El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este miércoles 8 de mayo un "golpe blando" en su contra luego de que dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentaran una ponencia para formular e imputar cargos sobre su campaña electoral por supuestas irregularidades financieras. Petro calificó la acción como una "abierta ruptura constitucional" y llamó a la movilización popular en defensa del voto.

La ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz se basa en supuestas deficiencias en el manejo financiero de la campaña de Petro, incluidas donaciones de sindicatos como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), así como pagos a testigos electorales. Petro ha negado en reiteradas ocasiones estas acusaciones argumentando que los aportes cumplieron con la ley y que los gastos cuestionados no se realizaron durante la campaña.

El mandatario colombiano calificó la acción del CNE como una "arbitrariedad" y una "abierta ruptura constitucional" ya que una instancia administrativa no tiene la facultad para formular acusaciones de este tipo. Petro llamó a "todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato" y exhortó "a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular".

El caso Fecode y las supuestas pruebas

La revista Semana, citando una fuente del CNE, detalló que "el grueso de las pruebas radica en los dineros que aportó a la campaña Fecode, la USO y los 35 mil testigos electorales a quienes se les pagó 60 mil pesos el día de los comicios". Sin embargo, Petro argumentó que las donaciones de sindicatos son legales y que los pagos a los susodichos testigos no constituyen un gasto de campaña sino un derecho y una obligación ciudadana.

La Fiscalía investiga desde principios de año una donación de 126 mil dólares que Fecode hizo al partido Colombia Humana en mayo de 2022. Sin embargo, representantes de esta última organización han asegurado que los fondos se utilizaron para pagar a una firma que revisó informes de testigos electorales el día de los sufragios, y no para la promoción de Petro.

Intereses políticos detrás de la acusación 

El CNE es una entidad administrativa compuesta por nueve abogados elegidos por las bancadas del Congreso. En este caso, la ponencia para formular cargos contra Petro fue presentada por los magistrados Prada, del opositor Centro Democrático, y Ortiz, del Partido Liberal.

Santiago Trespalacios, abogado penalista colombiano, argumenta que el CNE carece de competencia para investigar y sancionar al presidente Petro por las siguientes razones:

• Naturaleza sancionatoria. La función del CNE debe entenderse como sancionatoria administrativa, por lo que su interpretación debe ser restrictiva y ceñirse a lo expresamente contemplado en la ley.
• Relación con la figura presidencial. El CNE sirve como cuerpo consultivo del presidente, lo que genera un conflicto de intereses al atribuirle funciones sancionatorias sobre el mismo.
• Finalidad del fuero. El fuero presidencial —establecido en la Constitución colombiana para proteger al Jefe de Estado de presiones e interferencias de autoridades ordinarias— se contradice con la posibilidad de ser sancionado por un organismo que le sirve como asesor.

La figura de Álvaro Hernán Prada, quien enfrenta un juicio por presunto soborno a testigos en un caso que también involucra a Álvaro Uribe Velez, agrega un elemento adicional de controversia al caso, lo que evidencia la imparcialidad del CNE y las motivaciones políticas como desencadenantes de la acusación contra el presidente colombiano.

La Corte Suprema de Justicia confirmó que el 15 de mayo se llevará a cabo la audiencia de juicio contra Prada por presunto soborno a un grupo paramilitar que acusó a Uribe de tener vínculos con grupos al margen de la ley. Prada es señalado de haber presionado a testigos para que se retractaran de sus acusaciones contra Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez.

El caso se remonta a 2022, cuando Carlos López, alias "Caliche", mencionó a Prada como la persona que lo habría contactado para persuadirlo de cambiar su declaración y afirmar que el senador Iván Cepeda lo había presionado para implicar a los hermanos Uribe Vélez en actividades paramilitares.

¿Podrá el gobierno de Petro resistir la presión?

Desde que inició su gobierno, hemos visto cómo Gustavo Petro ha tenido que enfrentar una intensa oposición conducida por el uribismo que, a través de la instrumentalización de la justicia, ha desplegado una estrategia multifacética para desgastar el gobierno, generar un clima de inestabilidad y, en última instancia, forzar la salida del presidente de su investidura.

En el Congreso colombiano los partidos políticos en el poder, respaldados por las grandes corporaciones, se han unido para bloquear las reformas sociales, de salud, laborales, de pensiones y de justicia propuestas por Petro. Su objetivo principal es erosionar el avance del programa de gobierno del Presidente y minar su reputación, con la intención de mostrarlo como un líder incompetente.

La decisión de romper relaciones con Tel Aviv el 1º de mayo como represalia a la violencia del Estado de Israel contra el pueblo palestino ha aumentado la incomodidad entre aquellos sectores nacionales e internacionales que rechazan a Petro.

El futuro de Colombia dependerá de la habilidad del gobierno de Petro para sortear estos desafíos, consolidar un proyecto de cambio acorde con las necesidades de la mayoría de la población y movilizar la ciudadanía en defensa de sus políticas.