Matar a la población de hambre
A principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, para impedir el suministro de bienes esenciales, entre ellos alimentos o armas, a enemigos de guerra, se hacía bajo la forma convencional. Para Alemania acabar con los envíos encubiertos desde Estados Unidos a Gran Bretaña, disparó un certero torpedo desde un submarino alemán U-Boat el 7 de mayo de 1915 al trasatlántico Lusitania, que zarpó del puerto de Nueva York el 1° de mayo de ese año, hundiendo el barco con todo el abastecimiento y 1.198 personas a bordo.
No solo eso, Gran Bretaña sufrió el bloqueo de sus suministros de alimentos por parte de Alemania cuando su importación representaba alrededor del 60 % de la dieta nacional; al mismo tiempo que los británicos hacían lo mismo con los alemanes, tratando de bloquearse entre sí. Esto significó, finalmente, la rendición alemana, los más afectados por el hambre, aunque esta impactó a toda la población civil de los países involucrados en la contienda bélica.
Seis años de bloqueo a Venezuela
De 1915 a 2015 pasaron 100 años, y la táctica y estrategia de guerra han evolucionado. Ahora nos encontramos con bloqueos económicos, financieros y comerciales en nuevas formas de Guerra No Convencional, como el impuesto por Estados Unidos contra Venezuela desde el año 2015, cuando la administración de Barack Obama declaró al país una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional, mediante la orden ejecutiva 13.692 y a un año de iniciada la crisis sistema de los precios del petróleo a nivel mundial, que afectó severamente al país petrolero. Orden prorrogada por Donald Trump en 2016, y finalmente por el recién electo presidente Joe Biden en 2021.
Bloqueo de conocimiento público y notorio, expresado por la administración Trump, dirigido a promover un "cambio de régimen" en Venezuela como ha sido denominado por uno que responda a los intereses de la política norteamericana.
El objetivo de un bloqueo económico, financiero y comercial como el impuesto por Estados Unidos a través de las medidas coercitivas unilaterales es infringir castigo al enemigo, en este caso a Venezuela como actor estratégico y con ella a toda su población, mediante acciones abiertamente tomadas, para afectar primeramente a toda la economía.
Así es diseñado, más allá del lenguaje matizado, que solo afectará a aquellas personas o empresas específicas consideradas colaboradoras del Gobierno, sencillamente porque son opciones económicas de la Estrategia en tiempos de conflicto, que acompañan, incluso, a las opciones políticas y militares puestas sobre la mesa.
A estas opciones económicas, se les llama "sanciones económicas", pero también son acompañadas por la forma de terrorismo económico, sencillamente porque es un castigo disperso, no abiertamente declarado; y en tercer lugar, la guerra económica, dirigida contra la economía del enemigo, empleando directamente medios económicos.
A seis años de sentadas la bases del bloqueo por el gobierno estadounidense contra Venezuela, es evidente que al país se le ha aplicado un coctel de opciones económicas para ahogar su economía, evitar el suministro de bienes esenciales, hacer colapsar al gobierno dirigido por Nicolás Maduro y lograr el ansiado "cambio de régimen", a lo que no escapa la población, porque esta es objetivo para debilitar el Poder Nacional, pues su afectación cada vez en mayor medida, auspiciado por la aplicación de estas "sanciones" para desmejorar sus condiciones de vida, busca reducirla en cantidad, calidad, mellar su carácter y moral nacional.
Y si en algo han impactado negativamente estas medidas coercitivas unilaterales económicas contra el país es en el abastecimiento de alimentos.
La persecución a los CLAP
A un año de iniciadas las medidas de bloqueo contra Venezuela, fue lanzado el 3 de abril de 2016 por la Revolución Bolivariana el programa de alimentos subsidiados denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), con el fin de enfrentar la guerra económica, el desabastecimiento inducido, las largas colas para adquirir alimentos básicos e incluso el fenómeno del "bachaqueo" de estos, principalmente hacia Colombia.
No había pasado un mes desde su lanzamiento cuando se inició una campaña de descrédito del programa de alimentos, al cual se le catalogó de inconstitucional, indicios de discriminación política y hasta de apartheid alimentario.
A los 7 días del mes de junio de 2016, la recién electa Asamblea Nacional de mayoría opositora al Ejecutivo Nacional rechazaba los CLAP "como mecanismos discriminatorios e ineficientes para la distribución de alimentos a la población venezolana", bajo la presidencia de Henry Ramos Allup, el mismo que en ese entonces afirmó que en seis meses sacaba a Nicolás Maduro de la presidencia.
Misma Asamblea Nacional desde donde se promovieron y avalaron las "sanciones" contra el país, y se intentó fracasadamente imponer por Estados Unidos la figura de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en 2019.
En 2017, se arreció el discurso contra los CLAP, asociado directamente a la figura del empresario Alex Saab por su relación como proveedor de alimentos contratado por el Gobierno nacional, acusándolo de la compra de productos con sobreprecios y de mala calidad.
Desde ese entonces, se levantaron sobre el caso cientos de reportajes, desde la palestra de una autodenominada "prensa independiente", a los cuales se les fueron agregando elementos, intentando involucrar al presidente Nicolás Maduro como el principal beneficiario de los supuestos negocios que se realizan a través de los CLAP.
A la Asamblea Nacional ya extinta se le sumaron otros protagonistas que dibujaron la serie de denuncias contra Saab desde entonces, y se vanaglorian del proceso de su detención, ocurrido en 2020. Uno de ellos es el portal Armando.info, al que se adiciona Transparencia Venezuela y, finalmente, Luisa Ortega Díaz.
Armando.info es un portal web cuya audiencia radica principalmente en Estados Unidos, Colombia y España. Desde inicios del año 2017 arrancó la campaña contra Saab y los CLAP.
Ya en 2019, como se puede leer en una entrevista que sus autores dieran a través de una red de enlace Caracas – Miami – Bogotá al Global Investigative Journalism Network, manejaba una operación de financiamiento por 200 mil dólares anuales, provenientes principalmente de dos financistas: la Open Society Foundation (OFS), red internacional creada por el magnate George Soros; y la ya conocida National Endowment for Democracy, la Fundación para la Democracia Nacional (NED), fundada en 1983 a iniciativa del Congreso de Estados Unidos para financiar proyectos que promuevan la democracia liberal. Bastante conocida por sus históricas intervenciones desestabilizadoras de gobiernos en varios países.
En líneas generales, detrás de Armando.info está un actor estratégico conocido: Estados Unidos; el que acciona desde 2015 las opciones estratégicas económicas contra Venezuela.
De hecho, Armand.info se une a otros medios digitales venezolanos, que hacen este trabajo de "periodismo de investigación" contra el gobierno venezolano, como RunRun.es, El Pitazo y Efecto Cocuyo.
Este último, financiado por el gobierno de Reino Unido, cuyo aporte asciende a 1 millón 20 mil 750 dólares desde 2016, con el fin de "fortalecer la democracia en Venezuela", según publicaciones de Declassified UK en 2021, en cuyo listado de la Foreign & Commonwealth Office también aparece Transparencia Venezuela A.C.
Transparencia Venezuela asume que lo denunciado por la extinta Asamblea Nacional de Venezuela, el portal Armando.info y ellos ha permitido dibujar el esquema que llevó a Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, a aplicar las medidas coercitivas contra los CLAP y todo el que se relacione a este programa.
Mientras tanto, el Gobierno británico que financia a estos últimos retiene el oro venezolano desde noviembre del año 2018, valorado en 1 mil 200 millones de dólares; y en 2020 volvió a lanzar el financiamiento de un nuevo proyecto "periodístico" desde su embajada en Colombia, con el fin de crear una "nueva plataforma que fortalezca la organización de los medios de comunicación en toda la región y proporcione a los periodistas una plataforma en la que puedan colaborar y construir historias regionales", sí, "construir historias" en América Latina, y abarcando furtivamente a Venezuela.
La figura de Luisa Marvelia Ortega Díaz aparece una vez que es destituida por unanimidad como Fiscal General de la República, comenzando el mes de agosto del año 2017, en la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considerara que existían causas por la cual se podría abrir un juicio a la misma. Entre esto, por la inacción del Ministerio Público a cuatro meses de violencia en el país durante las llamadas guarimbas orquestadas por la oposición venezolana.
A partir de aquí, Ortega apareció desde Brasil, a finales del mismo mes de agosto de 2017, sumando elementos para todo este entramado de denuncias, replicándose mediáticamente, por la acusación al presidente venezolano de beneficiarse directamente del programa CLAP, y pidiendo a la justicia estadounidense, colombiana y española que investigaran esos hechos.
Específicamente, por una supuesta relación con Group Grand Limited, compañía de Alex Saab "en papeles", pero que se presumía (sí, se presumía) que la empresa era del propio Nicolás Maduro; desde allí el empresario fue catalogado como su testaferro; además, con esto se aseguraban la confirmación de actos de corrupción desde el alto gobierno, como lo dibujaba Armando.info desde abril.
Para todo el resto de las acusaciones desde 2018 solo hay que entrar en cualquier página web, cosa que no es el objetivo de este trabajo, mas sí identificar cuáles son los actores estratégicos que se mueven detrás de las acciones del bloqueo económico, financiero y comercial que sufre Venezuela, principalmente, para cortar los suministros de bienes esenciales como los alimentos, medicamentos o combustibles para la población venezolana.
Sin embargo, y aunque se puede leer en "Petróleo, 'sanciones' y bloqueo vs. insuficiencia alimentaria en Venezuela", no puede dejar de mencionarse que, en 2017, el JP Morgan retrasó aceptar recursos por 28,1 millones de dólares para el pago de buques de alimentos, fueron devueltos por bancos europeos 29,7 millones de dólares para proveedores de alimentos de los CLAP y se interrumpió el desembarco de 18 millones de cajas del programa.
Y en 2018 otros actores, como el gobierno colombiano, bloquearon el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos de los CLAP y en el sistema financiero internacional se hacía lo propio con la retención de 104 millones de euros, destinados al pago de proveedores del programa de alimentos subsidiados. Y William Bronwfield anunciaba la aceleración de las "sanciones" para el colapso del Gobierno y, por ende, el sufrimiento aún mayor de la población venezolana.
Estados Unidos asume su papel de actor estratégico contra los CLAP
Ya servida la mesa, era previsible que este programa fuera objeto de persecución, y cada día que pasaba se fue convirtiendo en el blanco preferido para la aplicación de cualquier medida que impidiera que esta forma de distribución de alimentos llegara a las familias beneficiadas, con la excusa de "evitar negocios del régimen".
El 22 de mayo de 2019, Elliott Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, aunque este nunca llegó a Venezuela, anunció que el gobierno de Donald Trump preparaba "sanciones" contra funcionarios venezolanos por lucrarse con el CLAP, un "programa que estaba corrupto", por lo tanto "estaban investigando los detalles" y justamente el Departamento del Tesoro estadounidense lo hacía "desde hace mucho tiempo".
De hecho, en uno de los informes publicados antes, a principios de mayo de 2019, Estados Unidos ahora asumiendo las denuncias, aseguraba que altos funcionarios usaban el Programa CLAP para lavar activos, pero además que los métodos usados permitían "evadir sanciones y mantener el control sobre el poder", o sea, burlar las "sanciones económicas" impuestas por ellos para hacer colapsar al Gobierno, al mismo tiempo que Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, anunciaba que por eso Estados Unidos había enviado alertas a entidades financieras del mundo. Más elementos para justificar el bloqueo económico, financiero y comercial con el que se intenta someter al país.
En junio de 2019, finalmente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició las "sanciones" contra personas y empresas que proveen los CLAP, convertido ya en un importante programa de subsidio de alimentos para la población venezolana en tiempo de bloqueo, donde se incluía a la figura de Alex Saab, asegurando que este "operaba una red de corrupción a gran escala". Medidas coercitivas que con el tiempo se extendieron contra toda su familia y sus empresas.
Seguido, el 18 de junio de 2020, y como se puede leer en un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, "el Tesoro sancionó a tres personas y ocho empresas por evasión de sanciones relacionadas con un supuesto programa de petróleo por alimentos".
Esto es que, en medio de la pandemia mundial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dictó las medidas coercitivas contra entidades mexicanas, imponiendo "sanciones" a los tres individuos, las ocho firmas extranjeras y dos embarcaciones por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), por llevar adelante el programa "alimentos por petróleo" con Venezuela.
La explicación es que ayudaban a Alex Saab a evadir el bloqueo con la supuesta "red que intentaba eludir las sanciones, con las que Washington busca presionar al presidente Nicolás Maduro", figurando en la lista la empresa mexicana Libre Abordo y su relacionada Schlager Business Group, así como sus copropietarios, a quienes se les congelaron todas las cuentas.
Esto convierte a Alex Saab en elemento clave para el asedio certero contra el programa CLAP, en otras palabras, para el bloqueo del suministro de alimentos, puesto que el empresario, que desde el año 2015 es considerado uno de los principales proveedores de alimentos de Venezuela y, desde 2018, nombrado Enviado Especial de la República para adelantar negociaciones directas de Gobierno a Gobierno, entre ellos, con Irán y Rusia.
Entre sus funciones está conseguir créditos en el exterior para poder financiar ante el bloqueo y persecución de las cuentas del Gobierno nacional, alimentos y medicinas, con el fin garantizar las entregas. Y evidentemente reflejado por todos los voceros de la Casa Blanca, con relación al caso, abrir las vías para que los suministros de estos bienes esenciales lleguen al país, burlando el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. En otras palabras, abriendo cadenas de suministro, logística, financiación y nuevas relaciones comerciales.
El 12 de junio de 2020 fue detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos, y con solicitud de extradición al país norteamericano, mientras se dirigía a la República Islámica de Irán en una Misión como Enviado Especial de Venezuela, violando su inmunidad de jurisdicción, tal como lo ha denunciado hasta la fecha la Cancillería venezolana, la Asociación de Abogados de África, y reconocidos doctores en derecho como Jorge Miranda, co-redactor de la Constitución de la República de Cabo Verde, asegurando que violan los principios y regímenes del derecho internacional sobre inmunidades y, por tanto, debe ser puesto en libertad de forma inmediata.
Por su parte, Estados Unidos espera extraditarlo y enjuiciarlo, sobre todo para conocer lo que tiene que decir sobre Nicolás Maduro e informe sobre los supuestos actos criminales del presidente, porque ese es el objetivo final para lograr el "cambio de régimen" y, con ello, asestar un certero golpe a la Revolución Bolivariana, tomando en consideración todas las denuncias que se han realizado en relación a los CLAP.
Denuncias en las cuales siempre se encontrará un lejos de firmeza, cuando se le acusa de posible testaferro desde 2016, porque se presume que la empresa mexicana es de Nicolás Maduro, y se reconozca que todo el dinero de corrupción será inauditable, pero se asegura que sí robó.
Lo que sí es cierto es que se le acusa de evadir el bloqueo económico, financiero y comercial, impuesto a través de "sanciones" a Venezuela por Estados Unidos, Europa y algunas naciones de América Latina para adquirir alimentos dirigidos a los CLAP, y recientemente se le vincula a la evasión de medidas coercitivas en el mercado de combustibles. Suministro que Estados Unidos intentó cortar completamente a Venezuela en el año 2020, y que sólo pudo mantener por las relaciones estratégicas con Irán.
Planteamientos finales
Si por burlar el bloqueo contra Venezuela es por lo que finalmente se arreció la persecución por parte de Estados Unidos a Saab, lo que en definitiva se intenta desde el país norteamericano es impactar un certero torpedo contra el suministro de bienes esenciales, tal cual torpedo del submarino alemán U-boat contra el transatlántico británico en 1915, y más específicamente sobre los CLAP.
Más allá, enviar un mensaje claro al empresario nacional e internacional que intente mantener relaciones comerciales con Venezuela, sentando claramente un precedente, que será perseguido arbitrariamente tanto a nivel comercial como penal.
Y aunque la satanización de los CLAP se inició desde el primer momento de su lanzamiento, con el objetivo de sembrar su rechazo en la propia población venezolana al que es dirigido, este programa de alimentos subsidiados representa un aporte para cubrir los requerimientos nutricionales de un hogar promedio venezolano, además no hay duda de que la mayoría de la población valora positivamente la posibilidad de recibirlo, incluso porque su valor real monetario es mucho mayor al precio que finalmente pagan las familias para acceder a él.
En fin, con esta acción también se busca la asfixia al gobierno venezolano para acelerar el colapso, aunque se mate a la población de hambre "en un período de sufrimiento en términos de meses o años".
Este trabajo fue publicado originalmente el sitio web de Alimentos y Poder el 8 de marzo de 2021.