El secuestro del avión Boeing 747 300-M de la empresa venezolana Emtrasur se encuentra bajo la decisión del juez Federico Villena, con juridiscción en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde reposa la aeronave.

De acuerdo a instrucciones del juez Villena, cuatro tripulantes de origen iraní y tres tripulantes de origen venezolano no pueden abandonar el suelo argentino, mientras transcurren las investigaciones y el proceso judicial.

A la fecha, 12 integrantes de la tripulación ya habían sido autorizados a salir de Argentina, pero el fallo fue apelado por la fiscal del caso, Cecilia Incardona, por lo que la decisión del juez quedó en suspenso.

Seguidamente, conviene analizar datos del perfil del juez Federico Villena, que podrían ser útiles para determinar su "probidad" como magistrado.

¿Quién es Federico Villena?

El juez federal Federico Villena ha sido señalado de escalar en el sistema de justicia de Argentina mediante la construcción de vínculos con los últimos gobiernos de su país, desde el gobierno de Cristina Fernández y seguidamente con el gobierno de Mauricio Macri.

Villena, según el medio bonaerense La Nación, llegó a su cargo actual merced del apoyo que le dio Silvia Majdalani, considerada "la poderosa exnúmero 2 de la inteligencia en la época de Mauricio Macri", refiere el medio, y también por favores de María Eugenia Vidal, quien fue gobernadora de la Provincia de Buenos Aires desde 2015 hasta 2019.

Conviene recordar que en 2019 la hoy diputada por Buenos Aires, María Eugenia Vidal, participó en operaciones de robo de bienes venezolanos en Argentina, concretamente en los muelles de Dock Sud, en la provincia bonaerense. Vidal violentó los candados de la empresa venezolana Petrolera del Cono Sur S.A. (PCSA), filial de PDVSA, encargada de la distribución de combustibles en el Río de la Plata y operadora de una planta de distribución de combustibles y varias estaciones de servicio.

En 2019, Vidal instrumentó medidas a favor del "gobierno falso" de Juan Guaidó mediante el apoyo a Elisa Trotta Gamus, pseudo-embajadora del gobierno fake, para tomar bienes de PCSA.

Federico Villena ha sido señalado de "zigzaguear" en la política de su país y ha estado en el centro de varias operaciones. Lideró una megaoperativo para detener a 22 exagentes de inteligencia, cuyo procedimiento fue cuestionado incluso por figuras del gobierno argentino en 2020.

Según La Nación, que es un medio de la derecha liberal de su país, desde el ascenso a su cargo en 2015, Villena "forjó relaciones con todo el arco político y, como muchos de sus compañeros de fuero, con los servicios de inteligencia".

Villena "tiene que agradecerle el avance en los últimos años en su carrera judicial tanto al kirchnerismo, que lo hizo juez con el decreto 992/2015 (firmado por Cristina Kirchner y por Julio Alak, como ministro de Justicia), como al macrismo, que lo trasladó a Lomas de Zamora con el decreto 1168/2018 (firmado por Macri y por el ministro Germán Garavano). El traslado se confirmó el 26 de diciembre, un día después de Navidad, con la administración de Cambiemos recién estrenada en el poder", refiere el medio.

Villena fue acusado en 2021 de "mal desempeño", "arbitrariedad" y "negligencia grave" por la fiscal federal Cecilia Incardona; el titular de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; y el otro juez Federal en Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, refirió el medio Clarín.

Los funcionarios señalaron a Villena de haber actuado de manera "expresa", liberando y devolviendo 400 mil dólares a Karina Moyano que habían sido incautados en una detención. Moyano estaba envuelta en una investigación por narcotráfico. Sin embargo, Villena había contado con el favor de la Procuraduría de su país librándose de responsabilidades.

En mayo de este año, justo un mes antes del secuestro del Boeing 747 300-M de Emtrasur, Villena estaba en el ojo del huracán, bajo investigación de las autoridades por "lavado" y siendo comidilla de los medios.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, estaba siendo cuestionado por la compra de una casa que habría declarado a un precio menor que el de mercado y financiado con supuestos préstamos simulados y ventas de inmuebles ficticias. El magistrado fue denunciado e imputado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco.

La propiedad que adquirió Villena está ubicada en la calle Zuviría, en Flores, Capital Federal. El juez la compró en octubre de 2020. La cotizó por valor de 400 mil dólares estadounidenses, pero su precio real sería casi el doble, unos 790 mil dólares, según informó Clarín y ratificaron a La Nación algunas fuentes judiciales.

Villena realizó la compra mediante dinero en efectivo y ha alegado que accedió a ese dinero mediante "préstamos de sus amigos". Villena indicó que realizó la compra de manera rápida, necesitaba el efectivo rápidamente y "era plena pandemia".

"Me prestó un empresario con flujo de dinero grande, un abogado es la otra persona que me prestó 50 mil dólares, otra persona la tiene en su declaración jurada. Son personas de mi confianza, gente honesta", admitió Villena en entrevista para Clarín.

Maniobra judicial y comunicacional

El caso del avión de Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, ha tenido como epicentro declaraciones públicas que ha hecho Villena manifestando suspicacias y presunciones sobre el aterrizaje del avión en Argentina e igualmente sobre su tripulación.

En declaraciones que podrían considerarse incongruentes e infundadas (por no estar sujetas a pruebas), Villena no ha guardado sumario alguno por el caso venezolano. Por el contrario, ha instigado la generación de las matrices de opinión en medios, indicando textualmente las palabras "terrorismo", "espionaje", "sospechas" y "dudas" sobre el avión y su tripulación.

Hasta ahora, luego de requisas a la aeronave y a los teléfonos de la tripulación, y revisión de datos y nombres de la tripulación, ningún ente policial argentino ha descubierto algún indicio que refiera actividades a favor del terrorismo por parte de los tripulantes y la aeronave.

Villena se considera a sí mismo un activista "anti-terrorista". Sobre el caso del avión de Emtrasur, ha aludido los ataques terroristas contra la Embajada de Israel en su país en la década de 1990 (caso AMIA), creando un vínculo narrativo entre aquellos eventos y el presente.

Villena aludió a uno de los pilotos, el iraní Gholamreza Gashemi, quien se llama igual que un miembro de las Fuerzas Quds -una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-, definida por Estados Unidos como instructores de Hezbolá, pero se ha constatado que no se trata de la misma persona.

La llegada del avión provocó un revuelo mediático y el cuestionamiento de la oposición en Argentina, especialmente de la comunidad judía. En efecto, Israel ha activado vocerías diplomáticas en Argentina y Paraguay, señalando su posición a favor de la incautación del avión por haber volado anteriormente bajo bandera iraní.

Sin embargo, pese a los vínculos políticos de Villena, el juez es constantemente presionado por medios y políticos, especialmente de la derecha de su país, e incluso por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el brazo político de la comunidad judía, quienes insisten en la confiscación de la aeronave y han desplegado toda su influencia en la opinión pública.

La complejidad del cuadro donde se difuminan las líneas entre lo judicial, lo político y lo mediático sugiere que Villena ha logrado distraer a la opinión pública de los señalamientos de lavado en su contra y a expensas del caso Emtrasur -que está en un nudo crítico de alcance geopolítico-, podría estar construyendo convenios y alianzas con instancias de poder económico y político de su país para afianzarse en su cargo e incluso escalar en la estructura del poder judicial argentino.

Tal probabilidad ha sido atizada por actores de opinión en Argentina y estaría en plena concordancia con sus antecedentes y prontuario.

La oportunidad para Villena es también formidable para congraciarse con la influencia estadounidense en Argentina, si ha de fallar a favor de la solicitud de confiscación de la aeronave emanada recientemente por el Departamento de Justicia de ese país bajo alegatos pseudo-jurídicos. El posible sobrecumplimiento de las medidas coercitivas de Washington volverían a confirmar que el bloqueo contra Venezuela sigue de pie y no parece tener alivio alguno.