejercer la abogacía en Nueva York. El colegio de abogados del estado nombró a un oficial especial llamado John Horan para que presidiera las audiencias públicas, y él falló a favor de Donziger. Horan, un ex fiscal, tuvo duras palabras para Chevron: 'El alcance de la persecución [de Donziger] por Chevron es tan extravagante, y en este punto tan innecesario y punitivo, [que] aunque no es un factor en mi recomendación, [es] no obstante, antecedente de la misma'".

Esta clase de abusos solo pueden darse en un país como Estados Unidos, que privilegia la libertad de las corporaciones para hacer lo que quieran fuera de sus fronteras a costa de la esclavitud de las mayorías.

Ello se demuestra con el hecho de que, aunque la sentencia de 9 mil 500 millones de dólares contra Chevron en Ecuador sigue en pie, los demandantes deben cobrar en otros países donde la corporación tiene participaciones (pues el gigante petrolero retiró sus activos de allí) menos en Estados Unidos, ya que el juez Kaplan prohibió específicamente a los ecuatorianos obligar a Chevron a pagar la sentencia en territorio estadounidense.