El pasado 31 de mayo el gobierno de Perú autorizó el ingreso de personal militar estadounidense al país andino con armamento, tanto por vía aérea como náutica. De acuerdo con la administración de Dina Boluarte, el propósito sería llevar a cabo actividades de cooperación y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional peruanas.

La Resolución Legislativa Nº 31758 señala lo siguiente:

"Se autoriza el ingreso al territorio de la República de personal militar de los Estados Unidos de América, con la finalidad de realizar actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, del 1 de junio al 31 de diciembre de 2023; en el marco de lo establecido en el numeral (8) del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, conforme a las especificaciones y objetivos que se señalan en el anexo que forma parte integrante de la presente resolución legislativa".

Un rápido ABC de esta llegada de militares estadounidenses al país andino nos indicaría que estarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac; que llevarán a cabo actividades de entrenamiento con las Fuerzas Armadas en relación con el Ejercicio Militar Internacional Resolute Sentinel 2023; y que todo ocurre en el marco de la cooperación bilateral.

Sin embargo, el contexto local, los últimos acontecimientos políticos y sociales en Perú, las reuniones entre los líderes de la región con miras a consolidar un bloque político autónomo, así como el establecimiento de grandes acuerdos comerciales entre China y países suramericanos son factores inamovibles que dan cuenta de los intereses de Estados Unidos en ese pedazo de Los Andes, más allá de lo evidente.

En primer término hay que señalar el carácter controvertido del gobierno de Dina Boluarte, devenido en una crisis política que se añade al panorama que ya se estaba viviendo en el país. Su llegada al poder estuvo signada por un entramado que terminó con el golpe contra el presidente Pedro Castillo. Desde entonces se ha registrado una fuerte represión contra la población cuyo saldo deja hasta el momento al menos 50 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de detenidos.

La fuerte represión contra buena parte de los sectores sociales que se han movilizado a escala nacional, trasladados desde diferentes puntos del país hacia la capital, despertó el rechazo de algunos líderes en la región suramericana, pero no de Estados Unidos. A pocos días de instalarse el cuestionado gobierno, Boluarte recibió el apoyo del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien, según lo dicho por la Cancillería, reiteró el apoyo de su país a Perú y "su voluntad de seguir fortaleciendo la nutrida relación bilateral".

El respaldo total era "a la institucionalidad democrática" y a las acciones para atender lo que denominaron como "estallido social", lo que refleja que no importaba la población que estaba siendo brutalmente reprimida, sino confirmar que el gobierno de Boluarte era un aliado confiable.

"Por supuesto que reconocemos a la presidenta peruana, Dina Boluarte, y seguiremos trabajando con las instituciones democráticas de Perú. Esperamos colaborar de cerca con la presidenta Boluarte y el Estado peruano", declaró en diciembre de 2022 el portavoz del Departamento de Estado del país norteamericano, Ned Price.

Todo apunta a que Estados Unidos no quiere perder una pieza importante de lo que consideran "su patio trasero" geopolítico, uno de los hubs portuarios del eje Pacífico, y harán todo lo necesario para no ceder terreno de influencia en la región, sobre todo por los intentos de algunos países en impulsar plataformas de integración y proyección geopolítica. Además es evidente que responden ante el avance de China y sus grandes inversiones para seguir desplegando por el mundo la Iniciativa de la Franja y la Ruta —IFR, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda—.

Cabe destacar que uno de los ejercicios se realizará en Lima y Callao, localidades donde se encuentran los puertos más importantes de ese país y donde se está construyendo el puerto de Chancay, el más grande del país que se construye con capital chino, inversión que no ha sido bien vista por el Pentágono por interferir en sus intereses en la región.

¿Por qué es tan importante? El megapuerto de 11 atracaderos con capacidad para recibir buques de hasta 9 mil toneladas constituye una puerta de entrada comercial por el océano Pacífico de mercancía proveniente de Asia. Dada su ubicación, también sería un importante puerto por donde saldrían materias primas de la región hacia el continente asiático. Por el ejemplo el litio, mineral que tiene la atención mundial por ser vital para las nuevas arquitecturas tecnológicas que se están construyendo.

La región fronteriza de Bolivia, Chile y Argentina, llamada "triángulo del litio", concentra 68% de las reservas mundiales del mineral. Según estudios recientes, Bolivia posee 30% de las reservas mundiales de litio, seguido de Chile con 21% y Argentina,con 17% del total. El mercado del metal evidencia la manera en que se han modificado las relaciones de poder a escala geopolítica en las dos últimas décadas, ya que las potencias económicas centrales del siglo XX —Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia—"se ven cada vez más rezagadas y eclipsadas frente al fuerte dinamismo surasiático, especialmente el generado por China", expresa el informe.

Recordemos que Estados Unidos tiene la pretensión de instalar una especie de "OTAN metálica" con la cual pudiera controlar, vía militarización extraterritorial, la dinámica en torno al mercado del litio y otros metales en el mencionado "triángulo". El entrenamiento de las tropas y la policía peruanas por parte del Pentágono podría tener una intención estratégica alrededor en ese sentido, sentando sus intereses políticos, económicos y geoestratégicos como prerrogativas para el avance de las relaciones bilaterales con Perú, país que cuenta con un Estado secuestrado entre crisis políticas y sociales y golpes de distinto cuño.

Si bien no es la primera vez que ingresa un contingente militar estadounidense a Perú, ya que en 2015 entraron más de 3 mil 500 soldados en calidad de cooperación y "lucha" contra el narcotráfico y grupos insurgentes, todo indica que con este nuevo avance se estarían cubriendo dos frentes. Por una parte, colaborar con las fuerzas de seguridad para mantener la estabilidad que sostiene el gobierno de Boluarte y, por otro, tratar de establecerse como un factor dominador y "disuasivo" por medio de las armas en la región ante el avance de China y de los posibles factores de integración regional.