Después del golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales en 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a dicho país a finales de ese año para revisar el uso de la fuerza de policías y militares por parte del gobierno de facto liderado por Jeanine Áñez.

A raíz de esa visita, la CIDH de la mano con el Estado Plurinacional de Bolivia crearon el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) para llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre las violaciones de derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia fue Jaime Vidal, que contó con un amplio equipo técnico de diferentes nacionalidades, coordinados por cinco diferentes expertos en la esfera de derechos humanos. Estos se basaron en la recopilación de testimonios de las víctimas, de los involucrados y de testigos en los hechos violentos.

El informe consta de ocho capítulos; a continuación desplegaremos un repaso general al respecto, cuyo contexto e inicios se abordan en el capítulo 2, tomando en cuenta el paro organizado por el golpista Luis Fernando Camacho, el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA), las tensiones políticas, la renuncia forzada del entonces presidente Evo Morales y la consolidación del golpe de Estado.

Datos claves de los hechos de violencia

En el informe se realizó una radiografía sobre las violaciones a los derechos humanos en distintas zonas de Bolivia. Para los expertos, el departamento de Santa Cruz fue el foco de tensiones de los acontecimientos en cuestión y también fue la zona que experimentó más hechos de violencia, con heridos y dos fallecidos el 30 de octubre de 2019.

En Cochabamba, los especialistas señalaron tres elementos de la conflictividad en ese territorio.

1. La Organización de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) es catalogada en el informe como un grupo de choque y la táctica empleada en las manifestaciones de 2019 se basaba en el traslado con motocicletas usando bazucas artesanales u otros artefactos explosivos para atacar a los seguidores al Movimiento al Socialismo (MAS). Se recuerda que esta organización llevó a cabo destrozos a las instalaciones de la Fiscalía General de Bolivia en octubre de 2020.
   
   En marzo 2021, se dictó una orden de aprehensión al líder de la RJC, Yassir Molina.
2. El motín policial ocurrido en noviembre de 2019 que exigían el cese del comandante departamental de ese entonces y de inmediato los sublevados recibieron el apoyo de la RJC. Esto fue un suceso clave para detonar la violencia.
3. La quema de la Wiphala, bandera indígena y símbolo de las protestas a favor del gobierno de Evo Morales.

En alusión a la RCJ, el GIEI-Bolivia tuvo acceso a más de 20 videos que comprueban que miembros de la RCJ fueron protagonistas de acciones de violencia y de discriminación.

Dentro de este apartado se incluye la agresión hecha por más de 300 personas a la alcaldesa de la localidad de Vinto, María Patricia Arce Guzmán. La alcaldesa fue golpeada con palos hasta perder el conocimiento, le lanzaron piedras, caminó descalza sobre vidrios y otras acometidas.

Patricia Arce destacó al GIEI-Bolivia que mientras la llevaban de manera forzada "la policía estaba ahí". Su testimonio coincidió con el video al que tuvo acceso el GIEI, en el que se observa que, mientras la alcaldesa era agredida, varios policías miraban la escena sin tomar medidas de protección o salvaguarda.

Con base a estos y otros hechos, el GIEI explica que la policía y las Fuerzas Armadas mantuvieron una conducta ajena a sus principios institucionales, debido a que se hizo omisión a ciertos ataques y en las operaciones resaltaron el uso desproporcionado de la fuerza y la represión, concluyendo que claramente hubo violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, una de las primeras acciones implementadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez fue la promulgación del Decreto Supremo 4078, que dio carta blanca a las Fuerzas Armadas para atacar al pueblo boliviano con total impunidad.

Asimismo, la investigación suma los hechos en La Paz, El Alto y otras ciudades, que a grandes rasgos todos tienen el denominador común de heridos y asesinados en los hechos de violencia al calor del golpe de Estado en Bolivia.

Luego de realizar una minuciosa investigación basada en materiales audiovisuales, testimonios y análisis técnicos, es ostensible que el comportamiento del personal policial, incluso el médico, estaba sesgado por criterios raciales, étnicos y políticos, así que el GIEI-Bolivia indicó 11 conclusiones, teniendo como consideración que las manifestaciones se basaron en ataques, saqueos y quema de las instalaciones públicas.

Además cabe destacar que se ejecutaron acciones de discriminación contra los pueblos indígenas. Los insultos y ataques a los símbolos de identidad indígena así lo demuestran. El grupo de especialistas del GIEI añade la preocupación sobre una particularidad de estos actos, y es que la mayoría fueron dirigidos hacia las mujeres indígenas.

A grandes rasgos las conclusiones de la investigación son:

• Al menos 37 personas perdieron la vida y centenares de personas resultaron heridas, con participación de la Policía y las Fuerzas Armadas, que de modo separado o en operativos conjuntos usaron la fuerza de modo desproporcionado.
• El GIEI pide justicia a las víctimas para que se realice el proceso de recomposición social.
• Las protestas y bloqueos en las calles se llevaron a cabo bajo el liderazgo de políticos, no fueron acciones espontáneas.
• El discurso político tomó tintes raciales, decantándose por la discriminación del pueblo indígena.
• Falta de confianza en la administración de justicia y las fuerzas de seguridad.
• Es fundamental que se avance en las investigaciones y los procesos judiciales.
• Para el GIEI, las movilizaciones constantes de la sociedad que procuran incidir en el aparato del Estado muchas veces generan conflictos entre grupos.

Finalmente el GIEI-Bolivia formula también una lista de recomendaciones sobre el producto investigativo. Como primer paso, señala la necesidad de implementar un plan de atención a las víctimas. Esto va secundado con la recomendación al Ministerio Público para que desarrolle una estrategia de investigación y que ésta recaiga sobre todas las violaciones de derechos humanos.

El martes 17 de agosto, el presidente Luis Arce recibió el informe del GIEI-Bolivia anunciando que el gobierno aplicará las recomendaciones sugeridas. El presidente Arce destacó que el informe narra la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta de facto de Bolivia y cómo esto desencadenó una serie de acciones de tinte discriminatorio, dejando en evidencia la consumación del golpe de Estado contra Evo Morales y la persecución sobre el MAS.

El mandatario boliviano informó que el Decreto Supremo 4461, que daba amnistía a los involucrados en los hechos de violencia, será próximamente derogado para evitar impunidad.