Buena parte de la evolución de la pandemia de Covid-19 en Venezuela se define en la Colombia terriblemente administrada de Iván Duque.

El día de ayer, 29 de julio, Colombia registró cifras récords de nuevos contagios y fallecimientos por Covid-19.

Según el reporte del ministerio de Salud del país vecino, en las últimas 24 horas se han registrado más de 10 mil casos y 380 muertes. En total, el número total de casos activos asciende 276 mil 55 casos, mientras que los fallecimientos alcanzan los 9 mil 454.

La capital Bogotá despunta en comparación al resto de ciudades impactadas por la pandemia. El día de ayer fueron registrados 3 mil 782 nuevos casos de contagio y 125 de los 380 fallecimientos a nivel nacional.

Pese al subregistro que ha dominado el manejo epidemiológico del gobierno de Iván Duque desde el principio de la pandemia, las cifras récords acercan a Colombia a los peores momentos del Covid-19 en territorio europeo, cuando el medio millar de fallecimientos diarios estremecieron al mundo occidental.

Desde junio el sector empresarial ha presionado para reabrir la economía colombiana, consiguiendo en el gobierno de Iván Duque un interlocutor favorable a sus intereses. Sin embargo, las cifras récords del día de ayer han obligado al presidente a retroceder, tomando la decisión de extender la cuarentena hasta el 30 de agosto.

El objetivo de Duque consistía en eliminar las restricciones de aislamiento el 1 de agosto con el objetivo de reanimar la actividad económica y comercial y así relajar un tablero político caldeado por todos los frentes. La crisis social se agudiza.

La ansiedad del presidente colombiano por reabrir la economía impulsó la pandemia y ahora las cifras del ministerio de Salud reflejan que su enfoque sigue estando equivocado.

El pésimo manejo epidemiológico de Iván Duque y su terquedad de mantener cerrados los canales de comunicación con el presidente Nicolás Maduro, han provocado que la crisis sanitaria desde Colombia se expanda hacia Venezuela, siendo ahora mismo el factor de multiplicación más importante del Covid-19 en territorio nacional.

En este sentido, la frontera binacional es clave por ser el canal de tránsito de la pandemia.

Nicolás Maduro ha sido insistente en reclamar a Duque la necesidad de cooperar y unir esfuerzos para tratar efectivamente la pandemia en la frontera. Sobre esto, hace pocos días, Maduro afirmó:

“Si estuviéramos actuando juntos, Colombia y Venezuela, nos iría mucho mejor (…) pero hay un Gobierno colombiano que idealizó las relaciones internacionales, es ideología extremista, no se da cuenta que es un problema humano que trasciende todo y amerita un esfuerzo muy elevado de humanidad, de sentido común (…) Iván Duque: es un caso de humanidad, de sensatez, sentido común, y deberíamos estar coordinando en la frontera la atención de la gente, haciendo las pruebas rápidas, las del PCR”.

El Gobierno venezolano ha puesto todo el músculo posible. Instaló un protocolo de despistaje en la frontera para la atención de migrantes (PASI), las autoridades militares realizan reconocimientos aéreos y terrestres para ubicar las trochas ilegales y recientemente fue desmantelada una banda dedicada a la estafa de migrantes que buscan retornar a Venezuela por cualquier medio disponible.

Sin embargo, estos esfuerzos pueden verse debilitados en su contundencia a medida que Duque continúe con su obstinada postura de evadir la cooperación institucional con el gobierno venezolano.

Es esencial la cooperación del gobierno colombiano para fortalecer los controles sanitarios en la frontera, de cara a evitar que los medios irregulares de ingreso al país sigan funcionando como una alternativa viable.

Duque evita establecer esta colaboración interinstitucional porque ello desautorizaría la figura de Guaidó. El presidente colombiano teme que, a raíz de eso, reciba un fuerte regaño desde Washington por romper la línea oficial de desconocer a Nicolás Maduro.

En Nariño puede estar operando un cálculo incluso más perverso: a medida que no se contribuya a reforzar la frontera, los casos de Covid-19 mantendrán su tendencia al alza en Venezuela. Si en el ciclo 2016–2019 la migración venezolana fue instrumentalizada y explotada de forma macabra para sustraer recursos millonarios de los entes multilaterales, en 2020 se le ha dado un nuevo uso utilitario (e igualmente funesto) para debilitar el cerco epidemiológico nacional.

Son víctimas en un doble sentido.

Y para demostración de esta dinámica de utilización y estafa es suficiente evidencia la falta absoluta de apoyo gubernamental de Colombia a los migrantes venezolanos, quienes se exponen a desalojos, pérdida de empleo y al contagio masivo como grupo social en un país donde la pandemia, la crisis social y la desaparición del Estado como agente de orden campean.

Esa forma de expulsión indirecta del territorio colombiano se combina con la división social del trabajo que gobierna en la frontera: los factores paramilitares que cuentan con la venía de Nariño, dedicados al contrabando y al narcotráfico, ve en estos migrantes desatendidos un nuevo rubro de explotación económica.

En lo más alto de la pirámide, Nariño capitaliza políticamente todo el proceso.

La naturaleza global de la pandemia desborda el control territorial de los Estados-nacionales, la base material de su autoridad. Por esa razón es que puede ser planteado, de acuerdo a circunstancias específicas, como un problema de seguridad nacional.

Venezuela mantiene control sobre la pandemia pero ha tenido que reforzar las restricciones y cuarentenas con el objetivo de doblegar la curva de contagio. El equilibrio entre protección sanitaria y reactivación económica del país ahora mismo es el factor de mayor importancia. Se obtienen una victoria sanitaria con un elevado costo económico.

Y ese es el cálculo de Colombia: desoír las iniciativa de cooperación de Maduro para apuntalar los casos y evitar que este equilibrio se consolide.