En 1985, la legendaria banda Queen participaba en el concierto Live Aid (ayuda en directo), evento realizado simultáneamente entre Londres, en el Estadio de Wembley, y Filadelfia, en el estadio John F. Kennedy, para recaudar fondos dirigidos a una ayuda humanitaria con el fin de acabar con el hambre en países de África Oriental, principalmente en Etiopía y Somalia.

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Freddie Mercury, vocalista de Queen en el concierto Live Aid (1985) para recaudar fondos para los hambrientos de Etiopía y Somalia (Foto: Archivo)

En este tiempo, Queen asumía que la banda estaba anticuada y que era tiempo de darle paso en los escenarios a otras bandas más nuevas, pero Live Aid llegó para cambiar ese pensamiento y finalmente se convirtió en una de sus presentaciones más famosas.

La recaudación en ese concierto transmitido en vivo a más de 72 países alcanzó los 100 millones de dólares, el cual no sirvió para acabar con el hambre en Etiopía y Somalia, aunque sí para que Bod Geldof, organizador de los conciertos, fuera nombrado Caballero de Honor de la Orden del Imperio Británico un año más tarde, y para definir el 13 de julio como la fecha del Día Internacional del Rock.

Los alimentos como medio para las intervenciones humanitarias

Dos años después de este espectáculo, en 1987, la ONU reclamaba participación en Etiopía y Sudán en la distribución a la población de ayuda alimentaria internacional, y al año siguiente Francia presentaba en la Asamblea General la Res. 43/131, imponiendo la idea de un derecho a injerencia humanitaria para que la comunidad internacional accediera libremente a víctimas en catástrofes naturales; pudiéndose asumir esta acción como el primer antecedente en la ONU en el que se rompía con el derecho de no intervención extranjera en los asuntos internos de sus miembros, consagrada en la carta del organismo, según el artículo 2, párrafos 4 y 7, los cuales se extendían hasta en las cuestiones humanitarias, mientras perduró la Guerra Fría.

Según diversos planteamientos, este derecho de no intervención era catalogado como una inacción de la ONU, soportada siempre en la búsqueda de consenso, que no ponderaba los derechos humanos vulnerados, ni el nivel de esa violación, sino que privaba en las posibles consecuencias de una intervención militar; y con ello, en tiempos de la Guerra Fría se evitaba una escalada con el empleo de la fuerza y, por ende, un enfrentamiento entre superpotencias o una guerra nuclear.

Tres años más tarde, en 1990, se agregó la Res. 45/100 denominada "El pasillo de injerencia humanitaria", limitando en tiempo y espacio los alcances de esta; y posteriormente, en 1992, se aprobaba por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su primera Cumbre de Jefes de Estado, "la utilización de todos los medios necesarios" para garantizar la distribución de ayuda humanitaria, en todo caso, el derecho de intervención, incluso sin solicitud previa. Resultando de esto, la Res. 794 para Somalia.

Con la Res. 794 se impuso sobre la Operación de las Naciones Unidas en Somalia I (UNOSOM-I), que se ejecutaba en el país del Cuerno de África desde abril de 1992, el uso de la fuerza para garantizar la llegada de alimentos, convalidándose desde la ONU una maniobra cuya concepción, mando e incluso la denominación "Operation Restore Hope" (Operación Restaurar la Esperanza) la imponía Estados Unidos bajo el mando de George Bush, convirtiéndose así en la Misión UNITAF (Fuerza de Tarea Unificada), para llevar a cabo operaciones en el Sur de Somalia mediante el uso de una fuerza multinacional desde diciembre de 1992 hasta mayo de 1993, que permitiera la distribución de la ayuda humanitaria en la que se desplegaron 37 mil militares, de los cuales, 25 mil eran soldados estadounidenses, bajo la coalición de 24 países y un costo de 42,9 millones de dólares.

Posteriormente, a UNOSOM-I y UNITAF, se impuso la misión humanitaria UNOSOM-II entre 1993 y 1995, considerada la primera operación de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, también liderada por Estados Unidos, donde se desplegaron 28 mil efectivos a un costo de 1 mil 643 millones de dólares, cuyos resultados fueron contrarios a lo esperado, o sea, resultados no humanitarios; un fracaso masivo, que dejó al país en una crisis mayor a la existente antes de la intervención humanitaria.

Evolución de las intervenciones humanitarias

Este fue un hecho concreto de cómo se concibió el uso de la fuerza militar para las intervenciones humanitarias, relacionadas a la ayuda alimentaria, y luego su evolución a la Agenda para la Paz (1992), surgiendo así nuevas formas de empleo del instrumento militar en operaciones finalmente establecidas, además de las alimentarias y humanitarias, la imposición de paz y la construcción de paz. Todas, mediante el uso de la fuerza en contextos asimétricos, modificando finalmente los criterios de intervención de la ONU.

Y en el caso del flujo de la ayuda humanitaria para llevar a cabo estas y otras operaciones, su condicionamiento siempre al grado de interés de los donantes, asociado al número de necesitados.

Es así cómo en el año 2000 se estableció la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados con el fin de enfrentar el desafío de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de actuar ante las violaciones de los derechos humanos, protegiendo a la población de un Estado si su propio gobierno no lo hace, más aún en un escenario de crisis humanitaria.

Este principio de la "Responsabilidad de Proteger" o R2P se incorporó en un documento final de Naciones Unidas del año 2005, aplaudido por los especialistas en asuntos internacionales como el comienzo de una nueva era de paz y seguridad, en respuesta a las crisis humanitarias de los años 90 en el mundo.

Principio puesto en práctica por primera vez para "aliviar el sufrimiento de la población libia" mediante la intervención militar del país en el año 2011, cuyo resultado fue un cambio de régimen impuesto por la OTAN al asesinar al presidente Muamar Muhamad el Gadafi, sobre quien la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton exclamó sin pudor alguno: "Vinimos, vimos y él murió".

Lo cierto es que, con esta operación, se acentuó la utilización formal del uso de la fuerza por supuestos motivos humanitarios, sirviendo hasta los momentos como un instrumento válido para justificar intervenciones militares, particularmente por los Estados de mayor poder, movidos por sus propios intereses y en nombre de la comunidad internacional.

La construcción discursiva de la crisis humanitaria en Venezuela: Comando Sur y Asamblea Nacional 2016–2020

Es precisamente este principio el que se sugiere sea aplicado a Venezuela desde que inició el bloqueo económico, financiero y comercial que impone Estados Unidos al país, mediante el cual se vulnera el nivel de vida de la población venezolana como factor de poder nacional, con el fin de imponer un cambio de régimen, construyendo al mismo tiempo la retórica de una crisis alimentaria que sume a una humanitaria, donde la comunidad internacional necesita intervenir "para aliviar el sufrimiento de la población" que el gobierno supuestamente no protege.

Así comienza esta construcción en octubre de 2015, siete meses después de que Obama declarara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, cuando el entonces Jefe del Comando Sur, John Kelly, aseverara que "si hay alguna crisis humanitaria importante en Venezuela (…) al punto de necesitar desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas, podrían reaccionar a través de las organizaciones como la ONU, la OEA, o el Programa Mundial de Alimentos, FAO".

Cuatro meses después, el 11 de febrero del año 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora al gobierno nacional, declaró la existencia de una crisis humanitaria y la necesidad de requerir ayuda a organismos internacionales para prevenir una amenaza de hambruna; así como en abril de 2016, se volvió sobre la construcción de una crisis alimentaria en total coordinación con el Plan Operación Venezuela Freedom-2 del Comando Sur de Estados Unidos.

En este entonces, en medio de una escasez de alimentos básicos, se sostenía por parte de economistas críticos al gobierno, pero también por parte de los oligopolios nacionales, transnacionalizados y transnacionales en el sector de alimentos, que la misma era causada por el control de precios, que perjudicaba la producción nacional, y el control de divisas para el pago de sus proveedores extranjeros, y no por la imposición de la guerra económica como opciones económicas de la estrategia contra Venezuela, sumado a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra el país.

Guerra económica que se constituyó alrededor de los alimentos básicos como un desabastecimiento programado y selectivo, no ocasionado mediante la disminución de la producción, sino a través de la alteración de los mecanismos de distribución, evitando la colocación oportuna y eficiente de los productos en los anaqueles, induciendo la escasez y, con ello, la aparición de largas colas, racionamiento de compras y mercados ilegales.

En mayo de 2016, antes del rechazo por parte de la Asamblea Nacional opositora al programa de alimentos subsidiados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) puesto en marcha por parte del gobierno nacional, el entonces diputado de la MUD Freddy Guevara afirmaba que la "crisis alimentaria de Venezuela era consecuencia de la corrupción en la importación de alimentos y la destrucción de la producción nacional", en una intervención que realizaba en un foro denominado "Corrupción y hambre en Venezuela. Una realidad inexcusable", organizado por esta Asamblea Nacional como brazo ejecutor de Estados Unidos contra el país, junto a la ONG Transparencia Venezuela, donde la exnutricionista Susana Rafalli, activista política muy vinculada a los intereses de Estados Unidos en la promoción de las medidas coercitivas unilaterales, hacía énfasis en la necesidad de clasificar internacionalmente la situación de Venezuela como una crisis alimentaria.

El aporte de Luis Almagro desde la OEA

Para la proyección internacional, el 23 de junio de 2016, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su discurso ante el Consejo Permanente del organismo presentaba un informe contra el gobierno de Venezuela con el cual exigía ponerle fin a lo que denominó una "crisis humanitaria", causada por una crisis de alimentos y medicinas que estaba llegando a un punto crucial, y afirmando que estos problemas no estaban siendo causados por fuerzas externas sino que era resultado de las acciones emprendidas por quienes estaban en el poder, refiriéndose a la Revolución Bolivariana y el ciclo iniciado por Hugo Chávez desde 1999.

En 2018, nuevamente Almagro compartía "su opinión" en un artículo publicado en Financial Times sobre la necesidad de proteger a los venezolanos de una crisis humanitaria, utilizando como comparación un discurso de Bill Clinton sobre Ruanda, e invocando la necesidad de "actuar de conformidad con el derecho internacional público, incluida la 'Responsabilidad de Proteger' de las Naciones Unidas de 2005", donde catalogaba al Gobierno Bolivariano como "una máquina de matar dirigida por el Estado", una "dictadura" que "privaba a los civiles de alimentos y medicinas esenciales".

Por lo tanto, la "Responsabilidad de Proteger", según él, "acabaría con la inacción de la comunidad internacional para atender la crisis humanitaria", tal cual discurso de la Guerra Fría, cuyo "compromiso requería dejar todas las opciones sobre la mesa", tal cual Donald Trump, "para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano", tal cual prédica utilizada durante más de dos años para imponer la "intervención humanitaria" en Libia en el año 2011.

Y en consonancia con el discurso de la Asamblea Nacional contraria al Gobierno Bolivariano, afirmaba que "la corrupción esta(ba) matando de hambre a toda la población de un país", por lo tanto era necesario "proporcionar asistencia humanitaria a quienes la necesita(ban) desesperadamente".

Al mismo tenor, Fernando Cutz, exdirector para Sudamérica del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, en una conferencia del Wilson Center, aseguraba que una intervención militar internacional era la mejor opción en ese momento para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, porque a este "no le importa(ba) que la gente estuviera muriendo de hambre y huyendo del país", por lo tanto, no había otra salida que el uso de la fuerza.

La utilización de la "ayuda humanitaria" para imponer otro gobierno

Ya en el año 2019, específicamente el 15 de enero, el parlamento opositor acordaba la autorización de ayuda humanitaria días antes de la autoproclamación impuesta por Estados Unidos a través de la figura de Juan Guaidó como "presidente interino o encargado" del país.

El 19 de febrero se retomaba un nuevo acuerdo exigiendo el desbloqueo del Puente Internacional Las Tienditas y demás puestos fronterizos nacionales que permitieran el ingreso de una supuesta "ayuda humanitaria", cuyo fin último, como se evidenció, era la violación de la soberanía territorial de Venezuela. Un día después, el senador Marco Rubio enviaba vía redes sociales un mensaje con imágenes de Gadafi, la cual fue considerada como una amenaza directa al presidente venezolano.

Sin embargo, estas declaraciones no han sido aisladas al asedio que impone Estados Unidos al país. Puesto que el 18 de mayo del año 2017, Nikki Haley, embajadora estadounidense ante la ONU, afirmaba que "Venezuela esta(ba) al borde de una crisis humanitaria y la comunidad internacional debía trabajar de manera conjunta para garantizar la restauración de la democracia", en un intento por discutir el tema Venezuela en el Consejo de Seguridad. Como también en el Consejo de Derechos Humanos el mismo año.

Cosa que no sucedió solo en el año 2017, puesto que el 26 de febrero de 2019, días después del intento fallido para ingresar por la fuerza la supuesta "ayuda humanitaria", principalmente donada por Estados Unidos a través de la USAID y mediante la figura de Juan Guaidó, se incorporó por el país norteamericano una nueva resolución ante la ONU, en la cual se pedía facilitar el ingreso de la "ayuda humanitaria", pero principalmente solicitaba el reconocimiento ante el organismo de un "presidente interino" para Venezuela, que Rusia y China rechazaban por considerarlo un medio para la injerencia extranjera.

En esta oportunidad Elliott Abrams, representante especial del Departamento de Estado para Venezuela, afirmaba que el rechazo a su resolución prolongaba el sufrimiento de los venezolanos mediante una crisis "fabricada por el hombre, que amenazaba con desestabilizar a la región", mientras aseguraba que Estados Unidos "buscaría todos los caminos para incrementar la ayuda humanitaria a los venezolanos dentro y fuera del país".

Por supuesto, el Grupo de Lima, que siempre apostó por aumentar el cerco contra Venezuela, aseguraba que el "régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sometía intencionalmente a los venezolanos a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder", o sea, una "crisis fabricada por el hombre", en concordancia con Elliott Abrams.

Y en abril del mismo año, Luis Almagro pedía desesperadamente más "sanciones" económicas y el uso de la fuerza para resolver la situación en Venezuela, entre varias cosas, para atender "la crisis humanitaria", insistiendo en la utilización de la intervención humanitaria bajo la "Responsabilidad de Proteger", al mismo tiempo que consideraba que apoyar a la figura virtual de Guaidó era "la mejor manera de avanzar".

Del Live Aid (1985) al Venezuela Aid Live (2019)

Pero como la evolución de las intervenciones humanitarias en la ONU hasta la "Responsabilidad de Proteger" comenzaron a posicionarse a nivel mundial gracias al concierto Live Aid para Etiopía y Somalia en 1985, no podía faltar la aplicación del mismo guión para Venezuela en el año 2019.

En este caso, Venezuela Aid Live (Venezuela Ayuda en Directo) fue el concierto benéfico, organizado por el empresario británico Richard Branson, quien aseguraba que pronto los "venezolanos estarían al borde de la inanición o la muerte". Su meta fue recaudar en 60 días 100 millones de dólares para atender la crisis en Venezuela, casualmente el mismo monto recaudado para Etiopía y Somalia pero en 1985: 36 años atrás.

Concierto celebrado un día antes en territorio colombiano para justificar a nivel mundial la entrada por la fuerza de la "ayuda humanitaria" en un intento de violar impunemente las fronteras venezolanas, pregonando a su vez la "libertad" y el derecho del desbloqueo de los límites para que la "comunidad internacional" ingresara, representada en Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. El fin: calificar el no ingreso como un "crimen de lesa humanidad", finalmente incendiada por los propios partidarios de la oposición venezolana.

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Luis Almagro (OEA), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile) acompañando a Juan Guaidó (Foto: Semana)

El donante de la "ayuda humanitaria", la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que enviaba, por ejemplo, aceite vegetal, harina, lentejas y arroz para 5 mil venezolanos por 10 días, o jabón, cepillo de dientes y crema dental para 7 mil personas por 10 días.

Lo más resaltante es que el monto que se pretendía recaudar en este concierto apenas corresponde al 6% del total de los recursos venezolanos retenidos solamente en Inglaterra, que superan los 1 mil 614 millones de euros, amparados en el bloqueo económico, financiero y comercial que le impone Estados Unidos al país.

Monto con el que se pueden adquirir y distribuir a la población venezolana 10 millones de cajas mensuales del programa de alimentos subsidiados CLAP, o igual a 120 millones de cajas CLAP para las familias de todo el país por 20 meses, al nivel de cobertura mensual actual (6 millones de familias) y con los recursos de los propios venezolanos, sin necesidad de que la USAID haga ningún tipo de esfuerzo en donar cereales y pasta dental para un puñado de venezolanos y venezolanas por apenas 10 días.

Planteamientos finales

Pasado más de 35 años del concierto Live Aid, se sigue afirmando que Etiopía es uno de los primeros diez países en el mundo con crisis alimentaria, donde se encuentran 3,1 millones de personas en crisis (fase 3 de la IPC – Clasificación Integrada de la Fase de Inseguridad Alimentaria), 2,1 millones en situación de emergencia (fase 4 de la IPC) y más de 350 mil personas en el nivel Catástrofe (Fase 5 de IPC) entre mayo y junio de 2021, considerado el número más alto de personas en la Fase 5 desde la hambruna de 2011, ocurrido casualmente en Somalia.

Mientras que en Somalia se afirma son 2,7 millones de personas enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 de la IPC o superior) hasta mediados de 2021, en ausencia de asistencia humanitaria.

Y con respecto a Libia, 10 años más tarde de haberse aplicado el principio de la ONU o la "Responsabilidad de Proteger" de la comunidad internacional, el Secretario General de Naciones Unidas ha instado a los países a apoyar un nuevo Plan de Respuesta Humanitaria de la organización para el país, preocupado por "la grave y deteriorada situación humanitaria en Libia, estimando que 1,3 millones de personas necesitaban asistencia, un aumento de 400 mil desde el año 2020".

Esto da cuenta de que, detrás de las intervenciones humanitarias, siempre existen intereses estratégicos de los diferentes actores de poder mundial, cuyos resultados generalmente son no humanitarios, profundizando las crisis en los países intervenidos.

En el caso de Venezuela, casualmente, son estas "intervenciones humanitarias" las que se predican sean aplicadas desde que comenzó el asedio desenmascarado por parte de la primera potencia mundial, donde los alimentos y el hambre son temas con los que se mantiene al país constantemente en agenda internacional, evolucionando, ya no sobre la cantidad de personas que la padecen, sino que se ha ido elevando a un nivel superior, con la supuesta mortandad por el flagelo que en 2020 se esperaba llegara a un nivel de colapso impulsado por la pandemia, cuyos pronósticos afortunadamente resultaron errados.

El objetivo: sentar las bases sobre Venezuela como una de las crisis alimentarias más grandes del mundo, donde es requerida la asistencia humanitaria urgente, insertando en el imaginario mundial la necesidad de una intervención militar "humanitaria" o la "Responsabilidad de Proteger" a la población que precisamente Estados Unidos vulnera, para causarle el sufrimiento que le permita alcanzar un "cambio de régimen".

Mayor desarrollo del tema se publicará en una segunda parte de este trabajo de investigación.

Este artículo se publicó originalmente en el sitio web de Alimentos y Poder el 6 de julio de 2021.