Desde el mismo momento que triunfó la Revolución Islámica en 1979, el gobierno de Estados Unidos impuso un régimen de sanciones sobre Irán que ha dificultado, mas no impedido, el desarrollo económico-comercial y científico-tecnológico del país. Pese a esto, actualmente la República Islámica es una potencia regional de primer orden con un peso geopolítico propio.

Si bien el régimen surgido de la revolución no apostó por ningún alineamiento, común en épocas de la Guerra Fría, pronto la nación iraní fue objeto de un sinnúmero de restricciones por no responder a los intereses del gobierno de Estados Unidos en Asia occidental.

El argumento para la implementación de sanciones se basó en hechos sobre el desarrollo del programa nuclear iraní, los señalamientos de ser un agente desestabilizador en la región, pasando por la ya retórica y nunca despreciada denuncia de violación de los derechos humanos en el país.

El régimen de sanciones impuesto desde hace más de cuatro décadas estuvo dirigido a afectar el funcionamiento del sector petrolero, dinamizador de la economía y del desarrollo del país pero, con el transcurrir de los años, y en la medida en que el país lograba con éxito superar obstáculos, nuevos sectores se incluían en el esquema de medidas coercitivas: tecnología (programa nuclear), bancario, comercio exterior, etcétera.

En la actualidad, dependiendo de la fuente que se asuma, los fondos bloqueados a Irán oscilan entre los 100 mil y los 120 mil millones de dólares, con las consecuencias propias de tales medidas: alta inflación, desinversión en áreas estratégicas e imposibilidad de exportar e importar productos de consumo masivo e industrial, necesarios para el incremento de la productividad.

En 2015 se hizo pública la negociación del acuerdo nuclear iraní, llamado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania (P5+1), que contemplaba el levantamiento de sanciones a cambio de unos compromisos por parte de la República Islámica relacionada con su programa nuclear, los cuales después fueron abandonados por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

Luego de cinco años, desde la salida de Estados Unidos del pacto nuclear iraní, se ha conocido recientemente que ambos países han manteniendo negociaciones que estarían dirigidas a la liberación de algunos de los prisioneros que mantienen los dos gobiernos, y hacia el desbloqueo de importantes recursos financieros para el país.

Los dilemas de una negociación incipiente

El acuerdo al que llegó Irán junto con los P5+1, implementando desde 2015 hasta 2018 cuando la administración Trump salió del mismo, logró el levantamiento de algunas de las sanciones que se habían implementando contra la República Islámica, con el consecuente impacto positivo en la economía del país, revertido rápidamente con la implementación de nuevas medidas a partir de la decisión de abandonar el convenio.

La oposición política iraní en el exilio conseguía, con la salida de Trump del pacto nuclear, un respiro importante ya que ha sido una de las mayores promotoras de la imposición de sanciones contra el país que, junto al aislamiento internacional y la política de "máxima presión", constituyen las principales estrategias contra el estamento surgido en 1979.

La poca seriedad estadounidense a la hora de cumplir con acuerdos, expresada en la ambivalencia de su accionar diplomático, generó un debate interno en Irán sobre la necesidad o no de continuar con un proceso de negociación que no solo condicionaba el desarrollo tecnológico en materia nuclear del país, sino que además no rendía los frutos que en la materialidad de la ciudadanía debía expresarse, sobre todo en los indicadores económicos de mayor impacto: inflación, tipo de cambio y poder adquisitivo.

Teherán ha pujado por acuerdos parciales en su negociación con Washington

Muchos sectores en la sociedad iraní, sobre todo los más conservadores y tradicionalistas, se oponían a continuar con las negociaciones y vislumbraban el fracaso de la administración de Ebrahim Raisi en este campo, argumentando sobre la desconfianza en Estados Unidos o la excesiva vinculación a los intereses de China y Rusia, hasta la falta de consenso nacional o inexperiencia en el nuevo equipo negociador.

A pesar de estas disyuntivas, el Líder Supremo de la República Islámica, Alí Jamenei, quien funge como Jefe de Estado, ha sido defensor de un trabajo a dos aguas o bajo dos modalidades: una diplomática que permita el levantamiento de las sanciones existentes, negociaciones que se realizan fundamentalmente con Estados Unidos, y en menor medida con la Unión Europea; y la otra, a través de lo que se ha llamado la "neutralización de las sanciones", consistente en ofrecer petróleo en bolsas de valores para venderlo a través de terceros, además de otro tipo de medidas no hechas públicas por razones de inteligencia e interés nacional.

Otra de las características del proceso negociador que viene desarrollando Irán con Estados Unidos es el abordaje parcelado de los temas; no se negocia un acuerdo general sino, por el contrario, se va avanzando por áreas específicas: liberación o intercambio de prisioneros, liberación de fondo retenidos, levantamiento de sanciones u otorgamiento de exenciones y lo relacionado al acuerdo nuclear.

En todo caso, lo cierto es que desde marzo pasado se ha anunciando la liberación de fondos pertenecientes a Irán, aparentemente producto de negociaciones que, si bien no han sido públicas ni se han detallado sus términos, ya han comenzado a rendir frutos.

Negociaciones: resultados y contexto

Se ha conocido que, tras las negociaciones, se habría alcanzado un acuerdo que implica la devolución de 6 mil millones de dólares —otras fuentes hablan de 10 mil millones de dólares— de fondos iraníes incautados y retenidos en Corea del Sur e Irak, que corresponderían a los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional —dinero que es, por derecho, iraní— y fondos propios, así como un intercambio de prisioneros.

Según voceros estadounidenses, los fondos liberados solo podrán ser empleados en compras de bienes humanitarios aprobados por el Tesoro de Estados Unidos, versión que niegan desde Teherán. Más allá de eso, lo cierto es que son recursos que impactarán a la población iraní, víctima final de las sanciones.

Los ciudadanos estadounidenses liberados serían Siamak Namazi, Emad Sharghi y Morad Tahbaz, a quienes se les dio arresto domiciliario en espera de una posible liberación total, según el dictamen final de la Justicia iraní. Aunque se liberaron a cinco individuos en total, las identidades de los dos restantes se mantienen en reserva.

Las negociaciones indirectas se han realizado en el sultanato de Omán (Mascate) bajo los auspicios de Catar, en un contexto caracterizado por los acercamientos entre Irán, Rusia y China durante los últimos años, el anuncio de ingreso de la República Islámica a los Brics y la distensión con los Reinos de Arabia Saudita y Bahréin —auspiciada por China— que implican, de facto, un cambio en la geopolítica de Asia occidental.

En Estados Unidos el acuerdo ha sido criticado por los republicanos, quienes catalogan la liberación de fondos a cambio de prisioneros como una simple transacción o rescate que estaría realizando la administración de Joe Biden. No obstante, es innegable que la misma abre camino para futuros resultados sobre otros temas de interés para ambos Estados, fundamentalmente el relativo al programa nuclear iraní, en el que ya la República Islámica estaría enriqueciendo uranio al 60% —apto para armamento—; para Irán, al contrario, implicaría la posibilidad de obtener nuevas exenciones y liberación de otros fondos.

Sin embargo, en una apuesta por presionar a la parte iraní, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, controlada por los republicanos, aprobó este 12 de septiembre un proyecto denominado Ley Mahsa Amini de Derechos Humanos y Responsabilidad en Seguridad (Mahsa), que pide a la Casa Blanca informar al Congreso anualmente si los funcionarios iraníes, incluidos el Líder Supremo y el presidente Ebrahim Raisi, deben permanecer bajo las sanciones actuales. Y si bien aún la ley necesita de ser aprobada por el Senado controlado por los demócratas, evidentemente son escollos que se presentan para distender las relaciones de Irán y Estados Unidos.

Consideraciones finales y las negociaciones con Venezuela

Las negociaciones realizadas entre Estados Unidos e Irán, y los resultados hasta ahora conocidos, evidencian una vez más los cambios tectónicos que experimenta el orden internacional actual. Los acercamientos cada vez más íntimos entre Irán y la Federación Rusa por un lado, y la República Popular China por el otro, más que significar una alianza antioccidental muestran las posibilidades geopolíticas que tiene la República Islámica de sortear con éxito las sanciones estadounidenses, aprovechando la confrontación que estos mantienen con los rusos en Ucrania y las disputas cada vez mayores con Beijing.

Las negociaciones irano-estadounidenses son modelo de referencia para países sancionados

Asia occidental, especialmente las monarquías del Golfo, viene adquiriendo roles estelares en la escena diplomática internacional, el Sur Global pareciera estar inclinándose más hacia Doha, Mascate o Dubái como espacios facilitadores de diálogo que Viena, Versalles o Londres, pequeñas evidencias que van sumando a esa idea de cambios observada últimamente.

Por cierto, en Doha, delegaciones de los gobiernos venezolano y estadounidense se encontraron como parte de las conversaciones y negociaciones que mantienen.

Los intercambios se han realizado "punto por punto" en aras de concretar resultados con impacto real. Pareciera que Irán comprendió que un levantamiento total de las sanciones no es posible, por lo que no abandona la negociación —la fragmenta— y construye salidas viables que permitan sortear o reducir el impacto que puedan tener en su economía las que se mantienen, de allí el fortalecimiento de las relaciones con países y bloques de países (Brics, Organización de Cooperación de Shanghái) que le permitan consolidar nuevos y alternativos esquemas en el intercambio comercial.

Teniendo a Venezuela y las negociaciones que se mantienen con Estados Unidos como fondo, la experiencia iraní serviría de ejemplo y precedente, de la que se podrían extraer algunas enseñanzas:

1. El levantamiento total de las sanciones no llegará producto de la negociación mientras el chavismo mantenga el gobierno en Venezuela, por lo que se deben ubicar fórmulas que permitan:

• Entender y aprovechar el momento geopolítico actual, cuando existe un antagonismo entre potencias.
• Apostar y garantizar exenciones específicas —para el gas, para las operaciones de transnacionales en Venezuela, por solo citar algunas—.
• Buscar la liberación de fondos con la mediación operativa de su flujo a través de terceros.
• Fortalecer alianzas que permitan sortear y hacer contrapeso a las sanciones de Estados Unidos (Brics).

2. No hay un consenso bipartidista —incluso intrapartidista— para el abordaje de los regímenes de sanciones en Estados Unidos, por lo que la apuesta debe ser por trabajar con aquella parte que esté dispuesta a mantener canales de diálogo fluidos con la parte venezolana.

La apuesta nacional debe seguir trabajando a escala diplomática manteniendo un nivel de comunicación fluido con Estados Unidos que permita ir flexibilizando el régimen de medidas coercitivas unilaterales, sin que los acuerdos parciales alcanzados, por muy positivos que parezcan, cautiven los esfuerzos por construir nuevos mecanismos financieros y comerciales con los aliados de Venezuela.

Los acuerdos parciales alcanzados por Irán no implican un levantamiento del régimen de sanciones contra el país, así como las exenciones que se les han otorgado a ciertas empresas para operar en Venezuela no implican el levantamiento de las sanciones contra la República Bolivariana. Son medidas que aligeran la presión, pero que siguen muy lejos de estar en las circunstancias previas a la aplicación de las medidas unilaterales.

El levantamiento de las presiones contra Venezuela —como en el caso de Irán— exige la conjunción de por lo menos la construcción de un consenso bipartidista en Estados Unidos que permita superar, ya no solo el complejo entrelazamiento burocrático creado —representado por las múltiples instituciones que participan e interactúan en el diseño de las mismas (OFAC, Congreso, Departamento de Estado, etcétera)— sino superar el intrincado entramado legislativo que se ha establecido (órdenes ejecutivas, leyes, exenciones y licencias, etcétera).

Tener este mapa claro ayudará no solo al desarrollo de políticas públicas que permitan eludir el régimen sancionatorio, sino también a establecer prioridades en la agenda de lo que es más conveniente negociar con el Norte.