Purdue Pharma, la compañía que fabrica OxyContin, el poderoso analgésico recetado que, según los expertos, ayudó a desencadenar una epidemia de opioides, se declarará culpable de tres cargos penales federales como parte de un acuerdo de más de 8 mil millones de dólares.

La compañía se declarará culpable de una información criminal que se presentó el miércoles en un tribunal federal de Nueva Jersey por tres cargos, incluida la conspiración para defraudar a los Estados Unidos y la violación de las leyes federales contra el soborno.

El acuerdo no libera a ninguno de los ejecutivos o propietarios de la empresa, miembros de la acaudalada familia Sackler, de responsabilidad penal. Se está llevando a cabo una investigación criminal.

El acuerdo será la exhibición de más alto perfil hasta ahora del gobierno federal de Estados Unidos que busca responsabilizar a un importante fabricante de medicamentos por una adicción a los opioides y una crisis de sobredosis relacionada con más de 470 mil muertes en el país desde el año 2000.

Se produce menos de dos semanas antes de una elección presidencial en la que la epidemia de opioides ha pasado a un segundo plano político frente a la pandemia del coronavirus y otros problemas. Pero el acuerdo le da a la administración de Donald Trump un ejemplo de acción sobre la crisis de adicción, que prometió al principio de su mandato.

Como parte de la resolución, Purdue admitirá que impidió a la Administración de Control de Drogas (DEA) al representar falsamente que había mantenido un programa efectivo para evitar el desvío de drogas y al reportar información engañosa a la agencia para aumentar las cuotas de fabricación de la compañía.

Purdue hará un pago directo al gobierno de 225 millones de dólares, que es parte de un decomiso criminal de 2 mil millones de dólares. Además de esa confiscación, Purdue también enfrenta una multa penal de 3 mil 540 millones de dólares, aunque ese dinero probablemente no se recaudará en su totalidad porque pasará por una quiebra, que incluye una gran cantidad de otros acreedores.

Purdue también aceptará 2.8 mil millones de dólares en daños para resolver su responsabilidad civil.

No es la primera vez que Purdue admite haber cometido un delito: la empresa y tres ejecutivos se declararon culpables de cargos penales federales en 2007 y pagaron más de 630 millones de dólares en un acuerdo. Pero después de eso, la crisis de adicciones de la nación solo se profundizó.

Con información de The Guardian.