En recientes declaraciones ante un tribunal en Colombia, uno de los más importantes jefes paramilitares, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUV), Salvatore Mancuso, ratificó lo que durante muchos años se ha venido denunciando: que el paramilitarismo es creado y orientado por el propio Estado colombiano.
En su testimonio virtual desde una cárcel en los Estados Unidos, Mancuso no solo afirmó que "los paramilitares son hijos del Estado", sino que además enfatizó que "no fue de manzanas podridas sino que fue algo que se implementa de los altos mandos, tanto militares como políticos del país", haciendo referencia a los argumentos de políticos y militares colombianos que en reiteradas ocasiones han dicho que los vínculos demostrados entre políticos y militares con estos grupos son producto de "manzanas podridas" y no de una política estatal.
Mancuso asevera, incluso, haber sido reclutado por altos mandos militares a mediados de la década de 1980 para conformar las autodefensas y señala que esa práctica de reclutamiento de civiles para la conformación de dichos grupos se instruye en manuales de las Fuerzas Militares de la época.
Confesó, además, que diariamente uno de los altos mandos de la Policía Nacional de Colombia pasaba revista a sus actividades de exterminio y le reclamaba cumplimiento.
A tal punto estos grupos paramilitares están integrados a la Fuerza Pública desde su nacimiento que incluso, según este testimonio, las AUC, la policía y las Fuerzas Militares de Colombia realizaron operaciones conjuntas y planificaron el crecimiento nacional de estos grupos irregulares "por cuadrantes" para copar el territorio.
Así lo vienen denunciado desde hace muchos años activistas, investigadores y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien dice en uno de sus trabajos de investigación:
"La década de 1980 representó un crecimiento exorbitante del paramilitarismo, impulsado por la alianza con los mayores narcotraficantes y el poder de su dinero, y por ello las estructuras paramilitares se multiplicaron por todo el país e hicieron alarde de poderío cruel, de articulación descarada con las instituciones del Estado y de impunidad atrevida".
Con la acusación de Mancuso contra generales, coroneles y políticos como el propio Álvaro Uribe Vélez, cuya campaña presidencial asegura haber financiado y apoyado activamente, se aportan nuevos elementos probatorios a la responsabilidad política de los gobiernos y el Estado en las acciones criminales de estas organizaciones.
Además, esas denuncias contra Uribe confirman, por ejemplo, algunas de las hechas por el senador Iván Cepeda ante el Congreso colombiano en 2012, y fueron las maniobras de Uribe para zafarse de esas denuncias las que terminaron por abrir un caso en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal.
Eso explica por qué el abandono de las fronteras de Colombia, en particular la frontera con Venezuela, donde la presencia militar y de las demás instituciones del Estado colombiano es mínima, tal como reiteradamente lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, y recientemente lo hiciera el ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, refiriéndose al reciente despliegue de tropas colombianas en el departamento fronterizo de Arauca:
"Le cedieron el territorio a las bandas criminales del narcotráfico y ahora quieren, como se la disputan allá, venir a disputarse un pedazo aquí. No va a ocurrir, no está permitido".
Ciertamente, lo que realmente sucede en esta frontera es que el Estado colombiano ha delegado el control territorial a narcotraficantes, paramilitares, contratistas privadas que custodian las empresas trasnacionales de la zona y tropas e instalaciones militares estadounidenses, mientras solo enfrenta a las fuerzas de izquierda y ataca a las comunidades organizadas y sus líderes.
Los nexos entre estas organizaciones paramilitares y el Estado lo responsabilizan a este también del alto número de masacres y asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales: en lo que va de 2021 ya ha costado la vida de 43 líderes y lideresas sociales, 13 ex combatientes de las FARC-EP firmantes del acuerdo de paz, además de 23 masacres solo hasta el 28 de marzo del año en curso.
Por esa misma causa, entre el 25 y el 27 de marzo sesionó en Colombia el Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar al Estado colombiano por genocidio político, crímenes contra la paz e impunidad, y ante él se presentaron líderes y lideresas de distintos sectores sociales, así como intelectuales y familiares de víctimas en calidad de denunciantes.
El narcotráfico y las organizaciones paramilitares colombianas se han convertido también en protagonistas del ataque constante contra Venezuela tal como lo demostraron la Operación Daktari y la Operación Gedeón favoreciendo los intereses de los Estados Unidos y de la clase política colombiana, que han definido el papel de ese país como cabeza de playa para atacar a Venezuela.
Los hechos recientes en el estado Apure son el producto de esa realidad y forman parte de los escenarios de la guerra híbrida contra la Revolución Bolivariana.