No es la primera vez que se destapa una olla sobre el espionaje desmedido e ilegal de las autoridades colombianas sobre parte de la población.

En 2014 la revista Semana publicó una investigación sobre el proceso de espionaje que desarrollaron las agencias de inteligencia estadounidense y altos mandos del ejército colombiano en las negociaciones de paz en La Habana, con el fin no solo de obtener información aventajada sino también para frustrar la causa de conciliación y paz.

Un ejemplo más reciente, en marzo de este año, el propio ejército colombiano a través de su cuenta Twitter creó una lista de seguimiento, denominada “Oposición”, en la que se incluían políticos, periodistas, organizaciones, partidos y medios en Colombia y un medio venezolano: Misión Verdad.

Luego de que periodistas colombianos incluidos en esa lista virtual reclamaran sobre ella, impugnando el porqué, fue eliminada por las autoridades.

Más recientemente, este primero de mayo, la misma revista Semana reveló la trama de “Las carpetas secretas”.

En líneas generales, se trata, nuevamente, de una operación de vigilancia informática realizada por el Ejército de Colombia entre 2019 y 2020, con el general Nicacio Martínez como máximo responsable de la institución. Tal investigación cuenta con un copilado de múltiples fuentes, que incluye entrevistas anónimas, documentos, informes y “perfilaciones” de al menos, 130 personas de diferentes gremios y nacionalidades, entre ellos políticos, periodistas y sindicalistas.

La polémica

Entre los espiados se encuentran algunos periodistas estadounidenses que trabajaban en Colombia. El caso más sonado fue el del periodista del New York Times (NYT), Nicholas Casey, quien en mayo de 2019 publicó una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales, mejor conocidas como los “falsos positivos”, por parte de militares colombianos para obtener beneficios por cantidad de bajas.

Dichos asesinatos eran contra civiles, entre ellos la población rural más enmiseriada del país, que resultaban disfrazadas con uniformes de guerrilleros para aumentar el listado de bajas por guerra, una política típica de la administración del hoy senador y jefe del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

Aquellos artículos periodísticos sobre los “falsos positivos” fueron la excusa para iniciar la recopilación de datos personales de Casey, además de un permanente seguimiento a su rutina diaria, contactos, familiares y más, había acciones de intimidación hacia el periodista. Tanto así, que los propios congresistas del Centro Democrático señalaron a Casey como un “protector” del terrorismo y un difamador de la institucionalidad colombiano.

Más tarde, en mayo del año pasado, Casey abandonó Colombia en medio de un ambiente de cólera y contradicciones. Si bien el riesgo en el que estaba envuelto tras estas acusaciones del clan uribista era notorio, la publicación de su artículo “Imágenes contradicen la afirmación de los Estados Unidos de que Nicolás Maduro quemó el convoy de ayuda“, con relación a los sucesos en torno al fallido ingreso de “ayuda humanitaria” por parte de los grupos mercenarios de Juan Guaidó a Venezuela (una rareza por parte de Casey y el NYT), pudo sumar en ese ambiente de amenazas.

Seguidamente, en su momento, el senador estadounidense Patrick Leahy, a través de su cuenta Twitter, hizo un llamado al gobierno de Duque a “exigir de inmediato una prueba de la acusación sin fundamento de un senador colombiano contra un periodista del New York Times”.

Más que una queja a una acusación sin pruebas, Leahy intercede simplemente porque Colombia, como buen satélite, debe mantenerse en el carril de los intereses estadounidenses. ¿Que los colombianos critiquen a un estadounidense públicamente, socavando la legitimidad de un medio corporativo que suele repercutir como un vocero no oficial de la política exterior de Washington? No way.

Por el destape de la olla sobre espionaje informático, Leahy expresó a Semana su intención con tono amenazador de revisar la asistencia financiera militar de Estados Unidos a Colombia, debido a que esos recursos, es decir, el dinero de los contribuyentes supuestamente no deben ser contraproducentes a los estadounidenses, y también, según él, “nunca debe servir para actividades ilegales”.

La revista colombiana, por medio de una fuente anónima, explica que algunos de esos militares colombianos tomaban gran parte de ese dinero y, en paralelo, hacían informes amañados con el fin de realizar una especie de rendición de cuentas a los estadounidenses.

Aunado a esto, también el espionaje se hizo en casa. Los periodistas colombianos también tienen su “perfilamiento”.

El caso más sonado en este menjurje de espionaje fue el de la reconocida periodista colombiana María Alejandra Villamizar, de amplia trayectoria por diferentes medios comunicación y una prolongada participación en los procesos de conversaciones por la paz de Colombia.

Más de 12 páginas recopilaron con información personal, familiar, sus contactos telefónicos, bienes materiales y más. Al enterarse de esto, Villamizar asomó una serie de preguntas en Noticias Caracol: ¿Quién ordenó estos seguimientos y para quién era esta información?

Este sábado 2 de mayo, la respuesta tibia de Iván Duque no se hizo esperar: por supuesto, asumió una postura de rechazo a esas prácticas de monitoreo ya que está en juego un cuantioso paquete de “ayuda” a Colombia aprobado por el Congreso de Estados Unidos para este año de unos 448 millones de dólares.

A Duque le queda responder las preguntas planteadas la semana pasada en una carta pública por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), respaldada por más de un centenar de periodistas sobre el caso de “las carpetas secretas”. A la fecha, siguen a la espera.

Se perfila el paramilitarismo informático

Desde el punto de vista legal, expertos colombianos en materia constitucional de su país explican cuán grave es este escándalo de espionaje. Aquí punteamos algunas claves al respecto por parte de Jorge Enrique Ibañez, especialista en derecho constitucional de Colombia:

• Hay límites en la inteligencia estratégica, definidos en el marco de respeto a los Derechos Humanos y en la prevención de las amenazas externas o internas que puedan afectar la seguridad nacional. En esta operación de acecho no hubo límites en la metodología de selección de perfiles y recopilación de información, incurriendo al hostigamiento y persecución.
• Los que gocen de protección constitucional no pueden ser un objetivo de espionaje, y este es el caso de los periodistas extranjeros en calidad de corresponsales; el caso de Casey fue paradójico tanto por su nacionalidad como por su publicación, pues cayó en un estado de riesgo extremo por las acusaciones del uribismo.
• Los periodistas y los abogados cuentan con el derecho de proteger a su fuente de información, es decir, no pueden ser blanco de organismos de inteligencia, caso contrario a lo que revelan “las carpetas secretas”.
• En los perfiles elaborados por estos grupos de espionaje muestran una caracterización inadecuada de la información, violando la esfera privada de personas ajenas al medio. De hecho, es válido todo lo que se pueda recaudar de fuentes, sin embargo, el uso de esta información debe ser responsable.

Es más que ostensible la costumbre del espionaje militar en Colombia, a la prensa disidente sobre todo y más allá de los medios corporativos nacionales y extranjeros, gracias al reforzamiento de estas prácticas en el gobierno de Uribe, y ahora, con el gobierno de Iván Duque, señalado como máximo responsable en el escándalo.

De hecho, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” exigió que se sancionaran de manera disciplinaria y judicial a los oficiales del ejército colombiano responsables de la trama de espionaje informático.

Es un ejemplo fresco el cómo Uribe, durante su mandato presidencial, utilizó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para interceptar llamadas, hacer hostigamiento y seguimiento ilegal a periodistas, magistrados, personalidades políticas contrarias al uribismo, e incluso a relatores de la ONU, desvirtuando así el propósito de la inteligencia en favor la política narcoparamilitar de los líderes del hoy Centro Democrático.

Como un dejá vú sumamente peligroso, esta práctica indica otro ominoso capítulo del paramilitarismo informático que se reactivó, evidentemente, en el desastre político que pivotea el presidente Iván Duque, con Álvaro Uribe Vélez en las sombras.

Sería interesante que algún periodista acucioso colombiano o estadounidense hiciera un ejercicio periodístico importante sobre la actual “Operación Gedeón” en la que hubo participación conjunta de la DEA, la agencia antidrogas, y el gobierno de Duque en Colombia. ¿Podrían investigar sobre esto sin ser vigilados y, más aun, amedrentados?