En abril de 2018, publicamos un análisis sobre la débil causa de la Fiscalía colombiana contra Jesús Santrich y sus pretensiones de vincular a Venezuela a ese mismo caso.

Para ese momento, Santrich era ex Comandante de las FARC-EP y estaba a punto de asumir un escaño en la Cámara de Representantes. Después de poco más de un año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió que las pruebas presentadas por Fiscalía no eran suficientes, por lo que quedó en libertad y en conformidad con los acuerdos firmados en La Habana. Se le dio garantía de no extradición.

Esto sirvió de argumento a la renuncia del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez a su cargo, en un pretendido arranque de dignidad, esgrimiendo lo que definió como su "devoción por el Estado de derecho".

Pero esa supuesta pasión ya había sido cuestionada por el caso Odebretch, donde Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe resultaban comprometidos, al igual que el propio fiscal. Como suele suceder en Colombia, el testigo principal de ese caso —quien además mencionó directamente a Martínez como involucrado— y el hijo de este testigo, así como un segundo testigo, murieron consecutivamente.

En al menos dos de esos casos se habló de envenenamiento por cianuro. También a esas "malas casualidades" se vincularon al nombre de Martínez. Y según algunos análisis periodísticos, es en este caso de corrupción y sus consecuencias donde se encuentra la verdadera razón de la renuncia del exfiscal.

Sin embargo, por lo que se ha sabido durante estos días, gracias a la publicación de algunos de los audios restantes y documentos oficiales del caso que han sido publicados, también puede pensarse que su renuncia haya sido motivada por el final y relativo fracaso de la que sería la más importante operación de su gestión en la Fiscalía colombiana, coordinada por la DEA y los tribunales estadounidenses, lo que en un país soberano habría constituido la raíz del escándalo, pero no es el caso de Colombia.

nuevas informaciones sobre el "entrampamiento" a Santrich

Ese caso que acabó de derrumbar parcialmente el acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP no logró, sin embargo, ni la extradición de Santrich ni ninguno de sus otros objetivos políticos sobre los que poco o nada se habla.

Hace poco más de una semana, un periodista colombiano tuvo acceso a los casi 24 mil audios de intercepciones telefónicas a Marlo Marín —sobrino de Iván Márquez—, documentos adjuntos, y además pudo ver el expediente de intercepciones a este último en cuyas conclusiones la Fiscalía dejó claro que no encontró ninguna conversación que lo indiciara.

El escándalo desatado ha bajado sorpresivamente de volumen, pronto será tapado por otro escándalo y seguramente olvidado por la opinión pública o simplemente asimilado como un caso más de falsos positivos, montajes, corrupción y mentiras habituales de la clase política colombiana.

De qué se trata lo develado y por qué le atañe a Venezuela

En primera instancia, el caso le atañe a la paz de Colombia por ser también víctima del avance extraterritorial del conflicto interno colombiano y sus consecuencias humanas, políticas y económicas. No habrá paz ni en Venezuela ni en la región mientras no haya paz en Colombia.

Pero en segundo lugar, desde el principio esta operación ha buscado involucrar al Gobierno bolivariano y justificar ante la opinión pública internacional la agresión militar de los Estados Unidos con la participación subordinada de las fuerzas militares y paramilitares colombianas.

Los audios que publica el periodista colombiano pertenecen a un total de 24 mil, de los cuales se habían conocido solamente 12, que la Fiscalía entregó a la JEP como supuestos elementos probatorios de que tanto Santrich como Márquez estaban en negociaciones con narcotraficantes mexicanos y en los que en ocasiones se menciona a Venezuela.

Los extractos y síntesis de esos audios y documentos que han sido publicados resultan aún confusos, pero ya lo poco que se comprende demuestra los altos niveles de las conspiraciones internas dentro del Estado colombiano contra la paz nacional e internacional.

Lo que aparentemente queda claro

Una primera cosa que parece quedar clara al conocer estos nuevos elementos es que se trató de una operación coordinada por la DEA, en la que la droga pertenecía a la Fiscalía de Colombia, quien autorizó su entrega controlada a un agente infiltrado.

Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, de quien hasta donde se sabe nunca fue militante de la organización guerrillera, se encuentra ya como testigo protegido y recluso en territorio estadounidense, al que fue trasladado en 2018 y es desde ahí que ha dado sus declaraciones para el caso.

También se deduce que los interlocutores de Marín eran agentes de la DEA que se hacían pasar por narcos mexicanos, aunque en realidad podría tratarse de narcos mexicanos que trabajan para la DEA; a pesar de que suene terrible, no hay contradicción.

Se sabe ahora que el dinero entregado era falso y pertenecía a la DEA y que Marín termina colaborando con la DEA, aunque no se precisa desde cuándo.

También los audios demuestran que toda esta operación de montaje comenzó en 2017, un año después de que Martínez iniciara su periodo de cuatro años como Fiscal de Colombia y cuando aún ocupaba la presidencia de Colombia Juan Manuel Santos.

El objetivo de los narcoagentes de la DEA era lograr que Marín pusiera a Santrich o a Márquez al frente de las negociaciones para poder implicarlos, pero eso nunca sucedió. A pesar de las presiones que se escuchan en los audios, ni siquiera consiguieron que alguno de los dos se pusiera al teléfono para siquiera saludarles y refrendar las operaciones de Marín.

Además, en los audios los presuntos agentes de la DEA mencionan a alguien que pareciera ser el general Óscar Naranjo (ex vicepresidente de Colombia para cuando se firman los acuerdos en La Habana y comienza esa operación) como si fuera parte del negocio, también mencionan a alguien como la "M" o "El Plátano", a quien la prensa identifica como el presidente Nicolás Maduro, por su nombre a Tareck El Aissami y hasta se pone al teléfono una mujer que dice llamarse Piedad y trabajar en derechos humanos, pero que en realidad ni siquiera posee el acento o la voz de Piedad Córdoba.

De estas primeras evidencias arrojadas por la investigación del periodista Edinson Arley Bolaños se deduce que dicha operación no tenía por objetivo buscar la verdad, sino presionar para la comprobación de una hipótesis, lo que para la ciencia son procesos diferentes y es de suponer que en materia científica policial también lo sean.

Por eso esta operación ha sido adjetivada por la prensa colombiana como "de entrampamiento", ya que demuestra que entre la DEA y la Fiscalía buscaban acabar con los acuerdos de La Habana al incriminar a excomandantes de las FARC-EP y personas que apoyaron la firma de los acuerdos de paz y, por supuesto, forjar pruebas para indiciar al Gobierno venezolano en el abundante tráfico de drogas que existe actualmente entre México y Colombia.

Es decir, que todo esto se hizo no para lograr el esclarecimiento de un delito, sino para alcanzar objetivos políticos de los Estados Unidos en nuestra región.

De mucho interés para la Fiscalía venezolana resulta la aclaración que hace el periodista Bolaños en su investigación:

"Otra llamada sostenida por Marlon Marín, a principios de 2017, tuvo como interlocutor al ciudadano neoyorquino Vincent Schifano, y de nuevo el tema fue la posibilidad de desarrollar una operación de lavado de activos. En concreto, el día 27 de febrero, Schifano le dijo textualmente a Marín que esa maniobra debía hacerse a través de las bancas venezolana y panameña. El 1º de marzo de 2017, Schifano le preguntó si había noticias de la operación de Venezuela, a lo que Marlon Marín respondió que le daba la razón en un rato porque estaba en una reunión. Lo que parece derivarse de este episodio es que el plan pensaba ejecutarse a través del banco venezolano Banesco, cuya directiva cayó meses después en la 'Operación Manos de Papel', ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro contra 'las mafias que robaron y devaluaron la moneda venezolana'".

Pero mientras esta investigación se hacía pública, medios de otras corporaciones mediáticas titulaban "Nicolás Maduro fue mencionado en las grabaciones del caso Jesús Santrich", obviando todo lo aquí dicho y reproduciendo las conversaciones, que todo parece indicar no son más que un libreto escrito por la propia DEA y actuado en complicidad con la Fiscalía colombiana.

Las conversaciones entre un delincuente llamado Marlon Marín y el Cartel de Sinaloa, supuestamente representado por dos agentes de la DEA, más el testimonio del primero ahora que se encuentra protegido por la justicia estadounidense han bastado para fabricar un caso contra el Gobierno bolivariano sobre el que estaremos profundizando.

Por lo pronto, algunos senadores de oposición al Gobierno de Duque han llamado a debate de control político al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz, para continuar conociendo sobre este caso.