La manipulación política ha sido la marca mayor en la llamada "causa Vialidad", resultado en la decisión del pasado 6 de diciembre emitida por el Tribunal Oral Federal número 2, en cuya sentencia se condena a la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kichner (CFK), a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En el juicio oral, que comenzó en mayo de 2019, se investigó el presunto redireccionamiento de obras viales llevadas adelante en la Provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez. Esta causa tuvo su inicio en 2008, cuando se presentó una denuncia para que se investigaran estos hechos. En aquel momento fue sorteado el juez Julián Ercolini, quien resolvió que él no era competente para la investigación, y que ésta se debía tramitar en el poder judicial de Santa Cruz.

Aquel proceso concluyó con el sobreseimiento de todos los investigados por entender que no constituían ningún delito, pero en febrero de 2016, el interventor de Vialidad Nacional designado por Mauricio Macri presentó una denuncia por los mismos hechos ante los tribunales de Comodoro Py. Otra vez debía intervenir Julián Ercolini.

Según los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, encargados del caso, CFK fue la cabeza de una "asociación ilícita" que benefició al empresario Lázaro Báez mediante licitaciones manipuladas, condiciones extraordinarias y sobreprecios, administrando de forma fraudulenta fondos públicos.

Cápsulas de un expediente intoxicado

1. Cuando Javier Iguacel, destacado anti-K y fallido candidato a intendente de Capitán Sarmiento, Provincia de Buenos Aires (2015), fue designado a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en enero de 2016, de inmediato ordenó una auditoría de las obras viales solo de la Provincia de Santa Cruz motivado por "una denuncia anónima" de 2008.
2. A dos ingenieros y un contador, designados como auditores, se les dio 15 días hábiles para investigar 81 obras realizadas entre 2003 y 2015. Estos consideraron imposible realizar todas las inspecciones oculares y el análisis de todos los datos necesarios.
3. El informe presentado el 26 de marzo de 2016 concluyó que "no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…". Traducción: no se pagó nada que no haya sido construido.
4. González Oría, uno de los tres auditores que declaró en la causa, dijo: "Lo que figuraba como pagado estaba hecho". Otro de ellos, apellidado Romero, coincidió: "No hubo ninguna falsa certificación de obra a consecuencia de la cual se haya autorizado indebidamente un pago", agregando que los desajustes observados no fueron mayores al 0,1%.
5. Iguacel presentó ante los tribunales de Comodoro Py una denuncia penal el 26 de abril de 2016 que quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. Este pidió que se realizara una pericia con la participación de todas las partes, por lo que lo sacaron de la causa, y asignaron a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Ercolini, ocho años después de su declaración de incompetencia, resolvió que en esta ocasión sí le correspondía llevar adelante la instrucción del proceso.
6. El juez en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Julián Ercolini, no promovió ninguna pericia en tres años. El lego es famoso por haberse negado a indagar a los directivos de Clarín y La Nación durante la "causa Papel Prensa" que sobreseyó y por mantener, sin ninguna prueba concreta, la idea de que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado.
7. Para justificar una acusación por sobreprecios, Pollicita y Mahiques (de familia íntimamente ligada a Macri) dijeron que los presupuestos de las empresas del constructor Lázaro Báez totalizaban 2 mil 800 millones de pesos y, en cambio, con las licitaciones del gobierno macrista, las empresas que ganaron con sus ofertas, presupuestaron 1 mil 900 millones. De allí "calcularon" un sobreprecio de 928 millones de pesos (64%).
8. Los fiscales omitieron que en la nueva licitación no se debía construir la totalidad de los tramos porque ya la empresa de Báez había construido buena parte. Así lo demostró la defensa del extitular de Vialidad, Nelson Periotti.
9. Otra acusación fue que se hicieron demasiadas rutas en Santa Cruz y por ello acusan a CFK, aun cuando a esa provincia se destinó 11% del presupuesto de Vialidad y ocupa 12% del territorio nacional. Además, las obras fueron votadas en el Congreso Nacional.
10. Otra acusación alude que distintas empresas de Lázaro Báez ganaron 52 de las 81 obras de Santa Cruz, aun cuando lo mismo ocurrió en todas las provincias y las empresas locales suelen ganar un alto porcentaje de las obras porque allí tienen el personal y las maquinarias. Además, Periotti demostró que pocas empresas quieren ir a dicha Provincia por altos costos de traslado del personal y maquinaria a 1 mil 800 kilómetros y condiciones climáticas difíciles.
11. Se acusa por la concentración de obras en pocas empresas cuando, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires se hicieron 455 obras por 26 mil millones de pesos, pero cuatro empresas hicieron obras por 17 mil millones. En Tucumán se hicieron obras por 2 mil 500 millones, pero tres empresas se quedaron con las licitaciones por 1 mil 500 millones. Patrón que se repite en otras provincias.
12. Una de las objeciones fue el atraso en las obras; sin embargo, González Oría declaró que "un atraso en una obra es algo totalmente normal, en cualquier lugar y con cualquier empresa. Hay motivos para una demora en una obra que son justificables, como puede ser un fenómeno climático, problemas con la provisión de materiales, es algo normal y, en Santa Cruz, es algo más normal todavía, por el tema de las distancias, a veces no hay asfalto".
13. El diario Página/12 publicó un análisis hecho por el Sindicato de Vialidad de una obra vial realizada por el macrismo en la llamada Ruta 8. Allí se presupuestaron 285 millones a fines del gobierno de CFK en 2015. En 2019, durante el gobierno de Macri y con dos años de retraso, el monto a pagar por la obra era de 2 mil 500 millones pesos, un 877% de aumento, por inflación, pero sobre todo por cambios en el recorrido. La constructora es la del Grupo Macri, Iecsa.

Simbiosis entre jueces y sectores de poder

Entre las reacciones del gobierno que encabeza Alberto Fernández, y del cual CFK forma parte, destaca la del ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Martín Soria. Este aportó algunos otros elementos que muestran cómo la causa Vialidad se estructuró como una clásica operación de lawfare. El funcionario declaró a la Radio AM 990:

"Ayer conocimos este fallo absurdo del tribunal oral formado por la bandita que se juntaba a jugar al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. (Julián) Ercolini es el juez que instruyó esta causa armada de pies a cabeza para proscribir y condenar a Cristina. Es quien pasará a la historia por haber cerrado la causa de Papel Prensa".

Agregó que Ercolini apareció recientemente en un audio "hablando sobre cómo hacer facturas truchas" y que, con el veredicto contra CFK, el magistrado sobreseyó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y a todos los imputados luego de haberse "robado una empresa privada" junto a la dictadura militar y a La Nación.

Respecto a los audios mencionados por Soria, se trata de los chats que revelan cómo funcionarios porteños (de la CABA), magistrados, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían intentado instalar una versión falsa sobre un viaje que habían realizado a Lago Escondido, Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una hacienda.

Además de Ercolini, en el viaje están involucrados Juan Bautista Mahiques, fiscal general de CABA; Marcelo Silvio D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia CABA (propietario de la línea supuestamente hackeada); Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Media.

Es altamente estrecha la simbiosis entre el Poder Judicial y el poder político que aún mantienen y buscan restaurar las élites herederas de los genocidas de los años 1970-80 del siglo pasado. De dicha connivencia forman parte algunos jueces y fiscales como Rodrigo Giménez Uriburu, juez del Tribunal que intervino en el juicio; Diego Luciani, fiscal del juicio; Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal de Apelaciones (que intervino en los recursos durante la instrucción); quienes juegan al fútbol en la quinta de Macri. Otros jugaron al tenis y al paddle en la Quinta de Olivos cuando Macri era presidente: tales son los casos de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, jueces de la Cámara Federal de Casación Penal.

Objetivo CFK

En un análisis sobre la decisión judicial, Eli Gómez Alcorta aporta algunos datos que precisa el tsunami de acciones contra CFK y a su formación política integrada por movimientos sociales:

• Entre 2004 y 2022, CFK fue denunciada en 654 ocasiones.
• Al menos seis personas, vinculadas con el espacio político opositor a la vicepresidenta, la denunciaron entre 20 y 74 veces.
• La mayor cantidad de denuncias se presentaron entre 2014 y 2016 y, luego, entre 2021 y 2022, coincidiendo con los años previos a elecciones presidenciales, que en su gran mayoría todas fueron desestimadas.
• A pesar de que existe un sistema de sorteo para la asignación de los jueces que tienen que intervenir en cada causa judicial, en diez casos seguidos contra CFK, salió sorteado el mismo juez de 12 juzgados con competencia federal posibles (las probabilidades de que ello suceda son de 0,00000000177%, es decir, menos de 2 cada mil millones).

Asimismo el texto aporta otros datos que demuestran que no son nuevas las acciones del Poder Judicial para ayudar a llevar adelante el plan sistemático de represión y exterminio más atroz que vivió Argentina en el siglo XX. Es difícil no vincular esta acción teñida de politización judicial con el intento de magnicidio instrumentado el pasado 1º de septiembre en el marco de un escrache en su domicilio y el posterior apoyo popular que recibiera como respuesta.

La guerra judicial contra el llamado kichnerismo va acompañada de odio mediático en un país que atraviesa una crítica situación económica y social en la que persiste la amenaza de que regresen tiempos complejos en los que ya ha imperado la persecución fascista disfrazada de orden necesario.