El pasado viernes 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación política de María Corina Machado para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años, como refiere la sentencia 00005 del máximo tribunal.
La ratificación de esta sentencia ocurre luego de que Machado interpusiera una demanda en la que solicitaba un amparo cautelar contra la decisión de la Contraloría, que junto a ella inhabilitó a otros políticos por participar en la trama de corrupción del “interinato”, causante de enormes pérdidas a la nación con consecuencias catastróficas. Además, la dirigente llamó públicamente a la intervención militar del país e incumplió la Constitución cuando aceptó la acreditación como representante alterna de la delegación de la República de Panamá ante la OEA.
La inhabilitada solicitó el amparo en el marco de las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática, en las que María Corina Machado no participa. Los Acuerdos de Barbados, firmados el 17 de octubre de 2023 entre las dos delegaciones, incluyen el "Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos".
En dicho documento se ratificó la voluntad de acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución, así como el rechazo de cualquier forma de violencia política contra Venezuela, su Estado y sus instituciones.
Entre las garantías electorales para todos los actores políticos destaca “la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.
En ese sentido, la decisión del TSJ de ratificar o no la inhabilitación de algunos actores políticos está signada por el respeto a la Constitución, un elemento trasversal en los acuerdos firmados entre un sector de la oposición y el gobierno venezolano, que contemplan el respeto irrestricto del marco constitucional del Estado venezolano.
Autoexclusión
La ratificación del caso sobre Machado es producto de su accionar antivenezolano, resumido en una larga lista de comportamientos que atenta contra los intereses nacionales. Abogar por la invasión extranjera al país mediante la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Responsabilidad de Proteger (R2P), promover y apoyar la estrategia de un falso gobierno y apoyar el saqueo de recursos del país es una ínfima, pero elocuente, parte del historial que la ha caracterizado en épocas recientes.
Por otra parte, es necesario resaltar que su inhabilitación no compromete los acuerdos que se han logrado hasta ahora entre Venezuela y Estados Unidos para la flexibilización de algunas sanciones en materia petrolera. En ninguna parte de los Acuerdos de Barbados se establecía la habilitación de algún actor en específico.
Yo recibí el mandato de casi 3 millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular.
No pueden hacer elecciones sin mí y esos millones de venezolanos que representamos. pic.twitter.com/aISOGfUT6N— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 29, 2024
¿Y ahora?
A pesar del chantaje que pretende posicionar María Corina Machado autoasumiéndose como líder absoluta y pieza fundamental de la democracia, al declara que "no pueden hacer elecciones sin mí y esos millones de venezolanos que representamos”, lo cierto es que su postura no es más que un nuevo intento extorsivo, de esos que vienen caracterizando su participación política en los últimos 25 años, la cual busca enrarecer y entorpecer el clima de estabilidad general que vive el país.
El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre algunas apelaciones que fueron introducidas en el marco de los Acuerdos de Barbados, y determinó que unos actores políticos fueron habilitados y otros no según la valoración específica realizada por el máximo tribunal y siguiendo lo contemplado en el texto constitucional.
La vida política del país seguirá su curso sin interrupciones y los Acuerdos de Barbados deberían seguir implementándose sin mayores retrasos de cara a la realización de los comicios presidenciales contemplados para este año.
En ese contexto, el jefe de la Delegación del Gobierno Venezolano para el Diálogo, Jorge Rodríguez, informó que recibieron invitación del jefe de la delegación facilitadora del Reino de Noruega, Dag Nylander, para conformar la Comisión de Seguimiento y Verificación como paso que viene, según lo negociado, y destacó que este paso representa, como señaló, "un nuevo intento para sostener los acuerdos firmados en Barbados, a pesar de los constantes ataques al cauce constitucional". El gobierno venezolano ha insistido en que nada de lo negociado puede ir contra lo establecido en la Constitución y las leyes de la República Bolivariana.