La operación de “cambio de régimen” en Venezuela, dirigida por el entramado corporativo que gobierna fácticamente en Estados Unidos, fracasó en la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto obligó a un cambio de estrategia por parte del Departamento de Estado que conformó el “Grupo de Lima” como eje de ataque contra el gobierno venezolano y la estabilidad de la población.

Mientras a lo interno las medidas coercitivas unilaterales (MCU) ralentizan el desarrollo de la vida económica, social y hasta moral de la población, desde fuera se orquesta un plan de injerencia externa que empezó con actos informales pero que ha enfocado su teatro de operaciones en las Naciones Unidas y, especialmente, en el Consejo de Derechos Humanos (CDH-ONU).

Este grupo de países satélites de Estados Unidos, con el apoyo de la Unión Europea (UE), promovió la resolución 42/25 adoptada el 27 de septiembre de 2019 por la votación favorable del 40% de los miembros del CDH-ONU, 19 Estados que no reconocían a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

De allí surgió la Misión de Verificación de Hechos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, un grupo de abogados que intenta darle un tono formal a la guerra informativa y legal que busca deslegitimar al gobierno nacional y facilitar el camino para el asalto final a las instituciones por la vía no democrática.

El informe “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de Verificación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, basado en determinar “patrones de conducta”, fue respondido por Venezuela mediante el documento “La verdad de Venezuela contra la Infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio” en el que destacan algunas precisiones que se muestran a continuación.

1. Redes sociales y medios digitales como fuentes privilegiadas de información

El informe venezolano reporta fallas en el método de acopio de información utilizado por el equipo de abogados dependiente del Grupo de Lima que trabajó desde Panamá, evidenciando que se privilegió la información proveniente de las redes sociales y páginas de Internet.

Cabe destacar que la operación de “cambio de régimen” en Venezuela se apuntala en el dominio de los canales digitales de información que son financiados directa o indirectamente (vía Freedom House y otros) por la USAID.

Resalta el uso excesivo de notas de prensa como fuentes para ilustrar y reconstruir casos de investigación. Mucho más llamativa es la recurrente presencia de medios como ABC (España), Diario Las Américas (EEUU), Infobae (Argentina), El Nacional (Venezuela), EVTV Miami (EEUU), NTN24 (Colombia), La Patilla (Venezuela) y RunRun.es cuyo alineamiento con la mencionada operación es evidente.

En los 48 “casos de estudio” seleccionados por la Misión se contabilizaron 1 mil 63 referencias unívocas: un 50,05% de ellas fueron a redes sociales y medios digitales, un 19,38% a instituciones públicas y órganos de seguridad, un 11,10% de testimonios de testigos y familiares.

Se puede decir que el gobierno de Estados Unidos, que no forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, financia y dirige las fuentes de información utilizadas por dicha Misión que actúa a nombre del organismo multilateral.

Buena parte de los medios digitales actúan de manera politizada junto a las ONG, que en la pasada década fueron estelares a la hora de recibir financiamiento.

En cuanto a las redes sociales, hace pocas semanas se ha revelado que CLS Strategies, una empresa con sede en Washington, ha pagado millones de dólares a la red social Facebook (que a su vez concentra WhatsApp e Instagram) para construir una vasta red dedicada a la desinformación contra Venezuela, Bolivia y México.

La misma empresa fundada por Mark Zuckerberg develó en un informe que CLS Strategies, de claras y públicas vinculaciones con la USAID y la OEA a través de sus fundadores y directivos, entre ellos Mark Feierstein y Roger Noriega, estaba detrás de 46 cuentas de esa red social emitiendo información falsa. A CLS Strategies se le atribuyen conexiones con organizaciones como Atlantic Council y Atlas Network, y con estrechos vínculos con empresas como ExxonMobil.

2. Cuerpos de seguridad y derechos humanos

Otros datos reveladores de “La verdad de Venezuela contra la infamia” son las actuaciones en materia de protección de derechos humanos encabezadas por el Ministerio Público (MP) de cara a la acción de los cuerpos de seguridad. Una de sus tareas es garantizar el cumplimiento de las acciones vinculadas a la protección de tales derechos mediante la coordinación y supervisión de las actuaciones desempeñadas por sus fiscales a través de la Dirección de Protección de Derechos Humanos.

Mediante las investigaciones realizadas en casos donde se presume la vulneración de los derechos humanos, entre agosto de 2017 y agosto de 2020 se dictaron 9 mil 214 actos conclusivos y se solicitaron 74 desestimaciones. Fueron imputados 603 funcionarios de seguridad del Estado señalados como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos y 35 civiles implicados como colaboradores en estos hechos.

Las policías estadales del país fueron los organismos con mayor número de funcionarios imputados con 146, mientras que en segundo lugar se sitúa el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con 144 agentes imputados.

Cuatrocientos cincuenta y dos (452) funcionarios de distintos organismos y 24 particulares fueron aprehendidos por ser presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos. 117 pertenecen a policías estadales y 114 al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Novecientos cuarenta (940) funcionarios y 129 civiles han sido acusados, 237 de ellos son funcionarios de las policías estadales, a través de la presentación de 382 acusaciones interpuestas por los Fiscales especializados en la materia, asociadas a los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, tratos inhumanos y/o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, y demás delitos.

También fueron condenados 127 funcionarios de seguridad del Estado y 13 civiles, 36 del CPNB y 26 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Destacan las sentencias a 28 años de prisión dictadas en el estado Lara contra 3 funcionarios adscritos al CPNB por los delitos de trato cruel y violación; o las condenas a más de 22 años de prisión impuestas a 2 efectivos del Ejército Bolivariano, que admitieron su responsabilidad en el caso conocido como la “Masacre de Barlovento”.

Se han hecho 4 mil 489 investigaciones relacionadas con los distintos tipos penales por vulneración de derechos humanos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

3. Las políticas hacia los presos

Algunas ONG han encontrado un flanco de ataque en el estado de las cárceles y ello ha sido reflejado por la Misión “Independiente” haciendo alusión a la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes como un patrón de la institucionalidad venezolana.

A partir de las escaladas violentas organizadas por el antichavismo fueron detenidas varias personas vinculadas a la promoción de la violencia como ejercicio de la política, han sido llamados “presos políticos” por parte de la prensa globalizada y los partidos del antichavismo mientras es evidente su implicación en acciones armadas.

Como avance en el Proceso de Diálogo Nacional, 110 políticos y activistas del antichavismo presos fueron indultados por el presidente Nicolás Maduro “en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de paz”, esto incluyó a políticos que se encuentran fuera de Venezuela pero con procesos judiciales abiertos dentro del país y los diputados suplentes (sin inmunidad parlamentaria) Gilber Caro y Renzo Prieto.

La Misión de abogados nombrados por el Grupo de Lima, sin embargo, no logró reconocer los avances o necesidades en política penitenciaria que pudiera tener Venezuela. En ese sentido el informe “La verdad de Venezuela contra la infamia” reporta que el MP realiza visitas e inspecciones a los internados judiciales, centros penitenciarios, centros de detención preventiva, centros de tratamiento comunitario y centros hospitalarios en los cuales se encuentre el privado de libertad.

Se destaca que “los fiscales con competencia en materia de Ejecución de la Sentencia velan por el respeto a los derechos humanos y constitucionales del privado de libertad sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, indistintamente de la situación jurídica que presente, ya sea penado o procesado”.

Existe a nivel nacional el “Plan de Agilización de causas al Privado de Libertad” que busca garantizar el debido proceso y brindar celeridad procesal en los asuntos jurisdiccionales que se siguen a la población de detenidos. En dicho plan confluyen varias instituciones de diversos poderes públicos como Tribunal Supremo de Justicia, la Defensa Pública y el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios.

Se realizan jornadas de atención médica, odontológica y de vacunación en los distintos Centros de Detención Preventivos promoviendo el Derecho a la Salud, también se tramita la obtención de cédulas de identidad para evitar retardo procesal.

Entre agosto de 2017 y julio de 2020 el MP realizó 84 mil 16 actuaciones ante los órganos jurisdiccionales y seguimiento de medidas impuestas a través de sentencia firme, 39 mil 676 revisiones de expedientes en juzgados de control juicio, ejecución y corte de apelaciones, 29 mil 184 escritos consignados ante el órgano jurisdiccional, 8 mil 61 audiencias orales asistidas y 3 mil 808 celebradas, 1 mil 751 observaciones al cómputo, 631 solicitudes de revocatoria de suspensión condicional de la ejecución de la pena, entre otras diligencias.

Se realizaron 411 jornadas denominadas “Plan de Solidaridad Integral al Privado de Libertad” a nivel nacional para impulsar la realización de audiencias a los privados de libertad en 354 centros de detención preventiva, 28 mil 399 privados de libertad fueron atendidos. Es destacable que la cantidad de actividades y sus resultados específicos aumentaron entre 2018 y 2019.

Asimismo se desarrollaron “Jornadas de Asistencia Integral al Privado de Libertad” para garantizar y promover el derecho a la salud de la población privada de libertad. En 1 mil 728 jornadas se asistieron a 1 mil 515 centros de detención preventiva y una población de 88 mil 40 privados de libertad.

¿Datos o conjeturas?

La información oficial basada en datos, no en conjeturas, determina la socialización de los derechos que garantiza la Constitución Bolivariana y el marco legal construido en Venezuela los últimos 20 años.

Los aliados de Estados Unidos siguen escalando en sus acciones de guerra multiforme, esta vez en el sistema multilateral politizando los derechos humanos y poniendo sus medios, redes sociales, operadores políticos y narrativas globalizadas por delante de los logros de muchos venezolanos.

Venezuela sí tiene argumentos: un sistema de protección social fuerte en la defensa del acceso a niveles de vida alejados de la exclusión neoliberal. Es por algo que el centro de ataque del bloqueo impuesto por Estados Unidos radica en el bienestar colectivo.