En la madrugada del 3 de mayo fue frustrada una incursión mercenaria en las costas de Macuto, en el estado La Guaira. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) junto con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana contrarrestaron una invasión por “vía marítima” en el litoral por parte de actores no estatales, denominada oficialmente “Operación Negro Primero”.

Las autoridades venezolanas habrían abatido a nueve mercenarios y detenido a otros dos, quienes conformaban el así llamado por ellos “Operación Gedeón”.

En horas de la tarde del 3 de mayo, se publicó en redes sociales un video donde aparecen el ex capitán Javier Nieto Quintero, relacionado al caso Daktari en 2004, junto a Jordan Goudreau, quien según la agencia Associated Press (AP) estuvo a cargo del entrenamiento de tres campamentos de mercenarios y desertores de la FANB coordinados por Clíver Alcalá, reclamando la autoría de la “Operación Gedeón”.

En el video dicen que la “Operación Gedeón” está desplegada y activada en el este, sur y oeste de Venezuela, haciendo un llamado a la FANB a “unirse a esta gesta”, amparándose en el artículo 333 de la Constitución, con el objetivo de “capturar” a los miembros clave del Gobierno Bolivariano acusados de narcotráfico por los Estados Unidos, que ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza del presidente Nicolás Maduro, tercerizando sus operaciones anti-venezolanas.

Durante el operativo, las autoridades venezolanas incautaron 10 fusiles, una pistola Glock 9mm, dos ametralladoras AFAG que formaban parte del parque de armas del Palacio Federal Legislativo robado por sectores sediciosos el pasado 30 de abril de 2019, seis vehículos terrestres tipo camionetas, una lancha con dos motores fuera de borda, dos cuadernos con detalles de la operación violenta, teléfonos satelitales, identificaciones, uniformes (entre ellos un casco con la bandera estadounidense) y cartuchos cargados de diferentes calibres.

Entre los abatidos se encontraría el ex capitán Robert Colina, alias “Pantera”, quien había grabado un video que salió esta mañana al ruedo en Twitter llamando a “liberar” Venezuela. Hace unas semanas el prófugo de la justicia venezolana, ahora detenido en Estados Unidos, Clíver Alcalá, admitió que era uno de sus hombres de “confianza”.

En marzo pasado, un desertor de la FANB capturado por las autoridades locales, Rubén Darío Fernández (alias “Búho”), confesó que el mentado alias “Pantera” encabezaba un escuadrón terrorista para ejecutar asesinatos selectivos contra los principales líderes del Ejecutivo nacional.

Reverol afirmó que esta incursión frustrada provino de Colombia; desde Riohacha, Clíver Alcalá venía organizando un complot que también fue desarticulado en marzo pasado, en que un alijo de los armamentos de guerra que serían trasladados vía trochas ilegales hacia territorio venezolano fue interceptado e incautado por la policía colombiana.

Para ese momento, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, adelantó que dichas armas iban a ser recibidas por “uno de los tres grupos” que coordinaba Alcalá.

Además, la historia de la agencia AP recientemente publicada afirma que una empresa contratista militar, Silvercorp, de la que Jordan Goudreau es propietario, y que ha recibido al menos par de contratos con el gobierno estadounidense, se encargó de entrenar a mercenarios y desertores de la FANB del grupo Alcalá en tres campamentos en Colombia.

Poco antes del mediodía de hoy, 3 de mayo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, confirmó en rueda de prensa que los vehículos marítimos usados en la operación provinieron de Colombia por la información GPS de los teléfonos satelitales incautados en la operación.

Los restos de un naufragio

El ministro Reverol informó “que la operación continúa y no se descartan otras detenciones ya que se está haciendo un rastreo minucioso por tierra, mar y aire”.

Cabello insistió en lo mismo ante la prensa en el Palacio Federal Legislativo, y agregó que uno de los sujetos detenidos en la madrugada confesó ser un narcotraficante, agente de la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, y agregó: “Da tristeza que quienes se llamen venezolanos sean financiados por el narcotráfico, por el dinero de la droga”.

Lo cierto es que algunas de las armas y equipos electrónicos incautados en esta operación coinciden en sus modelos a las usadas en la escena del año pasado, el 30 de abril de 2019, cuando algunos desertores de la FANB y mercenarios tomaron el distribuidor Altamira, en Caracas, en un intento fracasado por deponer el gobierno del presidente Nicolás Maduro para poner al delfín Juan Guaidó, elegido a dedo por la administración de Donald Trump.

Entre los modelos de armas que coinciden en ambos escenarios está un fusil que no corresponde con los utilizados por las fuerzas de defensa y seguridad del estado venezolano.

Asimismo, una radio Motorola XPR3500 incautada en Macuto corresponde con el modelo decomisado por la policía colombiana en La Guajira el pasado marzo, así como los fusiles AR-15 y el casco con la bandera estadounidense, equipo que iba ser utilizado por “uno de los tres grupos” que Alcalá Cordones coordinaba para ejecutar acciones armadas contra las instituciones y el liderazgo venezolano.

Aunado a esto, una fuente cercana a la operación oficial que llevaron a la cabo la FANB y las FAES en Macuto confirmó a Misión Verdad, bajo condición de anonimato, que los vehículos marítimos zarparon de La Guajira colombiana e hicieron una parada en Aruba antes de encallar en litoral venezolano.

Aruba, junto con Bonaire y Curazao, forman parte de las colonias de la corona holandesa en las Antillas. Curazao se encuentra a 25 kilómetros de la costa noroccidental de Venezuela y los Países Bajos decidieron, el año pasado, reconocer a Guaidó como “presidente” a beneficio geopolítico de Estados Unidos.

Tanto Aruba como Curazao son sedes territoriales de dos bases estadounidenses, respectivamente Reina Beatriz y Hato Rey, desde donde el Comando Sur coordina un Centro Operativo Avanzado (FOL, por sus siglas en inglés), puntas de lanza de sus supuestas operaciones antidrogas.

Cabe acotar que el buque crucero Resolute embistió una nave de la guardia costera venezolana, el Naiguatá, el pasado 30 de marzo cerca de la Isla La Tortuga (sin haber solicitado permiso), y que posteriormente huyó hacia el puerto de Willemstad, en Curazao. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), Almirante en Jefe Remigio Ceballos, afirmó a mediados de abril que el Resolute tenía como objetivo “sembrar mercenarios” en Venezuela.

Los elementos (la participación de alias “Pantera”, el equipo incautado y la parada en Aruba antes de legar a La Guaira) indican que la “Operación Gedeón” efectivamente forma parte del complot que coordinaba Clíver Alcalá desde Colombia con recursos, financiamiento y logística de los Estados Unidos (vía contratista privada de seguridad) y con beneplácito de la camarilla liderada por Juan Guaidó.

Madrugonazos contra la agenda terrorista

Las frustradas incursiones fueron anticipadas por el estado venezolano mediante una suma de informaciones. Diosdado Cabello dijo en la mencionada rueda de prensa que se esperaba una acción de ese calibre en las costas caribeñas del país.

Desde los llamados a insurrección de Óscar Pérez y del ex capitán Juan Carlos Caguaripano en 2017 y el intento de magnicidio vía bombas-drones contra el presidente Maduro en 2018, la agenda terrorista-mercenaria ha venido incrementándose en sus articulaciones e intentos de llevarse a cabo bajo diferentes vías y actores.

Es así cómo las agencias estatales venezolanas han venido gestionando en la desarticulación de dicha agenda, en la que el rostro más visible en meses recientes ha sido el mismo Clíver Alcalá Cordones. El ministro Jorge Rodríguez había informado al país en marzo pasado que había un seguimiento minucioso a los planes que derivaran de aquello que se complotaba en Colombia.

Recientemente, el 20 de abril pasado, cuatro capitanes y un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron detenidos y acusados ante los tribunales militares por robo de armas en el destacamento 441 de la GNB en Puerta Morocha, estado Miranda.

Estos militares, antes de ser detenidos y siempre según medios opositores, pretendían hacerse de aquel parque de armas para trasladarse hasta el centro de detención Ramo Verde, Caracas, liberar a otros oficiales sediciosos presos allí y armarlos para incorporarlos a un “alzamiento militar”.

Según información del periodista antichavista Luis Gonzalo Pérez, de NTN24, dicho “alzamiento” “iba a ser de manera anfibia, tanto por La Guaira como por Falcón”, y que los detenidos “tuvieron conversaciones con asesores externos para poder realizar su levantamiento de armas”.

De manera preventiva, el estado venezolano decidió bloquear los accesos de la autopista Caracas-La Guaira y el túnel de la Cabrera debido a la información suministrada (fuera desde Colombia o por los militares recientemente detenidos y enjuiciados), acción que fue rechazada por periodistas opositores e Iván Simonovis, ex comisario de la entonces Policía Técnica Judicial, jefe de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Caracas cuando la masacre de Puente Llaguno en 2002 y hoy colaborador de los Estados Unidos para intentar cristalizar un golpe a la fuerza contra el Gobierno Bolivariano.

A todas luces no hay un paso que dicha agenda no esté anticipada por las autoridades venezolanas, en un contexto crítico por el advenimiento de la pandemia por el Covid-19 en el que el estado dispone la mayoría de los esfuerzos oficiales correspondientes a la atención sanitaria de la población. Los planificadores del complot pretenden aprovechar esta “oportunidad” para socavar al gobierno de Nicolás Maduro, mientras el estado neutraliza cada intento por imponer un marco de violencia, caos y golpismo nuevamente apalancado por Estados Unidos.