En Colombia los políticos uribistas y medios de comunicación y propaganda afines a sus intereses colman sus noticieros, opiniones y campañas publicitarias en torno a Venezuela. Lo que hace, dice o apenas sugiere el presidente Nicolás Maduro es automáticamente desplazado por el sentido que la narrativa de la Casa de Nariño quiere endilgarle.

Bajo ese esquema, el cierre unilateral de la frontera ordenado por Iván Duque fue justificado por un mantra ya habitual en los últimos años: “La capacidad de detección de Venezuela es mínima, la capacidad de administrar la situación es mínima”, dijo el presidente colombiano en una entrevista radial el lunes 16 de marzo.

En su momento, reportó BBC Mundo, “organizaciones como Puentes Ciudadanos Colombia?—?Venezuela (PCCV), una asociación civil gestionada por Oxfam, calificaron el cierre como ‘contraproducente’ porque ‘vulnera a la población que vive en fronteras, aumenta los riesgos de una grave crisis sanitaria y fortalece a los grupos criminales’”.

Si bien es cierto que las dificultades sanitarias en Venezuela son evidentes, en Colombia la situación es quizás más escandalosa debido a que no sufre bloqueos económicos, financieros y comerciales por parte de una superpotencia ni el gobierno de Duque cuenta con una oposición que dedica sus mayores esfuerzos a las rutas antipolíticas (sabotaje multifactorial, desestabilización política y económica, instituciones paralelas) para llegar al poder.

Todo lo contrario: Colombia es socio estratégico de los Estados Unidos y, se supone, dispone de recursos para inyectar en los sectores más necesitados de la sociedad. Sin embargo, el presupuesto de 2020 contempla mayor cantidad de pesos colombianos en materia de Defensa y Policía que de Salud.

Más allá de los índices presupuestarios, la manera en cómo Duque está gestionando la crisis del nuevo coronavirus deja en evidencia su nula calidad como estadista y lo advenedizo de su llegada a la presidencia, con la población colombiana sufriendo los estragos de la calamidad política y perjudicando, al mismo tiempo, a sus vecinos venezolanos.

Desastre interno en lo gubernamental

A pesar de que, desde el 6 de marzo, cuando se descubrió el paciente cero en Colombia por COVID-19, hasta el martes 17 de marzo, cuando ya se habían registrados 65 casos por contagio, fue que el presidente colombiano decretó estado de emergencia a nivel nacional. Esperó nueve días.

Los casos confirmados, al cierre de esta nota, llegan a 145.

Desde entonces, los reportes son estremecedores, denotando una inexistente coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno (locales, departamentales y central). La contradicción está elevando la confusión y el miedo entre la población.

El ejemplo más claro compete al simulacro de aislamiento obligatorio en Bogotá, desde el viernes 20 de marzo hasta el lunes 23, decretado por la alcaldesa Claudia López, ante el aumento de los casos confirmados en la ciudad capital, con 56, el mayor número en el país.

La medida fue contradicha por el gabinete de Duque, a través de la ministra de Interior, Alicia Arango, quien dijo el miércoles 18 que, por orden del presidente, las decisiones extraordinarias que habían tomado alcaldes y gobernadores por su cuenta no podrían tener efecto.

Sin embargo, el mismo Duque al día siguiente dio el visto bueno del simulacro en la capital, un “tira y encoge” que ha provocado un rechazo generalizado entre los propios bogotanos, expresado en el cacerolazo nocturno del 18 de marzo.

Por otro lado, las contradicciones político-territoriales en Colombia están dando a entender que Duque se resiste a tomar medidas drásticas como la cuarentena total, a pesar del escalamiento de las infecciones por COVID-19.

En una misiva pública, el gremio de la salud pidió expresamente al presidente colombiano aplicar la cuarentena como han hecho en otros países, incluida Venezuela: “Pedimos aislamiento por tiempo definido ya que ha sido la herramienta más eficaz para el control de la pandemia”.

De la misma manera pidieron comunidades científicas el jueves 19 de marzo en un comunicado conjunto.

Es por eso que varios alcaldes y gobernadores se han opuesto al decreto 418 emitido por el gobierno de Duque, que desautoriza las medidas que se tomen en los municipios y departamentos para contrarrestar la propagación del nuevo coronavirus.

Así como lo hizo Claudia López en Bogotá, por exponer otro ejemplo del desastre gubernamental, en una rueda de prensa el alcalde William Dau Chamat, de Cartagena, afirmó: “El toque de queda permanece. El toque de queda dictado por el alcalde mayor de la ciudad de Cartagena está en consonancia, no contraviene el decreto emitido hoy por el presidente Duque”, esto para disipar las dudas que ya venían gestándose entre los usuarios de redes sociales y los medios de comunicación.

La bancada opositora en el Congreso y el Senado asimismo apoyó las decisiones de alcaldes y gobernadores por sobre el decreto de la Casa de Nariño, así lo expresó en un comunicado oficial.

(…) La experiencia internacional demuestra que el distanciamiento social es la única manera de contrarrestar el colapso de los sistemas de salud.

(…)

Las y los congresistas de la oposición que suscribimos esta declaración, rechazamos que el presidente Iván Duque haya expedido el decreto 418 del 18 de marzo de 2020, que siembra un manto de duda sobre las decisiones mencionadas, y anuncia sanciones para las autoridades que con responsabilidad están velando por la vida de sus conciudadanos.

La actual situación demanda del Jefe del Estado dar ejemplo de concertación y liderazgo. Entorpecer iniciativas que sin duda contribuyen a hacer frente a la pandemia, siembra la confusión en la opinión pública y conlleva la pérdida de tiempo y energía que en la presente circunstancia son preciosos para salvar vidas.

Lamentablemente para la población colombiana, las desavenencias entre bandos políticos, la nula coordinación y cooperación intergubernamental y la incapacidad de Iván Duque para tomar medidas cónsonas al momento no permiten que haya una línea diáfana por la cual trazar una hoja de ruta para la contención del COVID-19 en el país.

Pero la presión social, cívica y política han servido de algo: en la noche del 20 de marzo, el presidente decidió que Colombia entrará en cuarentena total… a partir del martes 24 de marzo, y durante 19 días. ¿Por qué tanta dilación? Teniendo en cuenta las experiencias en China y Europa, ¿para qué darle fecha de caducidad a una emergencia de la cual no se tiene certeza un pronto final?

¿Desinterés sanitario?

Tomando en cuenta el nivel exponencial del contagio de la pandemia actual, los protocolos de salud para la detección, aplicación de medidas y tratamiento de posibles casos de contagio entre la población colombiana dejan mucho que desear, producto directo de la falta de coordinación en todos los niveles de gobierno ya reseñados.

Dos días antes de confirmarse el primer caso de COVID-19 en Colombia, el ministro Fernando Ruiz trazó los lineamientos con todos los departamentos para enfrentar la pandemia que se avecinaba. Las llamadas Secretarías de Salud serían las encargadas de enviar las muestras de contagio y pagar por el servicio de las pruebas.

La contigencia no pudo asentarse en este protocolo, ya que, según reporta La Silla Vacía, desde el momento en que se concertaron las medidas, en el Ministerio de Salud se entró en estado de alerta porque en “15 departamentos del país no tenían contratados servicios especiales de transporte de las muestras biológicas que recolectan las Secretarías, para trasladarlas a Bogotá”.

Entre esos departamentos con casos confirmados, para el 19 de marzo, estaban Santander, Norte de Santander, Huila, Cundinamarca, Chocó, Caldas, Bolívar, Valle, Risaralda y Quindío.

“No están llegando todas las pruebas que esperamos”, dijo un alto funcionario del Ministerio de Salud a La Silla Vacía.

Esto va en consonancia con otro reporte del 19 de marzo, en el que la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Lucía Ospina, advierte que “su laboratorio para pruebas de coronavirus está subutilizado”, a pesar de que “a la fecha el INS había descartado 3 mil 879 casos de pacientes sospechosos de contagio.

“Estamos preocupados, porque no están llegando las suficientes muestras que deberían estar llegando, recibimos muy pocas”, señaló Ospina. Solo estarían llegando de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y de la Secretaría de Salud un promedio de 800 pruebas y la capacidad es de 1 mil 600.

“Ospina aseguró que esa falencia está en la atención directa y primaria, que es donde se recogen las muestras a analizar, lo cual afecta la cadena de diagnóstico y, por ende, de contención y prevención”, dice el reporte.

Los protocolos de detección y atención de posibles casos del nuevo coronavirus no está estandarizado en las diversas EPS de la capital, como lo denunció la Personería de Bogotá este jueves 19 de marzo, a solo horas del simulacro: “Tan solo una de 13 revisadas cumplía con los requisitos”.

La Contraloría General, y no el ejecutivo encabezado por Duque personalmente, tomará las medidas al respecto.

En otro radio de problemas, asociaciones civiles y de todo tipo firmaron una carta donde manifestan preocupación ante la emergencia, por lo que pidieron a Duque que solicite el antiviral Interferón ALFA 2B a Cuba, usado con éxito en China, a pesar de que el mandatario colombiano está enfrascado en una cruzada política, diplomática y económica dictada por Washington contra la isla, aliada de Venezuela.

Los criterios sanitarios de la administración de Iván Duque dejan por el piso las esperanzas de millones de colombianos que han sido tomados por sorpresa por la pandemia, dando por entendido a numerosos usuarios de redes sociales que existe un desinterés en la Casa de Nariño por tomar las medidas más efectivas ante el desastre que se viene.

Mientras tanto, el mandatario se resiste a acudir por ayuda internacional en esta materia, hoy crítica a nivel global, mientras insiste en una “crisis venezolana de refugiados” para quedar bien con los decisores de política exterior de la Casa Blanca.

El uribismo frente al abismo

A medida que las dificultades ante la extensión de la pandemia van alzándose de manera crítica en Colombia, la popularidad de Duque y el uribismo caen en picada debido al escándalo de la #Ñeñepolítica, en la que el Centro Democrático habría sido beneficiado por la compra de votos en las elecciones presidenciales de 2018 y donde convergen actores e intereses relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió la investigación previa contra el presidente, con varias citaciones incluyendo actuales ministros, asesores políticos y gestores de la última campaña electoral del partido Centro Democrático y el mismo Álvaro Uribe, investigado en más de 70 procesos en su país.

En conjunto, todos los problemas que experimenta Colombia conducen a la irresponsabilidad del uribismo que, con cada paso que da, o deja de dar, se acerca más y más hacia el abismo, llevándose consigo a toda la población.

Y esta vez no hay “carta Venezuela” que valga para trasladar chivos expiatorios de su gestión.

Las colombianas y los colombianos no lo merecen.