Con más de 88 mil casos confirmados de Covid-19, Colombia ya ha superado a China en número de contagios y se convierte en un foco importante de la pandemia a escala continental.

Los reportes del Ministerio de Salud advierten que, en las últimas 24 horas, han sido detectados 4 mil 149 nuevos casos y se han producido 129 nuevos fallecimientos.

En total, “2 mil 939 personas han fallecido en el país a causa del coronavirus”, refiere Europa Press en una nota publicada en las últimas horas.

Desde principios de junio, Colombia venía mostrando signos de deterioro en su situación sanitaria. Un importante repunte de los contagios colocó al país en la senda de los mil casos diarios detectados, mientras el gobierno de Iván Duque comenzaba a tantear el reinicio de la economía.

Pero los últimos reportes del Ministerio de Salud implican un nuevo récord de contagios diarios, posicionando a Colombia como un peligroso núcleo irradiador de la pandemia para los países vecinos con los que comparte fronteras.

Los datos exponen un escenario crítico a nivel sanitario. Pero puede ser todavía peor.

Las cifras presentadas por el gobierno de Iván Duque no son fiables y presentan señales de subregistro.

Así lo ha denunciado el medio La Silla Vacía desde finales del mes de marzo:

“Esta tarde (28 de marzo), el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que en las últimas horas se le dañó una de las dos máquinas que tiene para mecanizar una parte del proceso de detección del coronavirus en las muestras que le llegan diariamente. Una situación que, unida a los problemas de transporte de pruebas desde varias regiones, hacen que se hayan reportado oficialmente menos casos de los que en realidad existen”.

Citando como fuente a la procuraduría de Colombia, el medio atañe que la capacidad para el procesamiento de las pruebas ha descendido, por lo que las cifras de contagios detectados no ofrecen una radiografía fiable sobre el alcance real del coronavirus en el país.

Aunque el coronavirus ha paralizado prácticamente a Colombia, no ha ocurrido lo mismo con los crímenes que diariamente se comenten contra la población civil a manos de componentes armados del estado colombiano. Incluso, parece que las violaciones de derechos humanos también registran un rebrote tan peligroso como el de la misma pandemia.

La semana pasada el país se escandalizó tras conocerse el caso de una brutal violación de una niña indígena por parte de siete militares colombianos en el pueblo embera-chamí, ubicado en el departamento de Risaralda.

“Al parecer, la menor de 12 años estaba sola, recogiendo guayabas cerca de un campamento militar, cuando los siete uniformados (entre ocho según la víctima) la secuestraron y violaron durante la noche del lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia, que hace parte del municipio de Pueblo Rico”, resume el medio La Vanguardia.

La conmoción mediática que generó el caso obligó a las instituciones del estado, incluyendo al propio presidente Iván Duque, a emitir un fuerte pronunciamiento para condenar el hecho y asegurar que los militares incursos en la violación serían castigados con todo el peso de la ley.

Pero así como ocurre con el Covid-19, la actuación judicial del estado colombiano para proteger a la población de crímenes y violaciones de derechos humanos tampoco es fiable.

Así lo demuestra un repunte en el asesinato de líderes sociales. Hace tan sólo 24 horas se reportaron tres asesinatos: Salvador Jaime Durán, de la Asociación Campesina del Catatumbo; Ovidio Baena, de la Unión Sindical Obrera; y el gobernador indígena de Agua Clara, en el Bajo Baudó (Chocó), aún por identificar.

En total serían ocho líderes sociales asesinados en los últimos dos días por factores armados que cuentan con la venia del estado colombiano.

Todo apunta a que el año 2020 será mucho peor que 2019 en cuanto a la práctica sistemática de asesinar a dirigentes políticos.

En mayo, la ONG Indepaz advertía que en lo que va de 2020 ha habido un total de 100 ejecuciones de dirigentes ligados a la lucha contra la minería, la concentración de tierras y la violencia paramilitar desbordada.

Como era de esperarse, el gobierno colombiano ha barrido bajo la alfombra y busca minimizar las denuncias. Aplica, en definitiva, el mismo enfoque de desidia y despreocupación que ha contribuido al desbordamiento de la pandemia.

Mientras la crisis social y de derechos humanos se agudiza, Iván Duque opta por voltear la mirada. La economía ya se encuentra en recesión según el Fondo Monetario Internacional, un tema que sí genera una enorme preocupación al jefe de la Casa de Nariño.

El gobierno colombiano prevé, a partir de julio, la apertura de actividades económicas que pronostican un aumento agresivo de la curva de contagios y fallecimientos. Todo se pone en marcha para que restaurantes, iglesias y estadios de fútbol reinicien sus actividades en los próximos días.

Con estas medidas Iván Duque espera minimizar los escándalos de corrupción y narcotráfico que han empañado su gestión en el último mes, lo que también le viene bien para distraer la atención sobre las crecientes violaciones a los derechos humanos de líderes sociales y poblaciones indígenas en el país vecino.