Un par de preguntas quedaron resonando durante la rueda de prensa posterior al encuentro del presidente estadounidense Joe Biden con su homólogo ruso Vladimir Putin:
.@POTUS: "How would it be if the United States were viewed by the rest of the world as interfering with the elections directly of other countries and everybody knew it? What would it be like if we engaged in activities that he engaged in? It diminishes the standing of a country." pic.twitter.com/yFFwwSKxSl
— The Hill (@thehill) June 16, 2021
"¿Cómo sería si Estados Unidos fuera visto por el resto del mundo como un país que interfiere directamente en las elecciones de otros países y todo el mundo lo supiera? ¿Cómo sería si nos dedicáramos a las actividades que él [Putín] realiza? Disminuye la posición de un país que está tratando desesperadamente de asegurarse de mantener su posición como una gran potencia mundial", dijo Biden.
La declaración formó parte de la respuesta del presidente estadounidense luego de que un periodista de Associated Press le interrogara respecto a lo que habría logrado al reunirse con Putin para evitar que Rusia interfiriera en las elecciones estadounidenses, tal como lo afirman sus propias agencias de inteligencia. Además el comunicador inquirió sobre cuáles fueron las consecuencias con las que amenazó al líder ruso.
La trama rusa
La acusación de interferir en sus elecciones provino desde Estados Unidos hacia Rusia luego de los comicios realizados en 2016, en los que el magnate Donald Trump resultó vencedor sobre la demócrata Hillary Clinton. En 2018 el fiscal especial Robert Mueller entregó al gobierno un informe confidencial sobre la trama rusa en aquellas elecciones en el que se relata cómo miembros del equipo de Trump se reunieron con funcionarios rusos.
Se trata del exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien mintió al FBI sobre su reunión con el embajador ruso en Estados Unidos antes de que Trump asumiera el cargo, el asesor George Papadopoulos admitió haber mentido sobre sus reuniones con presuntos mediadores rusos y el hijo del expresidente, Donald Jr., se reunió con un abogado ruso durante la campaña porque tenía información que podía perjudicar a Hillary Clinton.
Otras dos figuras clave como Michael Cohen, exabogado personal de Trump, que se declaró culpable de mentir al Congreso sobre los negocios del magnate en Rusia y aseguró que bien avanzado 2016, durante la campaña, estuvo negociando la instalación de una Torre Trump en Moscú. Además, el exjefe de campaña, Paul Manafort, en prisión por fraude bancario, mintió al FBI sobre sus trabajos en Ucrania, según el fiscal Mueller.
Se llegó a investigar si Manafort se reunió con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, días después de que la organización difundiera los emails hackeados al Partido Demócrata de Hillary Clinton mientras Trump despidió al exdirector del FBI James Comey y al exfiscal general Jeff Sessions aumentando las sospechas de que la investigación estuviera siendo desactivada.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DIN), representando a 17 agencias de inteligencia y el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), declararon conjuntamente que Rusia hackeó el Comité Nacional Demócrata (CND) y filtró sus documentos a WikiLeaks. Su titular, James Clapper, testificó ante un comité del Senado que la supuesta intromisión de Rusia en la campaña presidencial de 2016 incluyó desinformación y difusión de noticias falsas a menudo promovidas en las redes sociales, afirmaron que Putin "dirigió personalmente" la operación y varias empresas de seguridad informática declararon que los ataques cibernéticos fueron cometidos por los grupos rusos de inteligencia Fancy Bear y Cozy Bear, lo cual fue rotundamente negado por el gobierno ruso.
Posteriormente, como parte del mismo proceso y supuestamente evitando que se repitieran las acciones, Mueller anunció imputaciones contra 13 rusos y tres empresas, dirigidas por un empresario supuestamente vinculado al Kremlin, lo que expuso en gran detalle un plan de tres años para utilizar las redes sociales con el fin de atacar a Hillary Clinton, apoyar a Donald Trump y sembrar discordia.
Un resumen de las conclusiones de la investigación, presentado por el fiscal general William Barr en 2019, determinó que la investigación de Mueller no había encontrado pruebas que apuntaran a que "la campaña de Trump o ninguna de las personas relacionadas con ella conspiraran o se coordinaran con Rusia en sus esfuerzos por influir en las elecciones de 2016 en Estados Unidos", con lo que se cerró el caso.
Si de "interferir directamente" se trata… ¿el motivo importa?
"En Italia fueron sacos de dinero entregados en un hotel de Roma para los candidatos favorecidos. En Nicaragua se trató de historias escandalosas filtradas a diarios extranjeros para hacer cambiar el rumbo de una elección. En Serbia, millones de panfletos, carteles y calcomanías fueron impresos para intentar derrotar a un presidente que buscaba la reelección".
Así inicia un artículo del New York Times titulado "¿Qué diferencia a Rusia de Estados Unidos si se trata de intervenciones electorales?" en el que su reportero Scott Shane aborda fragmentos significativos de la historia de las intervenciones estadounidenses en elecciones extranjeras.
Shane refiere las declaraciones de Loch K. Johnson, veterano académico en materia de inteligencia quien investiga a la CIA desde los años 70, y declaró que la operación rusa de 2016 simplemente fue la versión cibernética de los procedimientos efectuados por Estados Unidos a lo largo de décadas en ocasiones en que los funcionarios estadounidenses estaban preocupados por una elección extranjera.
Johnson, lo mismo que el exdirector de operaciones rusas de la CIA, Steven L. Hall, diferencian este tipo de operaciones en cuanto a su motivación ulterior: Estados Unidos ha violado el principio de no intervención para ayudar a que candidatos no autoritarios desafíen a dictadores. Mientras que Rusia ha intervenido más a menudo para perturbar la democracia o promover gobiernos autoritarios.
"Equipararlos es como decir que los policías y los delincuentes son lo mismo porque ambos tienen armas: el motivo importa", declaró Hall. Es la ley del embudo global de nuevo, o todavía.
Con la impunidad como factor común el partido bicéfalo de la guerra ha ejecutado golpes de estado, intervenciones militares, magnicidios, bloqueos navales, medidas coercitivas unilaterales, ataques bioterroristas, operaciones encubiertas de ataque psicológico, tráfico de armas y otros delitos internacionales bajo la rectoría de élites transnacionales, el objetivo primario ha sido poner y quitar gobiernos en los cinco continentes del planeta en función de sus intereses económicos y geopolíticos.
A continuación tres ejemplos diferenciados en contexto y tiempo; su notoriedad permitirá responder las interrogantes de Biden.
Rusia, 1996: Yanquis al rescate de Yeltsin
En 1996 el gobierno de Bill Clinton tramitó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de 10 mil millones de dólares cuatro meses antes de la elección para minimizar el riesgo de que fuera derrotado en su intento de reelegirse ante Gennadi Zyuganov, un candidato comunista que le superaba ampliamente en la preferencia electoral.
Además dispuso de un equipo de consultores políticos estadounidenses que asesorara al candidato cuya aquiescencia respecto a la marcha de la OTAN hacia el antiguo bloque soviético disparó la simpatía de la Casa Blanca. Al punto que Clinton llegó a decir al entonces subsecretario de Estado, Strobe Talbott: "Deseo tanto que este tipo gane, que me duele".
Las medidas neoliberales o "terapia de choque" de Yeltsin desconfiguraron el imaginario popular de una Rusia fuerte al debilitar su red de seguridad y su esperanza de vida, intensificando la inflación y el desempleo, lo que llevó al 6% su índice de aprobación.
Yeltsin usó parte del préstamo del FMI para atraer a los votantes, al llegar a cualquier ciudad anunciaba "Tengo los bolsillos llenos", y el grupo de asesores encabezado por Richard Dresner, veterano de las campañas de Clinton en Arkansas, enviaba a la Casa Blanca los sondeos internos de la campaña del títere. Relata el reportaje de TIME que, antes de viajar para reunirse con Yeltsin en abril de ese año, Clinton preguntó a Dresner qué debía decir en Moscú para impulsar la campaña de su amigo.
Luego de una campaña de anticomunismo extremo vertebrada por el miedo a las largas colas, la escasez de alimentos y la renacionalización de la propiedad, Yeltsin derrotó a Zyuganov en la ronda final de las elecciones por 13 puntos porcentuales. Varios observadores internacionales, que habían considerado que se trataba de unas elecciones libres y justas, luego afirmaron que no fue así.
Michael Meadowcroft, un británico que dirigió el equipo de observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), afirmó cómo en Chechenia, que contaba con menos de 500 mil adultos, votaron un millón de personas. En esa región en la que Yeltsin llevaba a cabo una brutal guerra ganó exactamente con el 70% de los votos.
Time relata que Estados Unidos necesitaba mantener a los comunistas fuera debido a la necesidad de mantener a Rusia en el camino de la "reforma", pero no hablaba de política, al contrario, a Washington le complacían las numerosas incursiones anticonstitucionales de Yeltsin mientras éste cumpliera sus órdenes.
Lo que Time llama "reforma" es al descomunal saqueo del Estado ruso que entonces perpetraban sistemáticamente Estados Unidos, sus instituciones financieras y sus propios capitalistas mafiosos. Un comunista, o incluso un nacionalista moderado, habría sido contraproducente para este lucrativo canal abierto de materias primas casi gratuitas y acciones en bloque de la producción de petróleo y gas.
Bielorrusia, 2020: Entre la seducción y el asedio a Lukashenko
El pasado 9 de agosto de 2020 el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se medía en su sexta elección y obtenía la victoria con más del 80% de los votos, resultado acorde a las encuestas previas.
Al certamen electoral asistieron seis candidatos de 15 que habían presentado su precandidatura, cinco de los retirados no lograron acreditar las 100 mil firmas requeridas para inscribirse oficialmente, el resto se retiró voluntariamente.
Serguéi Tijanovski y Víktor Babariko fueron excluidos del proceso electoral debido a que contra ellos se cursaban acusaciones penales, ello sirvió de excusa para que Estados Unidos y la Unión Europea, con sus ONGs aliadas, declararan en contra de las elecciones. Asimismo sectores opositores promovieron protestas en las principales ciudades del país calentando el ambiente preelectoral.
Posterior al evento y a la publicación de los contundentes resultados, todos los candidatos, excepto Lukashenko, presentaron apelaciones ante la Comisión Electoral Central de Bielorrusia (CEC) pidiendo la invalidación de los resultados.
El líder bielorruso había promovido un deshielo en las relaciones con Occidente, especialmente a partir de su decisión de no reconocer el retorno de Crimea a la Federación Rusa y sus crecientes tensiones políticas y comerciales con el gobierno de Putin. Por otra parte, Lukashenko aprobó el retorno del embajador de Estados Unidos doce años después de su expulsión, recibió en febrero de 2020 al entonces secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien le prometió suministros energéticos.
Svetlana Tijanóvskaya, candidata de la oposición unificada y esposa de Serguéi Tijanovski, se declaró ganadora de las elecciones con entre el 60 y el 70% de los votos sin pruebas del fraude y pidió la creación de un Consejo de Transición compuesto de "activistas de la sociedad civil, bielorrusos respetados y profesionales" para manejar la transferencia de poder de Lukashenko, su entorno declaró estar dispuesto a realizar "protestas a largo plazo" contra los resultados oficiales.
Pompeo emitió un comunicado de prensa en el que declaraba que Estados Unidos estaba "profundamente preocupado" por el desarrollo de las elecciones presidenciales y afirmando que no fueron libres ni justas. Afirmó que "severas restricciones al acceso de los candidatos a las boletas, [la] prohibición de observadores locales independientes en los colegios electorales, las tácticas de intimidación empleadas contra los candidatos de la oposición y las detenciones de manifestantes pacíficos y periodistas empañaron el proceso".
Instó al gobierno bielorruso a abstenerse de utilizar la fuerza y respetar los derechos de todos los bielorrusos a reunirse pacíficamente. La administración Trump criticó el uso de cierres de internet y la detención de simpatizantes de la oposición y pidió la liberación de los 3 mil detenidos.
En septiembre, poco después de un mes de las elecciones, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, acusó a Estados Unidos de erogar unos 20 millones de dólares a ONG entre 2019 y principios de 2020 para financiar las protestas antigubernamentales. "Aunque en el plano público Washington intenta mantenerse en la sombra, después del comienzo de las multitudinarias protestas callejeras los estadounidenses incrementaron varias veces la financiación de las fuerzas bielorrusas antigubernamentales".
En su opinión, el gobierno de Estados Unidos intentó organizar una "nueva revolución de color" y un "golpe anticonstitucional", cuyo objetivo no tiene nada en común con los intereses del pueblo bielorruso.
Además, Narishkin aseguró que Washington había apadrinado a Tijanóvskaya, y a otros opositores a los que presenta como "líder populares" y futuros dirigentes de una "Bielorrusia democrática".
Las potencias occidentales querrían crear un "corredor Báltico-mar Negro" integrado por Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia y Ucrania.
Bolivia, 2019: Campaña sucia y trama golpista
El caso más reciente en el hemisferio ha sido el derrocamiento del líder indígena Evo Morales, quien aspiraba a la reelección presidencial en 2019 en un ambiente mediáticamente enrarecido por los resultados de un referéndum en el que perdió la posibilidad de reelección por pocos puntos porcentuales.
En febrero de 2016 el entonces presidente boliviano consultó a la población respecto a una eventual modificación constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado Boliviano (que en ese entonces eran él y Álvaro García) el postularse a ser reelectos por una vez y el "No" ganó con un total de 51,30% de los votos, mientras el "Sí" obtuvo el 48,70% de votos restantes.
La derrota fue atribuida a una campaña sucia por parte de la oposición en la que una mujer, vinculada sentimentalmente a Morales en 2007, hizo aparecer un presunto hijo de ambos y se diseminó el supuesto de que el nexo le permitía gozar de favores de poder.
Carlos Valverde, un exjefe de los servicios de inteligencia bolivianos a principios de la década de los 90 y opositor extremo al partido de gobierno, denunció días antes del evento electoral, que el gobernante había tenido un hijo fruto de una relación con la señora Gabriela Zapata y que ella traficaba influencias, en virtud de aquello, y que hasta servía contratos de una empresa china con el Estado”.
Investigaciones demostraron que Zapata mintió sobre el supuesto hijo que tuvo con el mandatario boliviano. En una entrevista publicada en los principales medios bolivianos, Zapata reconoció que Samuel Doria Medina, y su abogado, Eduardo León, la utilizaron para fomentar la mentira sobre el entonces jefe de Estado. Asimismo Zapata reveló que le prepararon un libreto que debía repetir durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa y afirmó la inexistencia de conversaciones con el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien dijo no conocer personalmente.
Posteriormente los sectores vinculados a Morales acudieron al Tribunal Constitucional para interponer un recurso con el argumento de que poner un candado a una nueva reelección de Morales atentaría contra sus derechos políticos.
Aprobada la posibilidad, Morales fue postulado a las elecciones en octubre de 2019 y ganó por un margen un poco mayor al 10 por ciento, la oposición declaró inválidos los resultados con apoyo de la Misión de Observación de la OEA, lo que provocó una escalada de violencia para justificar un golpe de Estado cívico, policial y militar.
El golpe en proceso contó con la participación activa de los comandantes del ejército y la policía de Bolivia, quienes ayudaron a planear el golpe y garantizaron su éxito. Una investigación de The Grayzone revela que fueron educados por Estados Unidos para la insurrección a través de programas de entrenamiento de la Escuela de las Américas y el FBI.
Se refiere al entonces comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, quien sirvió como agregado militar en Washington y sugirió la renuncia de Morales. Mientras otros seis conspiradores eran exalumnos de WHINSEC, la escuela de entrenamiento militar en Fort Benning, Georgia, conocida en el pasado como la Escuela de las Américas.
El complot no podía haber triunfado sin la aprobación de esos comandantes militares y policiales y sus posteriores masacres en las localidades de Senkata y Sacaba. Otro actor importante fue el Comité Cívico Pro Santa Cruz, una organización pro nazi presidida por Luis Fernando Camacho, financiada ampliamente por agencias estadounidenses como Usaid y Ned.
Días posteriores a la renuncia forzada de Evo Morales y la autoproclamación de la entonces senadora Jeanine Añez, la red Erbol publicó varios audios que delataron la trama golpista donde estuvo involucrado Estados Unidos. En las conversaciones se evidencia el compromiso de senadores estadounidenses como Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz, también el apoyo de la administración Bolsonaro desde Brasil.
El ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, junto otros opositores son mencionados indirectamente, sin embargo los audios confirmarían reuniones de opositores con quien fuera ministro de Defensa del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en ocasión del Octubre Negro de 2003, Carlos Sánchez Berzaín, prófugo en los Estados Unidos.
Otro de los audios relata las tácticas ejecutadas por la oposición boliviana como la insistencia en declarar inválidas las elecciones del 20 de octubre, generar un levantamiento militar-civil y llamar a una huelga nacional. Se señala claramente la participación conspirativa de militares retirados y sugieren que habría apoyo de miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía.
El analista internacional Alfredo Jalife Rahme publicó en el sitio Behind Back Doors y con varias semanas de anticipación, los detalles, nombres y apellidos de los involucrados, de la planificación desde los Estados Unidos del golpe.
El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la renuncia forzada de Evo Morales mediante un comunicado en el que dijo que el acto inconstitucional enviaba un fuerte mensaje "a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua" de que la democracia siempre prevalece. Su entorno en el Departamento de Estado rechazó la idea de que lo ocurrido constituyera un golpe de Estado. "La cúpula militar solo dijo lo obvio", afirmó.
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Quedan respondidas las interrogantes de Biden: Estados Unidos ha interferido en las elecciones de los países en los que considera que se ven amenazados sus intereses.
Ampliando la respuesta al presidente estadounidense: no hay dudas de que estos actos de injerencia expresa continúen debido a que, como lo han hecho saber tanto sus políticos como sus expertos en inteligencia, es parte del metabolismo imperial.