Años atrás, el actual presidente brasileño Jair Bolsonaro anunciaba, cuando era diputado, que iniciaría el proceso de privatización de la empresa petrolera brasileña Petróleo Brasileiro S.A., mejor conocida como Petrobras.

Al llegar al poder, Bolsonaro retoma la idea y en 2019 sale a la luz una lista de 17 empresas que el gobierno brasilero pretende privatizar, pero Petrobras no estaba en aquella lista por los momentos. Tal idea ha sido gestada por el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, que para finales de 2020 se quejaba porque la pandemia había retrasado el ritmo de las privatizaciones a empresas estatales y anunciaba que próximamente pasaban a manos privadas las empresas brasileñas Correios, Eletrobras y el Banco do Brasil.

Se sabe que el correo público es fundamental como brazo logístico de un Estado. En el caso de Correios, se trata de una empresa pública estratégica y esencial en estos tiempos de auge del comercio electrónico, además que es una empresa atractiva por ser superavitaria y posee el alcance amplio en todo Brasil. Hoy día es codiciada por la compañía estadounidense Amazon, así como DHL y Fedex, así que se plantea la subasta para 2022.

Sobre Electrobras, la empresa más grande del sector eléctrico en América Latina, en junio fue tendencia legislativa ya que el Senado brasileño aprobó un proyecto que adelanta su privatización.

Está por finalizar el mandato presidencial de Bolsonaro; sin embargo, su objetivo de vender decenas de empresas y subsidiarias estatales sigue en pie, pues la meta final es reducir el tamaño del Estado y entregar en bandeja de plata los recursos a las grandes corporaciones.

Situación de Petrobras y la injerencia

Ha sido evidente la falta de claridad y conducción de políticas para frenar las olas de contagio de covid-19 en Brasil. Nunca fue prioridad la protección del pueblo brasileño ante la pandemia. Así los números reflejen un aumento de la producción de crudo en 2020, llegando a 2,3 millones de barriles día en Brasil, las cifras covid-19 se pierden de vista, con más de 21 millones de personas contagiadas y más de 600 mil fallecidos.

Así que, en este largo camino de privatización de empresas estratégicas de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo en una entrevista en su página de Facebook que la privatización de Petrobras ayudaría a liberar a la empresa de la presión política y añadió el comentario de que la estructura crediticia estatal Banco do Brasil también puede privatizarse.

El contexto energético actual de Brasil es complejo, el aumento de los precios de la energía en general ha socavado la popularidad de Bolsonaro antes de la reelección del próximo año. El exministro de Defensa de Brasil y actual presidente ejecutivo de Petrobras, Joaquim Silva-e-Luna, ha sido criticado en el parlamento por el aumento de los precios del combustible principalmente.

Ahora bien, Bolsonaro justifica que quiere privatizar Petrobras porque está cansado de ser criticado por el alza de los precios de los combustibles, ahora pide ayuda al Congreso para darle a la petrolera un "sesgo social". Esto contradice sus posturas cuando era diputado, ya que declaraba que privatizar era una barbarie.

También afirmó esta semana que la empresa estatal "solo da dolor de cabeza" y no brinda un servicio a los brasileños: "Es una empresa que hoy en día presta servicios a los accionistas, a nadie más. Si compras acciones de cualquier empresa, puedes perder", concluyó Bolsonaro.

Debe decirse, el proceso de privatización no es de un día para otro. El gobierno de Bolsonaro, desde 2018, ha vendido indirectamente el 16,2% de las acciones ordinarias de Petrobras. Como resultado, el Estado ahora posee solo el 50,2% de la petrolera, el límite para mantener su poder de decisión.

La estrategia de la administración es enfocar todas las actividades de la empresa en exploración y producción en el área del presal, concentrada en los estados del sureste. En este escenario, uno de los grandes símbolos nacionales corre el riesgo de limitar sus actividades a poco más de tres o cuatro estados.

Pero no solo es limitar las actividades, al escenario se le suma que la actual administración de Petrobras pretende privatizar 8 de un total de 13 refinerías, lo que podría generar incrementos aún mayores en los precios de la gasolina, diésel y gas de cocina. Como sería el caso de la Refinería Abreu e Lima, que opera desde 2014 en Pernambuco, su privatización podría significar la pérdida de soberanía sobre la importación de Gas Natural Licuado (GLP), esto se traduce a que el 80% de la capacidad de importación y almacenamiento de GLP pasaría al sector privado.

La venta de refinerías se pactó cuando el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y Petrobras firmaron un acuerdo en junio de 2019, en el que se establece que los contratos de venta para ocho de las 13 refinerías que opera la empresa tienen un plazo hasta el 31 de diciembre de 2021. Antes de firmar ese acuerdo, ya la gerencia de Petrobras anunciaba la venta del 60% de las refinerías.

Incluso, en agosto de este año Petrobras anunció que llegó a un acuerdo para venderle por más de 180 millones de dólares al grupo brasileño ATEM su refinería en la Amazonía, que cuenta con una capacidad de procesamiento de 46 mil barriles de petróleo por día y posee una terminal de almacenamiento.

En pocas palabras, si se llevan a cabo privatizaciones, la empresa estatal ya no sería responsable de coordinar el suministro nacional. No es poca cosa, la venta de estas refinerías implica que el control del 40% del refino de petróleo y el transporte de derivados estará bajo el control de la iniciativa privada y, por ende, el gobierno de Brasil no tendría voz para manejar las dinámicas propias del mercado.

Lo que se avecina es que una de las primeras acciones para lograr la ultima estocada para la privatización de Petrobras, sería elevar un proyecto de ley que permitiría al Sindicato privatizar a la empresa, método parecido a la capitalización de Eletrobras. El gobierno mantendría una "acción de oro", lo que le permitiría vetar operaciones y nombrar al presidente de la empresa.

El ministro brasileño Guedes, en una ceremonia esta semana, explicaba que el presidente Bolsonaro dijo que estudiaría lo que iba a hacer con Petrobras, pero que después de estos escenarios mundiales, si dentro de 10 o 20 años, el mundo entero migra hacia el hidrógeno y la energía nuclear, abandonando los combustibles fósiles. Petrobras valdrá cero en 30 años.

Continuando en la defensa, el ministro señaló que las acciones de Petrobras subieron un 6% después de que el presidente Jair Bolsonaro dijera que estudiaría formas de privatizar la empresa.

Entonces, ¿dónde están los intereses nacionales? Las empresas estatales, a grandes rasgos, plantean mantener el objetivo prioritario de buscar la satisfacción de los intereses nacionales, por encima de la lógica de la maximización de beneficios. Por ende, al pasar el proceso de refinamiento en manos de empresas privadas, se acaban las posibilidades de garantizar el desarrollo nacional y los bajos precios al consumidor, ya que la lógica deja de ser el bienestar social y pasa a ser el bienestar del mercado.

Siendo el petróleo el recurso principal responsable de la generación de energía en el mundo, al entregar este recurso a las corporaciones la soberanía de Brasil se mantendría en un estado de vulnerabilidad significativo.

Desde inicios de su gobierno, Bolsonaro ya mostraba su intención de colocar a Brasil en una posición de apego total a los intereses de Estados Unidos. Era 2018, la empresa petrolera estadounidense Murphy Oil busca más activos en Brasil. La empresa tenía planeado un campo para llamarlo propio, asumiendo el cargo de operador y, preferiblemente, ya en producción.

Así se evidenció, cuando la plataforma The Intercept Brasil publicó conversaciones que revelan la estrecha relación entre la Policía Federal de Brasil y el FBI, durante las investigaciones del operativo Lava Jato. Se hace notorio que la operación funcionó a través de una cooperación muy estrecha con las autoridades estadounidenses.

En definitiva, estos planes llevan tiempo, la conspiración estaba dirigida principalmente contra Petrobras, considerada la empresa más grande de América Latina y en épocas de encontrar el mayor descubrimiento de petróleo del milenio. Pero durante el transcurso de la operación, la administración estadounidense aprovechó la oportunidad de involucrarse en las estrategias de liquidación de las grandes empresas brasileñas, que compiten directamente con las empresas estadounidenses y Bolsonaro junto a Guedes, ajenos a la soberanía de su país, acelerarán los procesos para 2022.