El pasado 26 de enero de 2024, la Casa Blanca publicó un anuncio sobre el inicio de la pausa temporal en las aprobaciones pendientes de exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) a países que no son parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) hasta que el Departamento de Energía (DoE, por sus siglas en inglés) pueda actualizar los análisis subyacentes para las autorizaciones en esa materia.
Dentro de los procedimientos administrativos de Estados Unidos, el DoE debe otorgar autoridad de exportación a países que no son parte del TLC después de completar una revisión económica, ambiental y de evaluación de impacto de las exportaciones de cada instalación, así como de los efectos potenciales sobre la seguridad del suministro de gas natural de Estados Unidos.
En este sentido, solo 20 países son parte de los convenios de libre comercio con Washington y en esa lista no se encuentra la región dependiente europea, pues es menester recordar que desde la crisis ucraniana, que va de la mano con las tandas de sanciones al sector energético ruso, Estados Unidos conquistó las cuotas del mercado europeo y, en la actualidad, representa ahora la mitad de las importaciones europeas de GNL. De hecho, las exportaciones de gas de Estados Unidos a Europa aumentaron más de 137% en los primeros 11 meses de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021.
Así que, con el anuncio de la suspensión, se rompe el mito de que los suministros de gas estadounidenses son más seguros que los de Rusia, y deja claras evidencias de que para Europa el comercio con Estados Unidos conlleva riesgos y chantajes.
Ahora bien, la excusa de la administración Biden para tomar esa medida se basó en las políticas para "contrarrestar los impactos del cambio climático", específicamente, por las emisiones de gas metano que derivan de los procesos productivos de GNL.
De hecho, en 2022 se mostró la "nueva preocupación" hacia las emisiones del gas metano, cuestión que surgió de un informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) que recomendaba una hoja de ruta para acelerar las inversiones en energías renovables, avanzar en mejoras para la eficiencia energética y lograr la reducción del metano. Incluso aquella vez plantearon crear un mercado internacional de combustibles fósiles que minimice las emisiones de metano, siendo esto una historia repetida en los planes estadounidenses para administrar el mercado energético global.
En diciembre de 2023 el DoE publicó la estrategia titulada "Acelerar el progreso: cumplir con el plan de acción sobre metano de EE.UU.", así que no es sorpresa el reciente anuncio: es un paso más de un programa que está en desarrollo, ya que Estados Unidos ha ampliado significativamente su infraestructura de gas natural licuado mediante el reforzamiento de terminales como la de Sabine Pass en Luisiana o las de Texas que, en pleno apogeo de inestabilidad, puede escalar el rechazo hacia la dupla Biden-Harris.
Y es que Texas tiene un importante potencial para la producción de GNL porque es un estado de larga data en el desarrollo de la industria energética; por ejemplo, suministró 42% del petróleo del país en 2023, según la asociación de petróleo y gas. En la actualidad, existen tensiones entre el gobernador republicano, Greg Abbott, y Biden por las decisiones en los asuntos fronterizos y de migración, pero también se suman las regulaciones ambientales emitidas por el gobierno federal a las actividades de la industria energética de ese estado. Aunque Texas ocupa una posición sólida en la producción de GNL, la interacción de los factores políticos internos puede influir en el desempeño de la industria.
No obstante, el metano es el principal componente del gas natural, pero en gran medida en el gas natural licuado, así que para transportarlo en los buques, y no por los gasoductos —como se transportaba de Rusia a Europa—, es necesario hacer la licuefacción que lo transforma al estado líquido; cuando esto pasa, casi en su totalidad es metano. Bajo este esquema marítimo es como se transporta el gas estadounidense a costas europeas.
Es evidente que no se trata de una decisión de salvaguarda del planeta sino de continuar reforzando y promoviendo el evangelio de la seguridad energética de Estados Unidos: tomar ventaja y control de las rutas comerciales en esta materia, porque mientras más reglas a su favor impongan, sus competidores quedarán por fuera. En definitiva, es una política que engloba el sabotaje al complejo de gasoductos Nord Stream, sanciones a Rusia y la inyección de capital a infraestructura local portuaria, que por supuesto llevó a Estados Unidos a convertirse en el mayor exportador de GNL del mundo en 2023.
Ahora bien, es probable que la pausa a las exportaciones pueda crear nuevos patrones en los precios futuros del GNL o términos comerciales a favor de los intereses de la Casa Blanca, a lo cual se agrega lo dicho por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm: "La revisión llevará meses y luego estará abierta a comentarios públicos, lo que llevará más tiempo", lo que crea un escenario de incertidumbre a corto plazo en el mercado que podría afectar las decisiones de inversión y el crecimiento a largo plazo del sector de GNL de Estados Unidos.
Enseguida, el Instituto Estadounidense de Petróleo (API, por según siglas en inglés) publicó su postura: "La prohibición de los permisos estadounidenses de GNL en un momento de volatilidad geopolítica es una victoria para Rusia y una pérdida para los aliados de Estados Unidos, los empleos estadounidenses y el progreso climático mundial".
Luego de hacer pública la medida, se conoció que el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, viajó a Washington para sostener una reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken. Previo al encuentro, Blinken comentó a la prensa que: "Tenemos un trabajo vital que estamos haciendo también para abordar otros desafíos regionales, ya sea en Venezuela o en Haití". Sin más detalles, el Departamento de Estado no asomó lo conversado, pero algunos medios trinitenses informaron que evidentemente "las conversaciones también abordaron las cuestiones históricas y emergentes que rodean Venezuela en relación con el camino de Trinidad y Tobago hacia el logro de la seguridad energética para la región”, siendo un hecho esperado en el contexto de amenaza por parte de Estados Unidos de revocar licencias a Venezuela.
El gobierno de Rowley tiene más cinco años avanzando en una agenda de cooperación gasífera de campos compartidos con Venezuela, que ha sido obstaculizada por las sanciones estadounidenses. Y que luego de la emisión de una licencia no publicada en enero de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que establecía un sinfín de limitaciones y restricciones que decantaron en un año arduo de negociaciones y modificaciones para que, finalmente en 21 de diciembre de 2023, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo de Venezuela pudiera otorgar la licencia de Exploración y Producción de Campo Dragón para la NGC Exploration & Production Ltd (NGC) y Shell.
En vista de estos esfuerzos, de seguro la exposición de Rowley hacia Blinken se centró en no tocar la licencia por las implicaciones en la seguridad energética en el Caribe que, vale decir, es la seguridad que garantiza Venezuela en la región. Así que la importancia de ese asunto en las conversaciones bilaterales se confirmó con el comunicado publicado sobre la reunión con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, con Rowley, señalando la coletilla pasiva del chantaje, propio del sistema de sanciones y licencias impuesto a Venezuela: "La vicepresidenta destacó la necesidad de que Nicolás Maduro y sus representantes cumplan con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral democrática y apoyen las aspiraciones del pueblo venezolano a un futuro democrático".
Es decir, el fundamento político estadounidense de la "zanahoria y el garrote" es aplicado hasta para los países que tildan de aliados, porque así como fijan ese mecanismo a Venezuela, también lo dirigen a Europa o a la región del Caribe, sin importar que exista la pantomima de la "Alianza Estados Unidos-Caribe para hacer frente a la Crisis Climática" (PACC 2030, según siglas en inglés), porque el exepcionalismo es su bandera a fin de cuentas.
En resumen, la época dorada del gas por la disponibilidad de un suministro barato y competitivo en costos quedó atrás, el reacomodo de las fichas que conforman el mercado energético es notable. Por ello, para Europa resulta urgente acelerar la marcha en aras de conseguir los nuevos proveedores o, incluso, presionar para que las licencias a Venezuela no sean revocadas, debido a que el flamante Campo Perla, el mayor descubrimiento de un yacimiento de gas natural en toda América Latina, está bajo el paraguas de cooperación de ENI, Repsol y PDVSA.
Sin duda, retomar el esquema sancionatorio a cambio de un sujeto político inhabilitado no parece ser la mejor estrategia ante tanta hambre por los hidrocarburos.